Por Judith Bergman.- Cuando se nombra a los empleados de las compañías de las redes sociales como policía privada del pensamiento del Estado y se les da el poder de moldear el actual discurso político y cultural, decidiendo quién puede hablar, y qué puede decir, y a quién se acallará, la libertad de expresión se reduce a nada más que un cuento de hadas. ¿O quizá es ese el propósito?

Una nueva ley que introduce la censura del Estado en las plataformas sociales entró en vigor el pasado 1 de octubre. La nueva ley exige a las plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las compañías de dichas redes sociales están obligadas a borrar o a bloquear cualquier “delito de ofensa” como el libelo, la calumnia, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas de la recepción de la queja de un usuario, al margen de que el contenido sea cierto o no. Las empresas de las redes sociales tienen siete días para los casos que sean más complicados. Si no lo hacen, el gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no cumplir la ley.

Esta censura del Estado hace que la libertad de expresión esté sujeta a las decisiones arbitrarias de entidades empresariales que tienden a censurar más de lo absolutamente necesario, en vez de arriesgarse a una multa demoledora. Cuando se nombra a los empleados de las compañías de las redes sociales como policía privada del pensamiento del Estado y se les da el poder de moldear el actual discurso político y cultural, decidiendo quién puede hablar, y qué puede decir, y a quién se acallará, la libertad de expresión se reduce a nada más que un cuento de hadas. ¿O quizá es ese el propósito?

Entretanto, el tribunal del distrito de Múnich imputó una sentencia suspendida al periodista alemán Michael Stürzenberger de seis meses de cárcel por publicar en su página de Facebook una foto histórica del gran muftí de Jerusalén, Haj Amin Al Huseini, estrechando la mano de un gerifalte nazi en Berlín en 1941. Los fiscales acusaron a Stürzenberger de “incitar al odio hacia el islam” y “denigrar al islam” por publicar la fotografía. El tribunal declaró a Stürzenberger culpable de “diseminar la propaganda de organizaciones anticonstitucionales”. Aunque la admiración mutua que una vez existió entre Al Huseini y los nazis alemanes era un hecho histórico incuestionable, ahora es evidente que los tribunales alemanes están reescribiendo la historia. Stürzenberger ha apelado el veredicto.

Alemania no ha disimulado su deseo de ver que la ley es copiada en el resto de la UE, que ya tiene un código de conducta similar para los gigantes de las redes sociales. La comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, dijo hace poco que estaría dispuesta a legislar al respecto en el futuro si el código de conducta voluntario no produce los resultados deseados. Sin embargo, dijo, el código voluntario estaba funcionando “relativamente” bien: Facebook está eliminando el 66,5% del material notificado como “de odio” entre diciembre y mayo de este año. Twitter eliminó el 37,4% y YouTube emprendió acciones sobre el 66% de las notificaciones de los usuarios.

Aunque se supone que lo que le preocupa es el “discurso del odio” online, una institución de la UE, el Parlamento de la UE, no tuvo ningún recelo en dejar que una terrorista árabe condenada, Leila Jaled, del Frente Popular por la Liberación de Palestina (FPLP) usara sus instalaciones para celebrar una conferencia sobre “El papel de las mujeres en la lucha popular palestina” en septiembre. (La UE, EEUU, Canadá y Australia incluyen a la FPLP en su lista de organizaciones terroristas). La conferencia fue organizada por, entre otros, la delegación española de Izquierda Unida, como parte del bloque Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo.

En el Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, también dijo que le dirá a las compañías de internet que aborden el contenido extremista:

“La industria tiene que ir más lejos y más rápido para automatizar la detección y eliminación de contenido terrorista online […]. Al final, no son sólo los terroristas a quienes tenemos que derrotar. Es la ideología extremista que los alimenta. Son las ideologías que predican el odio, siembran la división y perjudican nuestra humanidad común. Debemos ser mucho más firmes en la identificación de esas ideologías y su derrota, en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.

