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El veto autonómico parcial o total a las denominadas gasolineras fantasma o desatendidas (sin empleados) se extiende por España como una mancha de aceite pese a las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Castilla y León y País Vasco (en octubre) y Canarias (a principios de mes) han sido las últimas regiones en anunciar normativas para prohibir esta fórmula o restringirla, permitiendo sólo la ausencia de personal por las noches. Lo han hecho después de que en agosto el superregulador publicase un informe muy duro con las trabas de las Comunidades Autónomas a un modelo de negocio que, en opinión de Competencia, puede ser disruptivo para el mercado de distribución de carburantes y beneficiar a los consumidores.
La CNMC ha subrayado que en Europa las estaciones de servicio sin personal son “un formato habitual” en numerosos mercados que no ha originado “mayores riesgos para la seguridad del usuario y sí ha reportado beneficios” en forma
de caídas de precios. En Suecia, estas estaciones suponen el 60% del mercado; en Dinamarca, el 65%; en Bélgica se aproximan al 20% y en Holanda al 23%.
Pero en España (donde no llegan al 5%) el formato se ha encontrado con un frente común de sindicatos, empresas del sector y algunas asociaciones de consumidores, que advierten del riesgo sobre la seguridad, los derechos de los usuarios y el empleo. La presión ha dado resultado y el veto a las gasolineras sin empleados (si se tiene en cuenta a las regiones que prevén prohibirlas o restringirlas) alcanza al 87% del territorio nacional y al 77% de la población y del mercado, según estimaciones a partir de los datos del INE y las estadísticas de consumo de carburantes de automoción de Cores.
Siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Navarra) ya prohíben las estaciones de servicio sin empleados y otras siete (incluyendo a la Comunidad de Madrid) han anunciado que lo harán. De momento, sólo se libran del veto Cataluña, Galicia, La Rioja y Ceuta y Melilla.
Competencia no ha recurrido las normativas autonómicas que ya están en vigor aunque en algunos casos (cuando se trata de normas inferiores a leyes, como decretos) tiene la potestad de hacerlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional si considera que vulneran la unidad de mercado.
40.000 empleos en peligro
En España hay unas 10.000 estaciones de servicio que emplean a 60.000 personas. Manuel Lozano, de la Federación de Industria de UGT, subraya que 40.000 de esos empleos están en peligro por la proliferación de este formato, alentado por una ley estatal de 2013 (la de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo) que agilizó la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, ITV y polígonos industriales.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), constituida hace un año y que en su web dice agrupar en torno al 50% de este mercado, asegura que existen unas 300 gasolineras de este tipo en España, que suponen menos del 5% del total. A esta asociación pertenecen, entre otras, la enseña de origen francés Ballenoil, valenciana GasExpress o la catalana PetroPrix.
La patronal de las petroleras es la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que no se ha pronunciado sobre este asunto, quizás porque algunos de sus asociados han probado este formato como experiencia piloto.
La primera petrolera española, Repsol, opera dos gasolineras sin empleados en Cataluña, aunque su modelo de negocio es totalmente contrario (ahora sus estaciones de servicio permiten incluso recoger paquetes de Correos). Repsol tiene más de 3.500 estaciones de servicio en España, incluyendo las de sus abanderados (que pertenecen a terceros), que emplean a unas 20.000 personas.
En el lado empresarial, la voz cantante del rechazo la están llevando otras organizaciones, como la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES). Su presidente, Jorge de Benito, saludó el nombramiento del nuevo ministro Alberto Nadal con esta petición: “Estoy convencido de que el nuevo titular de Energía se comprometerá con el mantenimiento de la red española de estaciones de servicio, de la que dependen de manera directa más de 60.000 puestos de trabajo”.