El Canon Digital con cargo a los presupuestos generales sigue acaparando derrotas y ya van unas cuentas. La última nos llega del Tribunal Supremo que acaba de tumbar el Canon Digital implantado en 2012 por el Partido Popular y que, a diferencia del anterior, cargaba la compensación a los usuarios por las copias de los particulares a los presupuestos generales del Estado.

El Canon Digital con cargo a los presupuestos generales ya había perdido una importante batalla cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró ilegal el pasado mes de junio. La justicia europea considera ilegal que la compensación a los titulares de derechos de autor por las supuestas copias privadas realizadas por los usuarios se financie con cargo a los presupuestos generales en lugar de con el propio dinero de los usuarios que realizan esas copias.

El tribunal se opuso a este sistema “en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas”. Es decir, no se puede garantizar que el dinero que se destina a este concepto provenga realmente de los usuarios que realizan las copias privadas y es una mala forma de articular esta compensación.

Ahora es el Supremo el que tumba el Canon Digital

El Tribunal Supremo ha rematado al herido de muerte con su última sentencia. Lo cierto es que las mayores interesadas en acabar con el nuevo Canon Digital eran las entidades gestoras de los derechos de autor. En los últimos años, han visto cómo sus ingresos por compensación han caído más de un 80% y desde el año 2012 (cuando fue aprobado) se limitan a los 5 millones de euros que están consignados en los presupuestos generales.

A diferencia del anterior canon que aplicaba un coste extra a aparatos de grabación y formatos físicos como los DVD o los CD, este modelo fijaba un total en los presupuestos. Con el anterior canon, los ingresos llegaron a 115 millones de euros en 2011. Viendo estas cifras, se entiende el interés de la SGAE y demás en acabar con esta forma de actuar.

Ahora, será el nuevo Gobierno el que tenga que retomar esta cuestión y plantear una forma de compensación a los autores por copia privada. Sin embargo, existen diferentes modelos de realizarlo a lo largo de la Unión Europea y tendrán que andar con mucho ojo para no volver a incurrir en una ilegalidad ante Bruselas.