La primera ministra May sigue insistiendo en que “estas ideologías” se extienden “en todos los ámbitos de nuestra sociedad” cuando, en realidad, prácticamente todo el terrorismo es islámico. Mientras, su propia secretaria de Interior, Amber Rudd, se ha negado a ilegalizar al brazo político de Hezbolá. El discurso del odio de Hezbolá, al parecer, es perfectamente aceptable para las autoridades británicas. Y también el del clérigo musulmán sudafricano y predicador del odio Ebrahim Bham, que había sido intérprete del director jurídico de los talibanes. Se le permitió entrar en el Reino Unido para hablar en el Queen Elizabeth II Centre, un edificio del gobierno, en el marco de la “Expo Palestina”, un gran evento antijudío celebrado en julio en Londres. Bham es conocido por citar a Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, y decir que todos los judíos y cristianos son “agentes de Satán”. Entretanto, a un académico como Robert Spencer se le ha vetado la entrada en el Reino Unido, supuestamente porque lo que reporta —que es verdadero— es “islamófobo”.

La Fiscalía del Estado británica (CPS, por sus siglas en inglés) también anunció recientemente que los “delitos de odio” online serán perseguidos “con la misma firmeza y proactividad que los delitos offline”. Se espera que la decisión de tratar los delitos online de la misma manera que los delitos offline eleve los enjuiciamientos por delitos de odio, que ya alcanzan un nivel récord. Los fiscales completaron 15.442 casos de delitos de odio en 2015 y 2016.

Los judíos de Gran Bretaña, que ya han sufrido un drástico aumento el antisemitismo en los últimos tres años, suelen ser los destinatarios de los delitos de odio. Sin embargo, sus casos siguen siendo apenas una fracción de las estadísticas. En 2016-17, la Fiscalía enjuició 14.480 delitos de odio. Según Campaign Against Antisemitism:

“Aún no ha habido un año en que se hayan enjuiciado más de unos 25 delitos de odio antisemita. En lo que llevamos de 2017, nos constan […] 21 enjuiciamientos, en 2016 hubo 20 y en 2015 hubo sólo 12. Es tan grave la inacción de la Fiscalía que hemos tenido que demandar a título privado a los presuntos antisemitas y enfrentarnos a la Fiscalía mediante la revisión judicial, de las cuales la primera la ganamos en marzo. El año pasado sólo se juzgó el 1,9% de los delitos de odio contra los judíos, señalando a las fuerzas policiales que sus esfuerzos para investigar los delitos de odio contra los judíos podrían ser en vano, y enviando el claro mensaje a los antisemitas de que no tienen por qué temer a la ley […] Cada año desde 2014 se ha alcanzado un nuevo récord de delitos antisemitas: entre 2014 y 2016, los delitos antisemitas aumentaron un 45%”.

Al parecer, casi uno de cada tres judíos británicos ha considerado marcharse de Gran Bretaña a causa del antisemitismo en los últimos dos años.

Las autoridades británicas parecen mucho más preocupadas por la “islamofobia” que con el aumento de los delitos contra los judíos. De hecho, la policía y las autoridades del transporte público de Londres están cooperando para animar a la gente a denunciar los delitos de odio durante la “Semana Nacional de Concienciación sobre los Delitos de Odio”, entre los días 14 y 21 de octubre. El transporte de Londres y la policía municipal celebrarán más de 200 actos en las comunidades para “asegurar a las comunidades que el sistema de transporte público de Londres es seguro para todos”. Los actos se dirigen específicamente a los musulmanes. Las autoridades han visitado la mezquita de Londres Este para animar a denunciar los delitos de odio.

El año pasado, la MOPAC la Oficina de Policía y Delitos del alcalde de Londres, (MOPAC) anunció que invertiría 1.730.726 libras de los fondos públicos para vigilar los comentarios online tras solicitar su cesión al Departamento de Interior. Mientras, Jan dijo que no tenía los fondos para vigilar a los 200 yihadistas que se calculan en Londres, de los 400 que hasta ahora han regresado a la capital desde Siria e Irak. (También admitió implícitamente que desconoce el paradero de los yihadistas que han vuelto). Cuando el periodista Piers Morgan le preguntó al alcalde por qué no los vigilaba, Jan respondió:

“Porque del presupuesto de la policía municipal aproximadamente el 15 o el 20% está financiado por mí, el alcalde. Lo demás viene del gobierno central. Si la policía municipal está sufriendo recortes y reducciones, tienen que priorizar y utilizar sus recursos de forma sensata e inteligente”.

Cuando Morgan le preguntó qué podría ser más prioritario que “la gente que vuelve del campo de batalla sirio con la intención de convertirse en ciudadanos sirios”, Jan no respondió. ¿Tal vez porque es difícil admitir públicamente que combatir la “islamofobia” es ahora una prioridad mayor que combatir el terrorismo?

La censura total es ya oficial en Alemania: Los tribunales reescriben la Historia