La operación policial montada el pasado miércoles a raíz de una protesta relativamente pequeña y tranquila en contra de los recortes en educación en el Reino Unido es una muestra de que la elite gobernante no está dispuesta a tolerar de ninguna manera una oposición política y social.

Si se aceptan las estimaciones de la policía, unos 4000 manifestantes, se desplegaron 4000 agentes, muchos de ellos con equipo antidisturbios completo, lo que representa una relación uno a uno entre manifestantes y policías. Si se acepta la cifra de 8000 manifestantes, todavía la relación es de un policía por cada dos manifestantes.

El nuevo jefe de Scotland Yard, Bernard Hogan-Howe, describió la acción de la policía como una prueba de lo que denominó como “marco policial total”. Londres apreció con las principales vías y calles por donde discurría la marcha bloqueadas por filas de policías, furgonetas antidisturbios, agentes que montaron barricadas de gran altura.

Los manifestantes se reunieron en las estaciones de tren y de autobuses, en el metro, y se les entregó un folleto de 11 páginas que llevaba el título en letras mayúsculas de “MARCO POLICÍA TOTAL”, tanto por delante como por detrás. Se advertía en él que se podía aplicar a los manifestantes el Código Penal y artículo 60 de la Ley de Orden Público de 1994 para obligar a retirar las máscaras que ocultasen el rostro.

TOTAL POLICING

La marcha fue obstaculizada por filas de policía situados delante, detrás y a ambos lados de la ruta de cinco kilómetros. Helicópteros sobrevolaban la zona, tomando vídeos de los participantes.

En una nueva provocación, la marcha era detenida cada diez metros, lo que implicó que se tardasen tres horas en recorrer los cinco kilómetros. Esto permitía a la policía controlar más a la multitud en ciertos puntos, empujando y golpeando a la gente.

Ese día se había emitido un comunicado en el que se decía que la manifestación no podía durar más de una hora y la zona tenía que estar despejada en un máximo de dos horas. En un intento de los manifestantes por acampar en Trafalgar Square, en solidaridad con los ocupante de la Catedral de San Pablo, fueron rápidamente disueltos por la policía y llevados a rastras los que se resistían.

En un esfuerzo de un grupo de electricistas que protestaban por la reducción de su salario en un 35% para unirse a la protestas estudiantes, se encontraron igualmente con la violencia policial. Los electricistas fueron totalmente rodeados. Cuando intentaron romper el cordón policial, la policía actuó de forma contundente con porras y obligó a los trabajadores a echarse al suelo. La policía llevaba, al parecer, granadas para aturdir, y tomaron los nombres y la dirección de los manifestantes, en aplicación del artículo 60 de la Ley de Orden Público.

Antes de iniciarse la protesta, el comandante de servicio, Simon Pountain, en una rueda de prensa dijo que no estaba planeado el uso de cañones de agua, pero sí de balas de plástico, que habían sido autorizadas por primera vez en Inglaterra.

Más de 450 cartas fueron enviadas a muchas personas, amenazándoles que si reincidían en delitos de orden público podían ser detenidos y llevados a juicio lo antes posible. Muchas de estas cartas las recibieron personas que no tenían antecedentes penales, lo que indica que existe una base de datos de la Policía en la que se anotan a aquellos cuyo único delito es el de haber participado en una protesta anterior.

En un artículo reproducido posteriormente en Police Oracle, el corresponsal de The Guardian dice alegremente que la autorización de uso de balas de plástico y el envío de cartas de amenaza no es nada nuevo, “lo que es nuevo es que Pountain haga esto público”.

Las autorización para el uso de balas de plástico se dio a raíz de los disturbios del verano en varias ciudades de Gran Bretaña, y “tal vez también fue autorizado su uso durante la manifestación estudiantil contra los recortes de hace un año”.

La policía también ha recibido competencias adicionales, señaló la Secretaria de Interior, Theresa May: “la policía va a ser capaz de desalojar una zona determinada de personas durante una manifestación, algo que no era posible desde que el Riot Act fue eliminado en 1973”.

En la protesta del pasado octubre, más de 150 estudiantes fueron arrestados, durante y después de la manifestación. En los disturbios de este verano por el asesinato de un policía a un hombre desarmado, se produjeron más de 4000 detenciones y hubo más de 2000 procesamientos, con largos períodos de privación de libertad, a veces por cuestiones triviales.

Este panorama se repite a nivel internacional. Cuando los trabajadores y los jóvenes se movilizan para protestar por la imposición de unos recortes salvajes, se encuentran con un brutal represión.

En Grecia, por ejemplo, el pasado 20 de octubre durante una huelga general, intervinieron 15000 antidisturbios y la plaza Syntagma se llenó de gases lacrimógenos. En Estados Unidos, en las protestas frente a Wall Street, en parte como respuesta a la detención de 700 manifestantes el pasado 1 de octubre, casi un tercio de las manifestantes que ocupaban el Puente de Brooklyn. Desde entonces, se han producido cargas de la policía, se han lanzado gases lacrimógenos, siendo el número de personas detenidas más de 3000.

El recurso a medidas represivas lleva a una extrema polarización entre las clases.

En Gran Bretaña, la Riot Act fue redactada originalmente en 1714, y estaba recogido que los disturbios podían ser castigados con la pena de muerte. Más tarde fue reformada por una deportación de por vida, en 1837. Su uso más sonado fue durante la masacre de Peterloo, de 1819, en Manchester, cuando la carga de la caballería contra 80.000 manifestantes que exigían una reforma parlamentaria y la resolución de las abrumadores dificultades económicas, produjo la muerte de 15 personas y heridas a unas 700.

O en Glasgow, el Viernes Negro de 1919, cuando la policía antidisturbios fue lanzada contra los trabajadores que se manifestaban por la reducción de la jornada laboral. El Viernes Negro se produjo después de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, momento en que la burguesía de Gran Bretaña tenma una insurrección bolchevique. Pero lo cierto, es que la policía está adquiriendo poderes similares, bien en secreto o ya de forma pública, lo cual debe ser una advertencia para la clase obrera, tanto en Gran Bretaña, Europa y el resto del mundo.

Hoy en día, la oligarquía rica dicta todos los aspectos de la vida social en busca de un mayor enriquecimiento personal. En una situación de recesión económica, esto se traduce en recortes y austeridad para millones de personas, para las cuales no hay posibilidad de elección. Ante esto, los gobiernos burgueses adoptan las características medidas propias de un Estado policial, e incluso en Grecia existe la amenaza de un golpe militar.

La respuesta de los trabajadores y jóvenes debe ser la reconstrucción de un movimiento de masas socialista y la adopción de una perspectiva revolucionaria, con una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria, basada en la expropiación de los bienes de la oligarquía y la organización de la producción de modo que satisfaga los derechos sociales a la educación, la salud, vivienda y trabajo bien remunerado.

Chris Marsden

http://www.wsws.org/articles/2011/nov2011/pers-n12.shtml

http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2011/11/14/estado-policial-y-criminalizacion-de-la-disidencia/