Uno de los políticos más presionados en estos momentos es el presidente del Parlament, Roger Torrent. Presionado por los suyos y por la oposición. Entre las patatas calientes que tiene sobre la mesa está la de decidir si acepta que los exconsellers que viven en Bruselas deleguen su voto. Es un problema cuya decisión ha aplazado hasta el martes, a la espera de que Junts per Catalunya y ERC convenzan antes a tres de ellos de que renuncien a su acta de diputado.

Se trataría de que por parte de Junts per Catalunya hiciesen un paso atrás tanto Clara Ponsatí como Lluís Puig, y de que la republicana Meritxell Serret también dejase de ser parlamentaria. Estas tres renuncias permitirían asegurar la mayoría independentista, situada en 68 diputados. De ser así, solo Carles Puigdemont y Antoni Comín (ERC) mantendrían el acta. Ambos son los únicos de los cinco que residen en Bruselas que ya eran diputados la pasada legislatura.

Si se formalizan estas renuncias, Torrent tendrá un problema menos. Pero seguirá teniendo muchos. El más complicado es decidir si mantiene o no el pleno de investidura que el Gobierno central pretende evitar vía Tribunal Constitucional. El presidente del Parlament ha denunciado que el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy va contra el voto de los catalanes y, como muchos otros dirigentes independentistas lo ha calificado de « fraude de ley«.

Pendientes del TC

Torrent ha recordado que la propuesta de Puigdemont no responde a su «capricho o voluntad», sino que la formula tras escuchar a los grupos y en base al nombre que reúne el apoyo de la mayoría parlamentaria. De momento, el presidente del Parlament no quiere mover ficha hasta saber qué decide el Constitucional.

En las filas republicanas así como en el PDeCAT se insiste en que hay que evitar un bloqueo de la legislatura cuando ni tan siquiera ha empezado. Pero en Junts per Catalunya no dan su brazo a torcer y no se mueven del mantra ‘Puigdemont o Puigdemont’.

El president cesado ha dirigido un escrito al Constitucional en que solicita su personación para defenderse  ante el recurso presentado por el Gobierno central y que pretende impedir la sesión de investidura. Puigdemont argumenta que el recurso aprobado por el Consejo de Ministros supone una vulneración de sus derechos como parlamentario.

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