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La Junta de Andalucía se gastó más de seis millones de euros en cesantías para sus ex altos cargos durante la primera década de vigencia de estas polémicas indemnizaciones, creadas en tiempos de bonanza económica —año 2005— para los políticos que se ven abocados a abandonar el despacho oficial y a los que se les mantiene el sueldo íntegro por un periodo de hasta un año para garantizarles el «aterrizaje tranquilo» en el mundo laboral, un privilegiado sistema de protección que no perdió vigencia incluso en los peores años de la crisis económica.

En concreto, el desembolso total en cesantías hasta 2015 de la Administración autonómica ascendió hasta los 6.166.564,12 euros, según ha detallado a través del portal de transparencia de la Junta la Consejería de Hacienda y Administración Pública que encabeza la socialista María Jesús Montero. Y la suma sigue, porque aún hay exaltos cargos autonómicos cobrando su indemnización mensualmente tras más de un año fuera de la política institucional.

Los años en los que se dispara el coste en cesantías coinciden lógicamente con los de celebración de elecciones autonómicas. Aun cuando el PSOE gobierna ininterrumpidamente en Andalucía desde los albores de la autonomía, cada remodelación de la Administración regional suele irse hasta el millón de euros en indemnizaciones para los excargos políticos que, ya sea por iniciativa propia o por pérdida de confianza de sus superiores, son relevados y dejan de pisar repentinamente la alfombra roja.

2008 fue el año donde más se gastó la Junta en cesantías. Tras la última victoria por mayoría absoluta de los socialistas andaluces (con el expresidente de la Junta Manuel Chaves aún de candidato), el techo se elevó hasta 1.252.033,86 euros. En 2012, cuando el PP de Javier Arenas ganó pero defraudó a los sondeos y el PSOE de José Antonio Griñán pudo salvar los muebles con su «pacto de perdedores» con la Izquierda Unida de Diego Valderas, la Administración andaluza desembolsó 969.981 euros en sus ex altos cargos. Y el año pasado, a consecuencia del adelanto electoral ordenado por Susana Díaz, se abonaron 984.754,84 euros en cesantías.

Más de medio millón anual

Con estos picos electorales, el promedio anual que sale es de medio millón largo de euros (560.596,72) en indemnizaciones reconocidas a expresidentes, exvicepresidentes, exconsejeros, exviceconsejeros, exdirectores generales y exdelegados del Gobierno de la Junta en las ocho provincias desde el año 2005. Antes no existían a nivel autonómico este tipo de ayudas que se aprobaron dentro del paquete legislativo del «impulso democrático» que, a cambio de las cesantías, supuestamente endureció el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Junta que ahora se ha comprometido Susana Díaz a fortalecer durante la presente legislatura con el respaldo de Ciudadanos.

El total de beneficiarios entre 2005 y 2015 asciende a 273 ex responsables autonómicos, según ha detallado la titular de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta, Lidia Sánchez Milán. Si se suman los agraciados con cesantías año a año, el dato resultante –332– llamará a engaño, aunque el equívoco lo resuelve la propia secretaria general en su respuesta por escrito: «La suma del número de perceptores por año natural no coincide con el número total de personas perceptoras, dado que varias personas han percibido la indemnización entre dos años naturales apareciendo como perceptores en cada uno de éstos. Por ejemplo, si una persona tiene derecho a percibir ocho meses de indemnización y la percepción comienza en septiembre del año 2014, ésta finalizaría en abril del 2015, siendo esta persona computada como perceptora en los dos años naturales indicados, mientras que sólo computará una vez en el número total».

El coste analizado es exclusivamente el del gran aparato político del Ejecutivo andaluz. En este punto hay que recorcar que el Parlamento autonómico también reconoce cesantías a los exdiputados, con un desembolso igualmente elevado para las arcas autonómicas. Sin ir más lejos, el último cambio de legislatura por el adelanto de las urnas ordenado por Susana Díaz ha supuesto un gasto total de 759.246,91 euros en indemnizaciones a exparlamentarios andaluces. Lo previsto era que se llegara a superar el millón de euros, pero buena parte de los 64 perceptores acabaron recolocados en despachos de la Junta y en otras cámaras legislativas nacionales, decayendo en ese mismo momento el derecho a la prestación.

La práctica habitual es que sus señorías agoten las cesantías antes de volver a trabajar, incluso en el caso de funcionarios con plaza fija que podrían incorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente de abandonar su escaño en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Es el escándalo de las «vacaciones pagadas», que en la pasada legislatura —y tras conocerse el caso del presidente del Puerto de Cádiz, el socialista José Luis Blanco, maestro que estuvo cobrando cerca de un año casi 4.000 euros al mes en cesantías para acabar recolocado al frente de la Autoridad Portuaria gaditana por el Consejo de Gobierno andaluz— provocó que el bipartito de PSOE e IU abogara por abrir un debate sobre los límites de estas indemnizaciones, debate que se cerró en falso manteniendo el modelo intacto.

Muy pocos renuncian a cobrarlas, pero ha habido casos, como el de la antigua consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, o el del exdirector general de Administración Local y líder regional de IU, Antonio Maíllo.

Conviene recordar que las cesantías son el derecho reconocido desde 2005 a los ex altos cargos de la Junta y exdiputados del Parlamento andaluz a recibir una mensualidad de las retribuciones del puesto por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres y un máximo de 12 pagas. A los expresidentes, exvicepresidentes y exconsejeros de la Junta les resulta de aplicación la normativa estatal, por la que pueden seguir cobrando hasta dos años el 80% del sueldo de su antiguo cargo como de hecho lo siguen haciendo Diego Valderas y Rafael Rodríguez, exvicepresidente y exconsejero de Turismo, Comercio e Industria de IU a los que la Junta debe mantener a sueldo hasta enero de 2017.