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El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá ha salvado este fin de semana su primer escollo. Tras la firma de este domingo, lo más probable es que entre en vigor en diciembre, cuando se espera que el Parlamento Europeo lo apruebe en el último pleno del año. Pero sólo lo hará de forma parcial, porque aun tendrá que superar la ratificación de entre 30 y 40 parlamentos nacionales y regionales. El proceso no será fácil, a la vista del tropiezo en la región belga de Valonia y las dudas planteadas por el Tribunal Constitucional alemán.
Cuando en 2014 se terminó de negociar el CETA, no estaba previsto que los representantes nacionales dieran su visto bueno. Desde 2009 la Comisión Europea puede firmar tratados de libre comercio en nombre de los estados miembros, porque así se decidió en el Tratado de Lisboa. Pero en la cumbre que los líderes europeos celebraron en Bruselas cinco días después de la victoria del Brexit, exigieron que la ratificación del acuerdo con Canadá dependiera en último término de cada uno de sus parlamentos. Y el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, aceptó sus demandas una semana después, en el siguiente colegio de comisarios.
Las actas de esa reunión muestran que el vicepresidente Jyrki Katainen planteó las dificultades políticas que supondría para el CETA involucrar más estrechamente a los gobiernos, “al clima actual”, donde existe una opinión pública “particularmente antieuropea y contraria a los tratados de libre comercio”. Sin embargo, Katainen coincidió con la comisaria Cecilia Malmström en que ofrecer a los países la posibilidad de ratificar el acuerdo era la mejor forma para animarles a hacerlo cuanto antes y que el acuerdo entrara en vigor de forma provisional lo más rápidamente posible.
Bruselas defiende los efectos positivos que el CETA tendrá en el crecimiento y la creación de empleo y quiere que se empiece a aplicar cuanto antes para intentar recuperar la confianza de la opinión pública.
Pero el desafecto que los ciudadanos sienten cada vez más hacia la UE es difícil de frenar. A las críticas por la gestión de la crisis económica (que ha hecho aumentar las desigualdades) hay que añadir los reproches por la crisis migratoria. Existe el riego de que esta falta de legitimidad aumente tras el Brexit.
Cambio de postura en Valonia
Este contexto lo ha sabido leer muy bien el ministro presidente de la región belga de Valonia, el socialista Paul Magnette, que con una mezcla de convicción ideológica y batalla política interna ha logrado poner encima de la mesa el debate sobre el CETA y evidenciar la falta de transparencia con que se ha negociado el tratado.
También puede adjudicarse el tanto de haber obligado al Gobierno federal a preguntar a la justicia europea si los tribunales de arbitraje que prevé el acuerdo con Canadá respetan la legislación comunitaria. Ahora tendrá que ser capaz de explicar a su electorado el cambio de postura, por qué ha puesto fin al veto, tras su particular ‘no es no’.
Por su parte, los ecologistas belgas y otros grupos de izquierda tendrán que reflexionar sobre la falta de efectividad de su campaña, ya que a pesar de haber sido los principales partidos que se han opuesto al TTIP y al CETA, los socialistas les han ganado la batalla de la comunicación gracias a la resistencia de los valones.
Bélgica ha demostrado que si la UE continúa actuando de espaldas a los ciudadanos, el euroescepticismo seguirá aumentando. Pero durante estos días también ha surgido la pregunta de si una región de 3,5 millones de personas puede bloquear un acuerdo que afecta a 543 millones de ciudadanos en Europa y Canadá.
El economista de la Universidad de Harvard Dani Rodrik decía la semana pasada que Canadá «es uno de los socios comerciales más progresistas que uno desea tener y cuesta imaginar que los sueldos y los valores de los valones vayan a estar realmente amenazados». Pero recomendaba a la UE que si quiere salvar su política comercial tendrá que entender que la oposición al libre comercio no se debe sólo «al temor por pérdida de ingresos. Se trata de un sentimiento de pérdida de control y pérdida de credibilidad de las élites».