El Congreso paga en concepto de «indemnización» a los 214 diputados elegidos fuera de Madrid 1.000 euros más que a los 36 que fueron elegidos por esta circunscripción. La idea es que, con esta cantidad, sus beneficiarios cubran los gastos que les supone la estancia en la capital. De los datos consignados por los propios parlamentarios en las declaraciones de bienes y rentas de esta XII Legislatura se concluye que 40 diputados tienen derecho a percibir estos ingresos pese a disponer de casa en la capital. Por su finalidad, están libres de impuestos. Traducido a porcentaje, la cifra representa al 11,4% del total de parlamentarios.

Además de los 2.813,87 euros mensuales que los diputados perciben mensualmente, la llamada «asignación constitucional», sus señorías reciben, también en catorce pagas, una «indemnización» que tiene «una cuantía mensual de 1.823,86 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 euros para los electos por Madrid».

El hecho de que los diputados elegidos fuera de Madrid y con casa en Madrid tengan derecho a la parte alta de la horquillade este concepto lleva varias legislaturas siendo objeto de críticas.

Por grupos parlamentarios, en el momento de redactar estas líneas, es en el Partido Popular donde más concurría esta circunstancia. De los 134 diputados que integran el Grupo Parlamentario de la formación que lidera Mariano Rajoy, 26 de los que no concurrieron a las generales del 26 de junio en la lista por Madrid aseguran tener una vivienda en propiedad en la capital.

Siguen al Partido Popular, el PSOE con seis parlamentarios, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con seis también y Ciudadanos con dos.

Esta es la teoría. La práctica demuestra que no todos estos parlamentarios acaban beneficiándose de la cantidad que les pertenece. La casuística, pues, es variada.

Un mismo ingreso, varios fines

En el Partido Popular, el grupo en el que se da esta circunstancia de una forma más frecuente, no hay noticia de que los diputados afectados hayan renunciado en alguna legislatura a estos ingresos. Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso indicaron, a preguntas de infoLibre, que hasta mediados de noviembre no podrá conocerse si alguno de esos 26 opta por no embolsarse parte de esa cantidad.

En este listado de 26 parlamentarios del PP hay nombres tan conocidos como los siguientes: los ministros María Dolores de Cospedal, Iñigo Méndez de Vigo, Fátima Báñez y Rafael Catalá; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando; la secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho; la exvicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos; los ex ministros José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díaz, y los vicesecretarios del PP Pablo Casadoy Fernando Martínez-Maíllo.

Completan la lista del PP los 14 parlamentarios siguientes:José Jaime Alonso Díaz-Guerra; Miguel Barrachina; José Antonio Bermúdez de Castro; María Jesús Bonilla; Arturo García-Tizón; José María Lassalle; José Ignacio Llorens; Guillermo Mariscal; José Alberto Martín-Toledano; Juan José Matarí; Sandra Moneo; Jaime Eduardo de Olano; Miguel Ángel Paniagua y Pilar Rojo.

En el Partido Socialista son seis los diputados que cumplen estos requisitos, según sus propias declaraciones de bienes y rentas. Fuentes de este grupo precisan que «no hay indicaciones internas sobre las percepciones económicas que reciben los diputados y diputadas a través del Congreso».

El listado completo de los seis es el siguiente: Ciprià Císcar, Juan Luis Gordo, Antonio Hurtado, Pedro José Muñoz, María Soledad Pérez y José Andrés Torres Mora.

«Esta indemnización que prevé el Régimen Económico de los Diputados es abonada directamente a los parlamentarios por la Cámara y el derecho a su percepción se genera en base a la circunscripción por la que resultó elegido el diputado o la diputada», añaden.

En el grupo de Podemos precisan que los parlamentarios Miguel Vila, Gloria Elizo y Juan Manuel del Olmo no acceden a esa ayuda. Esas cantidades van a parar al partido, precisan las citadas fuentes. En el caso de Manuel Moreneo, diputado por Córdoba, en su grupo parlamentario afirman que usa «parte» de esos 1.823,86 euros para pagarse un alquiler en su circunscripción de origen.

Según la declaración de bienes y rentas depositada en el registro del Congreso, este parlamentario, casado en régimen de separación de bienes, posee el 50% de un piso en Madrid, su «vivienda habitual», el 50% de un apartamento en Arenas de San Pedro (Ávila) y el 50% de un trasterio en la misma localidad abulense.

Por su parte, Juan López de Uralde (Equo), asegura a infoLibreque destina a su partido esa cantidad que le correspondería para pagarse los gastos de estancia en Madrid. Y Rosana Pastor, según Podemos, sólo se embolsa «una parte de esa cantidad». Al haber ido en las listas como independiente, a Pastor no le afecta el código ético que elaboró el partido de Pablo Iglesias cuando se estrenaron en la Cámara baja.

