La Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones (MERP) organizó este miércoles una campaña de recogida de firmasen más de 30 ciudades españolas. Su objetivo es llegar a los dos millones, y ya han conseguido más de 800.000 y el apoyo de 60 ayuntamientos de todo el país, como el de Gijón, Zaragoza, Santiago de Compostela, Hospitalet o Cartagena.

La plataforma, impulsada a raíz de la reforma del sistema de pensiones, busca desde su nacimiento promover un referéndumpor el que la ciudadanía se pronuncie sobre una reforma de la Constitución que prohíba cualquier medida que suponga para el pensionista una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones o permita la «privatización» del sistema público de pensiones. A lo largo de 2013 recogieron 327.000 firmas que entregaron a la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Ahora, con más de 500.000 apoyos más buscan, de nuevo, el «blindaje de las pensiones públicas en la Consitución«.

«La única manera de defender las pensiones públicas frente a los ataques que reciben es blindarlas en la Constitución. Que en nuestra Carta Magna, que obliga a todos los gobiernos, sean del signo que sean, se recoja explícitamente la prohibición de privatizar las pensiones y de medidas que reduzcan el poder adquisitivo de los pensionistas», explica la plataforma en un comunicado. Eso es, indican, lo que une a todas las organizaciones que la conforman, que van desde sindicatos hasta asociaciones deportivas «con una amplia pluralidad de ideologías, credos religiosos y orientación política».

«No nos dirigimos solo a los pensionistas«, aclaran, «las pensiones afectan a toda la sociedad. Y quienes están más amenazados son los futuros pensionistas, los trabajadores de 40 o 50 años, o los jóvenes que ahora se incorporan al mercado laboral».

Aprobada en solitario por el PP

La reforma de las pensiones fue aprobada en el año 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y con el rechazo de toda la oposición a sus espaldas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de las Naciones Unidas, ya se advirtió entonces de que dicha reforma del sistema público de pensiones generaría una pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Esto es debido a que ya no se tendría en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que, mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones crecerán un 0,25%, sin importar lo que hayan subido los precios. Según los cálculos de diferentes sindicatos, la pérdida de poder adquisitivo podría alcanzar el 28% en 15 años.

Los pensionistas terminaron 2017 con pérdidas de su poder adquisitivo por segundo año consecutivo. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó a cierre de ejercicio en el 1,2%, según el indicador publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las pensiones solo aumentaron ese 25%. Además, las previsiones que maneja el Gobierno no invitan al optimismo, pues esperan que los precios continúen al alza. Por tanto, en estos doce meses los pensionistas podrían continuar perdiendo poder adquisitivo.