MADRID.- Los trece presos saharauis que iniciaron una huelga de hambre el pasado 1 de marzo han decidido poner fin a su protesta. Los trece denunciaban que su encarcelamiento en prisiones marroquíes se debe a motivos políticos, ya que fueron condenados por los disturbios durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, en 2010.

«Necesitamos preservar nuestra energía en momentos como estos. Hemos suspendido la huelga pero no el combate, que no es el nuestro, sino el de todos«, señala el preso saharaui Naama Asfari en una carta abierta fechada el viernes y publicada este sábado por la agencia de noticias saharaui SPS. «Queremos aprovechar esta suspensión de la huelga para decir alto y fuerte que no habrá suspensión de la lucha por la libertad de nuestro pueblo, de todos los pueblos», añade.

«Debemos todos: presos, militantes del territorio ocupado, militantes saharauis en el exilio (principalmente en Europa), nuestros amigos en el mundo; todos juntos debemos aprovechar el momento para hacer más presión sobre el ocupante pero también sobre sus cómplices: los dos gobiernos imperialistas y neocolonialistas de Francia y España«, subraya.

Asfari ha denunciado además la expulsión por decisión de las autoridades marroquíes de varios abogados europeos, incluidos cinco españoles que pretendían denunciar la situación de estos presos en huelga de hambre. Los ocho expulsados (cinco españoles, dos franceses y un belga) eran representantes del Colectivo internacional de abogados en apoyo a los detenidos de Gdeim Izik.

«Los abogados europeos que fueron expulsados de Marruecos son nuestros abogados, son embajadores de sus pueblos, pero también sus representantes legítimos como nosotros somos hoy representantes de nuestro pueblo», indica, firmada desde la prisión de Salé, en Rabat.

La delegación internacional de abogados viajó al reino alauí con la intención de apoyar al grupo de saharauis en huelga de hambre. España ha pedido ya a Rabat explicaciones por la expulsión de los españoles, acusados de «crear problemas y vulnerar el orden público», según las autoridades de la wilaya (provincia) de Rabat-Salé-Kénitra.

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