El Parlamento griego volvió a ceder ante el chantaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) y aprobó un nuevo paquete de medidas que atentan contra los intereses de la clase trabajadora.
Estos nuevos recortes sociales incluyen, por ejemplo, la eliminación gradual de la ayuda mensual para los jubilados con pensiones bajas (Ekas), que forma parte de la reforma de las jubilaciones aprobada a inicios de mayo y que prevé su desaparición completa en 2020.
Otra de las medidas reduce el plazo del Gobierno para vender el 20 por ciento del capital de la compañía estatal distribuidora de electricidad ADMIE de cinco a cuatro meses. Si esta no concluye antes de final de septiembre, Grecia deberá aceptar su privatización completa.
De esta manera, el Gobierno de Alexis Tsipras vuelve a alinearse con los intereses de los prestamistas. Las recetas neoliberales han dejado al país en una grave situación de recesión. El país se contrajo un 1,9 por ciento entre octubre y diciembre de 2015, según la agencia estadística comunitaria, Eurostat.
En los últimos ocho años, el desempleo en Grecia se ha disparado hasta el 26,5 por ciento, siendo la cifra más alta de toda la Unión Europea. El paro juvenil aumenta hasta el 50 por ciento.
Se reaviva nuevamente el debate si Grecia debería permanecer o no en el euro. Economistas sugieren que la opción más favorable para el país sería precisamente su salida. De seguir dentro le espera únicamente la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.
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