España tiene un problema con su basura. Uno urgente, a juzgar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en una sentencia reciente ha condenado a España por albergar una treintena de vertederos ilegales distribuidos por todo el territorio nacional y que hace años que debían haber sido acondicionados o clausurados. Y uno de fondo, si pretende cumplir con los nuevos objetivos de la Comisión Europea en materia de reciclaje y vertidos.

El tema de la gestión de los residuos es un lastre para nuestro país. Bruselas lleva persiguiendo a España para que ponga al día sus vertederos desde 2009, fecha en que venció el plazo dado por la UE para adaptarse a la directiva 1999/31/CE, que regula los vertidos en los Estados miembros. Entonces, la Comisión Europea elaboró un primer dictamen alertando a las autoridades sobre la ilegalidad de 123 vertederos. España ha ido adaptando y cerrando buena parte de ellos a lo largo de este tiempo, pero 17 años después todavía hay muchos que siguen incumpliendo la normativa.

En un último intento por presionar a España, la Comisión denunció el asunto ante la Justicia europea, que ahora ha condenado a nuestro país por el estado en el que se encuentran 30 vertederos, la mayor parte de ellos en Andalucía (19), pero también en Aragón (5), Islas Canarias (3), País Vasco (2) y Murcia (1). La mayoría son vertederos de residuos inertes, es decir, de materiales de construcción y demolición, en los que están entrando otro tipo de residuos que no deberían llegar.

Aunque la Comisión Europea podría imponer a España una sanción millonaria, es poco probable que lo haga. Los colectivos ecologistas entienden que el fallo es más bien una forma de apremiar al país a solucionar cuanto antes este asunto, pero advierten de que existen muchos otros casos y no sólo los 30 que aparecen en la sentencia.

“La Comisión se basa en la información que le trasmite el propio Gobierno de España, pero en realidad hay muchos más casos. Tenemos evidencia de esto y la Comisión no lo conoce”, señala a Público Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción. En una investigación publicada en 2013, esta organización y Amigos de la Tierra denunciaron que los vertederos proporcionan cifras que no están contrastadas ni verificadas y reclamaron la necesidad de un organismo regulador. “Las autoridades lo dan todo por bueno y lo envían a Bruselas”.

En cualquier caso, el problema de la basura en España es mucho mayor. La Unión Europea se ha fijado como objetivo que los Estados miembros reciclen al menos el 50% de sus residuos en 2020 y el 65% en 2030. Asimismo, exige que para ese

año sólo se mande a los vertederos el 10% de la basura generada. Metas que nuestro país está muy lejos de alcanzar.

Mientras que en la media de los países de la Unión Europea un 31% de los residuos fueron a parar a vertederos, en España esa cifra se dispara hasta el 60%, según los últimos datos de Eurostat, publicados en 2013. A pesar de que otros países generan mucha más basura que nosotros (los alemanes produjeron 617 kilos por persona al año y los daneses 747, frente a los 449 de los españoles) su porcentaje de reciclado y aprovechamiento es significativamente superior. En Alemania, por ejemplo, donde ningún residuo va a parar al vertedero, se recicla aproximadamente el 47% de la basura. Otro 17% es aprovechada para compost (abono) y el resto se incinera. En España, el reciclaje sólo alcanza el 20%. Los ecologistas denuncian, además, que una buena parte de los residuos van directamente al vertedero sin pasar primero por una planta de tratamiento, lo que contradice todas las normativas.

“En la ciudad de Madrid aproximadamente el 40% de los residuos se tiran sin ser tratados primero. La situación es patética”, lamenta Arribas.

Sin embargo, las plantas de tratamiento tampoco están ayudando a solucionar el problema. El propio Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar) advierte de la baja eficiencia de estas instalaciones en España, debido, en gran medida, a que la mayor parte de los residuos que llegan están mezclados. El aprovechamiento para abonos y compost sólo puede obtenerse de residuos orgánicos recogidos selectivamente, es decir, que no contengan desechos de plásticos u otros materiales no orgánicos, algo que por el momento sólo funciona en Catalunya.

“Aquí no hay un mercado de compost de calidad. Si uno va a una tienda a comprarlo, verá que todos proceden de Alemania”, dice Arribas.

Según los datos de la propia Comisión Europea, actuar de manera correcta en la gestión de los residuos supondría para los países comunitarios un ahorro de 72.000 millones de euros, la creación de más de 400.000 puestos de trabajo y un aumento del negocio anual del sector de 42.000 millones de euros.