El citado código incluye la limitación de sueldo a tres salarios mínimos. También se establece «la obligación de limitar»la indemnización por gastos, «que se fija en un máximo de 850 euros para alojamientos para los parlamentarios que residan fuera de Madrid y manutención para las jornadas con actividad parlamentaria».

En todo caso, estas renuncias no suponen un reingreso a las arcas públicas.

En el caso de Ciudadanos, Irene Rivera ingresará íntegramente esa cantidad y Toni Cantó aún no ha decidido si donará parte del dinero, como hizo en la X Legislatura (2011-2015).

Antecedentes

En la X Legislatura (2011-2015), el Congreso de los Diputados realizó un ligero cambio en la redacción del apartado del régimen de retribuciones de los diputados que contempla estas ayudas. Donde figuraba que ese dinero tenía como finalidad cubrir «los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara», pasó a figurar «los gastos que les origine la actividad de la Cámara». Era un intento de sofocar algo la polémica pensando precisamente en esos parlamentarios que pueden percibir los más de 1.800 eurospese a tener posibilidad de alojamiento en Madrid.

La hemeroteca da cuenta de un par de intentos de revisión de este asunto. La iniciativa partió de Unión Progreso y Democracia, ahora fuerza extraparlamentaria. Fue en marzo de 2012. Rosa Díez, por entonces portavoz de la formación magenta, reclamó al presidente de la Cámara, por entonces el conservador Jesús Posada, un cambio en las normas de funcionamiento interno del Congreso para evitar que los diputados elegidos por otra circunscripción, pero que tuviesen casa en Madrid, ingresasen los más de 1.800 euros. Había que tener en cuenta que el actor Toni Cantó, ahora diputado por Ciudadanos, había renunciado a la cantidad que por ello le correspondía –fue elegido por Valencia– y decidió destinarla a una ONG.

Los parlamentarios sólo pueden renunciar a su sueldo, a la llamada asignación constitucional. A los complementos no pueden renunciar. Otra cosa es el destino que decidan dar a ese dinero.

Cantó consideraba que, al disponer de alojamiento en Madrid, ese dinero extra tenía que ir a parar a otros fines: «Renuncio al ADSL en casa, al plan privado de pensiones y a la parte del sueldo que me corresponde para gastos de hotel en Madrid», anunció en su perfil de Twitter.

Intentos frustrados de cambiar el régimen de retribuciones

Díez no tuvo éxito. Posada se mostró partidario de mantener esas dietas porque funcionaban «muy bien». Con él se alinearon diputados del PP como Rafael Hernando, ahora portavoz: «Si un señor tiene la suerte de que en su vida anterior, como artista, ha tenido una casa en Madrid o una gran fortuna, pues mire usted qué éxito, pero eso no le ha ocurrido a la mayoría de los parlamentarios». O del PSOE, como la por entonces portavoz en el Congreso Soraya Rodríguez. «Hay que decir no y parar este tipo de actuaciones que tienen más de populismo inaceptable que de cualquier otro objetivo», valoró la iniciativa de UPyD. Esto ocurría en el mes de marzo de 2012.

Meses después, en agosto, desmarcándose de las declaraciones de Rodríguez, Odón Elorza, diputado del PSOE por Guipuzkoa, calificaba de «injustificables» estas dietas en el caso del que estamos hablando. En su blog personal, el parlamentario sostenía que «la ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad». Por ello, se mostraba partidario de «introducir cambios» en el régimen de retribución de los diputados para poner fin a «una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española».

Recogida de firmas

En enero de 2013 este asunto llegó a los tribunales. La Asociación Democracia Real Ya (DRY) se querelló en el Supremo contra 63 diputados por cobrar dietas pese a vivir en Madrid.

En la querella se acusaba a los parlamentarios –se incluía a Rajoy por cobrar esta indemnización pese a vivir en Moncloa, de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal, que establece que la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, «incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años». DRY también consideraba que los diputados estaban incurriendo en un delito de «apropiación indebida».

Al igual que ocurrió con el intento de UPyD, esta iniciativa no tuvo recorrido. En un auto con fecha del 28 de febrero de 2013 fue desestimada. El juez estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de «ilícito penal». «Resulta perfectamente factible que un diputado, dado el régimen abierto de asignación de gastos que se le aplica, tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida en precario y no la use en sus estancias en esta capital», señalaba. «También puede darse una situación a la inversa, que tenga vivienda en Madrid y desempeñe la función de diputado en otra circunscripción en la que acabe invirtiendo el dinero de la indemnización para sus estancias allí», añadía el magistrado Alberto Jorge Barreiro. A este argumento recurren muchos de los afectados por esta situación.