El día 10 de julio de 1976 en una callejuela de Roma Concutelli mató al juez Vittorio Occorsio. Lo hizo con un subfusil, tipo metralleta, fabricado en los EEUU, enviado en un estoc dirigido al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno de Madrid, de donde alguien lo entregó al neofascista Concutelli, que se lo llevó a Roma. Vivía cerca de Piazza Venezia y allí encontraron, años después, el subfusil. Era un modelo M-19, de 9 milímetros Parabellum y llevaba la matrícula 2-2-000981.

Varios magistrados italianos, entre ellos Pier Luigi Vigna y Felice Casson, han intentado durante años, saber cómo el arma pudo pasar de una institución gubernativa española al neofascista italiano. Pero no han conseguido nunca nada de definitivo, porque desde Madrid nunca ha habido una colaboración clara sobre el asunto. En 1983 y con los socialistas en el gobierno, se intentó reconstruir la pista del arma, pero los funcionarios puestos en el menester fueron separados bruscamente del caso. Y no por el gobierno, sino por sus superiores jerárquicos. Así sucedió cada vez que alguien intentó seguir aquella pista.

Un año después de la muerte del juez Occorsio, se produjo el atentado de Atocha. Cinco abogados laboralistas fueron asesinados en su despacho de Madrid. Los partidos políticos no eran todavía legales, los franquistas intentaban continuar el régimen, la patronal negociaba bajo mesa desde hacía años con los sindicatos todavía ilegales. Nada era seguro todavía sobre la transición y el atentado la hizo peligrar aún más. Sin embargo, no se hizo un peritaje sobre las armas que aquel día disparon en Atocha, sino sólo sobre las balas usadas. Según los supervivientes, una de las armas disparaba tipo ráfagas. Las actas afirman que las balas eran del 9 Parabellum. Como las de un subfusil Ingram.

Cuando Franco murió, en España vivían más de 15 terroristas de la ultraderecha italiana. Habían llegado ayudados por personal de los servicios secretos de su país, con pasaportes auténticos y nombres cambiados. Cuando el dictador murió, fueron expulsados o huyeron. Hay indicios y en algunos casos algo más, de que los servicios secretos franquistas les usaban para realizar trabajos sucios en España. Como la masacre de Montejurra (1976), la desaparición del líder etarra Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur (1976) Atocha (1977) y otros.

Concutelli, que ahora tiene 67 años, acaba de salir de prisión para probablemente terminar sus días en una casita frente a la playa cercana a Roma, donde un amigo de afecto y de ideas se lo ha llevado. De los otros, algunos han muerto, o siguen con vida, implicados en asuntos turbios o todavía protegidos por sus ya ancianos mentores, pero tan poderosos aún como para impedir que unos jueces aclaren quien entregó un arma del

gobierno español a un fascista italiano que con ella mató a un juez de Roma.

Para entenderlo tal vez habría que recurrir a la historia todavía más antigua, como las estructuras secretas que se organizaron al final de la II Guerra Mundial para defender en Europa a la derecha política, impedir la expansión del comunismo y mantener a raya a los que se opusieran o investigasen demasiado. Algo se ha descubierto y está en libros escritos por periodistas, historiadores y políticos. Pero no todo aún.

Quede aquí, como constancia de que las democracias no consisten ni se resuelven sólo con el voto de los electores.