Joaquín Roy
– Solamente los multilingües avezados han captado una curiosidad de los planes con que el ahora neutralizado gobierno catalán amenazaba al español. Se anunciaba una Declaración Unilateral de Independencia. Se la aludía en deletreo como DUI. Los que manejan automóviles en Estados Unidos se sonreían y recordaban que ese acrónimo se traducía en angloamericano como “Driving Under the Influence”. O sea, la conducción temeraria bajo el impacto de exceso de ingestión de alcohol, o peor, de estupefacientes.
La pena en caso de detención policial es financieramente cuantiosa, incluyendo la suspensión de la licencia y dificultades para obtener renovación de seguro. En caso de resultar en accidente grave, el derivado puede llegar a la prisión. En cualquier caso, el gasto para borrar la infracción puede causar una erosión notable en los ingresos de una familia, ser causante de divorcios, expulsión de una escuela. En fin, un desastre.
La lamentable experiencia de la carrera hacia el proyecto de independencia ha sido causada por un anhelo de DUI, bajo la influencia de una fiebre digna de la mayor atención.
El problema es que la policía (el gobierno del Partido Popular, dirigido por el presidente Mariano Rajoy), que debiera haber patrullado las calles de España con cuidado desde hace tiempo, creyó que la fiebre de la conducción del Govern catalán se disiparía con el tiempo. En ausencia de medidas coercitivas, le recordó al conductor Carles Puigdemont el texto de la Constitución española de 1978.
Es más: Rajoy se dedicó a imponerle unas multas, con el solo efecto de animar al conductor a seguir adelante con más energía todavía. Reforzado por dosis de nacionalismo, bajo los aplausos de sus vecinos, Puigdemont vio cómo le recortaban sus privilegios de conductor (afeites al estatuto de autonomía). Le denegaban la importación de un automóvil de superior gama de Italia (mejor trato fiscal, a la altura del concierto vasco).
Puigdemont ya había tenido que recoger a un autoestopista (la CUP) que le podía pagar la gasolina que le faltaba para seguir su camino (calvario parlamentario de conseguir los votos necesarios para la investidura). Los anticapitalistas habían demostrado que no estaban por bromas: habían vetado el nombramiento del anterior president, Artur Mar, el delfín del mítico Jordi Pujol.
La coalición de Puigdemont con la histórica Esquerra Republicana insinuó la amenaza de la DUI como si se comportara a la manera de Corea del Norte con lanzamientos de misiles capaces de cargas con cabezas nucleares y ejecutar de manera efectiva la operación de independencia.
Los vecinos del centro y la derecha (la rama catalana del Partido Popular, la formación centrista de Ciudadanos), e incluso los socialistas, observaban con alarma las preparaciones de un lanzamiento de un proyectil de mayor alcance y potencia.
En el ambiente enrarecido por el simulacro de referéndum celebrado el 1 de octubre, el gobierno catalán y la mitad del parlamento aprobaron un par de chapuceras leyes que sirvieran de base al estilo de la NASA de Cabo Cañaveral para el lanzamiento de la temida DUI.
Ya con el conteo hacia atrás, Puigdemont apretó el botón a medias del botón nuclear, y quiso congelar el lanzamiento. Rajoy le conminó a que afirmará que no había pulsado el botón fatídico.
Escarmentado y criticado por sus propios aliados debido a la percepción generalizada de carencia de decisión y una excesiva delegación en vecinos y subalternos (tribunales, Guardia Civil), el presidente español, también bajo efecto de una DUI especial, propulsó su potente misil nuclear. Resolvió activar el inédito, ignoto y misterioso artículo 155 de la Constitución Española.
Mientras el temido cohete catalán de la imposible independencia, en la que pocos en realidad en el seno de los dos partidos protagónicos han creído, ni siquiera se elevaba sobre el horizonte de la Costa Brava, el descomunal artículo 155 aterrizaba con toda su potencia en plena Plaça Sant Jaume.
No se parecía en nada a una intervención quirúrgica que algunos observadores prudentes habían recomendado. Debieran ser como esas operaciones médicas por las que el paciente vuelve a su casa por la tarde, sin apenas dolor.
El proyectil nuclear de Rajoy, impelido por los aplausos no solamente de su gabinete, sino también insólitamente por el endoso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centrista-liberal Ciudadanos, llegaba con el número 155 en su lomo.
Aunque las declaraciones del gobierno niegan que esta operación signifique la suspensión de la autonomía catalana, y se afirma que es solamente la sustitución temporal de sus actuales inquilinos ejecutivos (Puigdemont y su gabinete) y el recorte de los poderes del Parlament, nada va impedir que los analistas etiqueten esta operación con efectos más allá de la geografía catalana.
La contra-DUI de Rajoy va a ver esparcidos los efectos radioactivos del imponente misil. Se ignora cuál puede ser la reacción popular, cuál pueda ser el resto de la resistencia que le quede al partido de Puigdemont.
Se ignora cuál pueda ser el alternativo papel de Esquerra Republicana, a la que el PP consideraba recientemente como alternativa suave. Y, en última instancia, se ignora cuál podría ser el alineamiento de un nuevo Parlament catalán tras las necesarias y anunciadas elecciones en 2017.
Nada estará claro hasta que las cenizas de la operación nuclear se posen en el suelo. Y, sobre todo, que regrese la cordura y que todos se desprendan de sus personales DUI.
Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu