El Senado acaba de aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España. Activistas y organizaciones como la Plataforma en defensa de la libertad de información advierten de que es una ley desproporcionada y una amenaza para la privacidad de todos los usuarios de Internet. Revisamos la ley y hablamos con ellos.
El artículo 588 septies a de la nueva ley permite a los jueces autorizar la utilización de contraseñas y la instalación de software de vigilancia (es decir, troyanos) en un ordenador o teléfono móvil sin que el titular tenga conocimiento de que están siendo examinados.
En el artículo 588 quinquies b también se considera la instalación de “dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización”, como un GPS, durante un máximo de 24 horas. También se amplía la intercepción de comunicaciones y, si la investigación lo requiere, se podrán interceptar los mensajes de WhatsApp o similar.
Por último, en el artículo 588 septies c se advierte a los testigos que no faciliten “la información que resulte necesaria”, como contraseñas o claves de cifrado, que podrían enfrentarse a un delito de desobediencia. Esta medida también afecta a los propios proveedores de Internet:
Las medidas tienen sentido para delitos graves, pero la ley enumera los siguientes supuestos:
- Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales
- Delitos de terrorismo
- Delitos contra menores
- Delitos contra la Constitución o de traición
- Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos
¿Y cuál es el problema?
El problema es que este último supuesto es tan genérico que podría abarcar cualquier delito cometido desde un ordenador o un teléfono móvil. Cualquier delito de Internet, sin importar el nivel de gravedad, va a permitir una investigación exhaustiva y medidas de vigilancia extremas e invasivas para la privacidad como es la instalación de un troyano.
En otras palabras, a partir de ahora será perfectamente legal montar un operativo de vigilancia del calibre que acabamos de ver para perseguir delitos como injurias y calumnias a través de las redes sociales, filtración de documentos o revelación de secretos y delitos contra la propiedad intelectual(véase páginas de descargas).
Básicamente es una puerta abierta, con alfombrilla incluida, para que el gobierno meta las narices donde quiera amparado por un delito, grave o no.
“Genérica y desproporcionada”
Lo que denuncian grupos como la PDLI es precisamente que una ley tan genérica pueda dar pie a medidas desproporcionadas. Hemos preguntado sobre esto a Carlos Sánchez Almeida, director de la PDLI y activista en redes sociales a través de @bufetalmeida:
“Es una desproporción brutal. No puedes poner el terrorismo, los delitos contra menores y el narcotráfico al mismo nivel que cualquier delito informático. Imagínate un delito de injurias por Internet: por el hecho de cometerse a través de Internet, un delito de injurias va a permitir la instalación de un troyano en un ordenador, esto es una auténtica barbaridad. Unas injurias en el mundo real no darían lugar a la instalación de un dispositivo de vigilancia como éste. Son medidas tan invasivas de la privacidad que deberían limitarse solamente a los casos de delitos más graves” nos explica Carlos, al teléfono desde su bufete
Agentes infiltrados en las redes P2P
Otro de los añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el apartado 7 del artículo 282 bis, permitirá a la policía actuar con agentes infiltrados en las redes p2p intercambiando archivos ilícitos para analizar su contenido. Los agentes encubiertos también podrán grabar imágenes y conversaciones con el investigado. “Esta falta de privacidad se aleja del derecho penal moderno” asegura el abogado Carlos Sánchez Almeida.
De nuevo, lo que consigue esta reforma es abrir una puerta al gobierno para incitar al delito y salir impune por ello. El Estado se está otorgando un poder que puede ser desproporcionado.
De la #LeyMordaza a la #LeyTorquemada
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal llega después de la aprobación de la Ley Mordaza, que fue criticada incluso por la ONU. La PDLI denuncia que con esta reforma, aprobada hoy por el Senado al rechazar las propuestas de veto, el gobierno «cierra el círculo de la criminalización de Internet». La plataforma compara la ley con la Inquisición y la apoda “Ley Torquemada”:
“La ley retrotrae al tiempo de la Inquisición. La reforma permite que no se puedan difundir fotos de los detenidos, es una medida de censura y apropiación indebida del derecho a la información. También establece la posibilidad de incomunicación del acusado, que no sabrá de qué le están acusando. Así eran los famosos procesos secretos de la Inquisición. Pero el primer derecho de todo detenido es saber de qué se le acusa”
¿Podemos consentir que un delito cualquiera, por el mero hecho de cometerse a través de Internet, dé opción a este tipo de medidas de vigilancia invasivas para la privacidad? La desproporcionalidad de la nueva Ley de Enjuciamiento Criminal afecta a todos los usuarios de Internet en España y por eso abrimos el debate. ¿El fin siempre justifica los medios?
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