La canciller alemana, Angela Merkel, dio luz verde a la petición del presidente de Turquía, Recep Tayipp Erdogan, de abrir proceso contra el humorista Jan Böhmermann, por difundir un poema presuntamente injurioso contra el líder turco.
Merkel adoptó esta decisión, que según reconoció ha provocado «diferencias» en el seno de su gran coalición, amparándose en el artículo 103 del Código Penal, que tipifica como delito las injurias a los representantes de un Estado extranjero y contempla penas de hasta cinco años de cárcel.
La canciller aludió a los preceptos de la libertad de prensa y opinión como principios fundamentales de la democracia, por un lado, así como a los lazos de amistad y cooperación que unen a Alemania y Turquía, por el otro.
La líder alemana expresó su consideración de que tal artículo del Código Penal es anacrónico, coincidiendo con las valoraciones manifestadas por múltiples juristas estos días, por lo que su Gobierno impulsará un proyecto de ley para su derogación dentro de la actual legislatura, según destacó.
La derogación puede implicar que el proceso se interrumpa antes de llegar a un juicio puesto que, según ha explicado el Ministerio de Justicia, en casos semejantes siempre se debe aplicar la norma más favorable para el acusado.
Böhmermann recitó a finales de marzo un poema en un programa satírico de la televisión pública en el que calificaba a Erdogan, entre otras cosas, de «follacabras», en medio de la discusión generada por la protesta oficial de Ankara contra una parodia anterior también en un medio alemán.
El humorista, que reconocía su poema como injurioso, acusaba a Erdogan de practicar la zoofilia, golpear a menores o maltratar a discapacitados.
Sin embargo, antes de recitar el poema Böhmermann había explicado que lo que quería era mostrarle a Erdogan la diferencia entre las cosas que se pueden decir y no se pueden decir en Alemania.
Algunos juristas señalan que al estar enmarcado en el contexto de la sátira el poema está protegido por la libertad de arte, consagrada por el artículo quinto de la Constitución alemana.
La situación ha puesto en un grave dilema a Merkel, quien ha convertido al líder turco en un aliado imprescindible en la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria.
La canciller se situó desde el principio entre los impulsores del acuerdo entre Ankara y la Unión Europea (UE) para las deportaciones de peticionarios de asilo a Turquía, hasta el punto de que se ha dicho que tal pacto llevaba el sello de Berlín.
Merkel encontró en ese mecanismo una fórmula de compromiso, tras meses bajo fuertes tensiones en su Gobierno por la llegada incesante de refugiados a Alemania, que en 2015 recibió a 1,1 millones de peticionarios de asilo.
La canciller tiene previsto viajar la próxima semana a Turquía, junto con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, donde visitará un campamento de refugiados. EFE
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