La reforma de la ley electoral es una de las prioridades de Ciudadanos, pero no del PP. El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en los términos que le exigen sus socios, pese a que dicho punto forma parte del acuerdo de investidura entre ambas formaciones.
«Impulsar, en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la
Democracia, una reforma del régimen electoral […] El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada», reza el punto 97 de los 150 compromisos para mejorar España.
En «cumplimiento» de dicho punto, el Congreso aprobó el año pasado la creación de una subcomisión específica para debatir sobre este asunto. La votación fue impulsada por Cs y PSOE, pero también el PP dio luz verde a la misma. Antes de la constitución de dicho organismo, el líder de los naranjas, Albert Rivera, ya amenazó a sus socios con una clara advertencia: «La ley electoral tiene que estar cambiada al final de la legislatura», sentenció.
Ahora, crecidos por el resultado electoral en Catalunya -donde Inés Arrimadasvenció al lograr 36 escaños mientras el PPC de Xavier García Albiol cayó hasta quedarse sólo con 4 diputados- y las siguientes encuestas que les ofrecen incluso una victoria en unas hipotéticas elecciones generales, en Ciudadanos quieren marcar la agenda del Ejecutivo. Y la reforma de la ley electoral es, precisamente, uno de sus objetivos prioritarios a nivel nacional y también en lo que a las normativas autonómicas se refiere: en Andalucía, donde también el PSOE de Susana Díaz les necesita para gobernar, ésta ha sido una de las exigencias de Cs.
Los naranjas saben que para hacerlo con la LOREG es necesario un amplio consenso ya que, para lograr su meta, sería necesario reformar también la Constitución. Pero, convencidos de que éste es un punto que sí podrían pactar con PSOE y hasta con Podemos, han advertido a los conservadores de que seguirán adelante con o sin ellos. «No vamos a consentir que ningún partido intente ejercer derecho de veto», prometen fuentes de la Ejecutiva de Cs.
La intención de los de Rivera es buscar una ley más «proporcional» que incluya listas abiertas y la supresión del voto rogado. Así consta también en el texto del pacto de investidura: «Impulsar [….] una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales«.
Sin embargo, en Moncloa no convence la propuesta inicial de los naranjas. «Proponen algo que sólo les beneficiaría a ellos y eso no lo vamos a consentir», sentencia un alto cargo del Gobierno. «Además, es mentira que la ley electoral actual beneficie sólo al bipartidismo», asegura.
No sería la primera vez que los conservadores «arrastran los pies» -como suelen definirlo en Cs- en lo que al cumplimiento del acuerdo se refiere. De hecho, ambas formaciones suelen jugar al gato y al ratón: el PP trampea sus acuerdos -o los alarga hasta última hora- aunque luego deja que sea Rivera quien se apunte los logros de los mismos como ocurrió con la eliminación de los aforamientos en Murcia o los Presupuestos Generales del Estado del año pasado.
En Cs sospechan que Rajoy usará esa misma estrategia en lo que a la limitación de mandatos se refiere y ahora todo apunta a que ocurrirá lo mismo con respecto a la LOREG. En el Gobierno aseguran que sí están dispuestos a debatir y negociar y «escuchar» opciones, pero no quieren pasar de nuevo por el aro de los naranjas. Otro punto de conflicto que se suma a la inestable relación entre ambos socios.
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