Por Judith Bergman.- La Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para censurar y marginar las voces que discrepan de sus políticas, valiéndose del oportuno eufemismo de combatir las “noticias falsas”.
“La Comisión tiene que estudiar los desafíos que las plataformas online representan para nuestras democracias en lo relativo a la difusión de informaciones falsas e iniciar una reflexión sobre lo que haría falta a nivel de la UE para proteger a nuestros ciudadanos”, escribió Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, en mayo de 2017. Qué considerado por parte de Juncker que, de forma totalitaria, desee proteger a los ciudadanos de la UE de las noticias que no se ajustan a las narrativas y agendas de la Comisión.
Tanto Jean-Claude Juncker (izquierda), como el presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), proponen restricciones que violarían la libertad de expresión e información garantizada en la Convención Europea de Derechos Humanos.
En octubre de 2017, la Comisión Europea anunció sus medidas políticas para tratar las “noticias falsas” y su intención de “diseñar soluciones para abordar la difusión de noticias falsas”. Según la Comisión, “las noticias falsas consisten en la desinformación intencionada a través de plataformas sociales online, medios informativos o la prensa tradicional”. Además, según la Comisión, la política de la UE sobre las noticias falsas se guía por, entre otras cosas, “la libertad de expresión, el pluralismo mediático y el derecho de los ciudadanos a información diversa y fiable”.
Esta reafirmación de la libertad de expresión y el pluralismo resulta bastante ridícula: la UE ya hace todo lo que puede para suprimir “el pluralismo mediático y […] la información diversa y fiable”. Por ejemplo, la UE tiene programas en marcha —como el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC)— que intentan ejercer una fuerte influencia en los medios de comunicación europeos y sus periodistas de cara a sus propias agendas, como la de la constante migración masiva a Europa desde África y Oriente Medio. Para este objetivo, la Comisión Europea financió hace poco la publicación de un manual con directrices para los periodistas acerca de cómo escribir sobre los inmigrantes y la migración. El manual lo lanzó el 12 de octubre el International Press Institute (IPI), una asociación de profesionales en representación de los principales medios digitales, impresos y audiovisuales de más de 120 países. Concretamente, en relación con los musulmanes, las directrices recomiendan:
Ten cuidado de no estigmatizar aún más términos como “musulmán” o “islam” asociándolos con actos particulares […]. No permitas que las alegaciones de los extremistas de estar actuando “en nombre del islam” queden sin réplica. Subraya […] la diversidad de las comunidades musulmanas.
La UE también financia una campaña llamada “Medios contra el Odio” y dirigida por la Federación Europea de Periodistas (EJF), la mayor organización de periodistas de Europa, que representa a más de 320.000 periodistas de 43 países. La campaña tiene por objetivo “mejorar la cobertura mediática en relación con la inmigración, los refugiados, la religión y los colectivos marginados […], contrarrestar el discurso del odio, la intolerancia, el racismo y la discriminación […] mejorar la implementación de los marcos jurídicos que regulan el discurso del odio y la libertad de expresión”.
Para impulsar sus nacientes políticas sobre las “noticias falsas”, la Comisión Europea nombró recientemente a 39 “expertos” para un denominado “Grupo de Alto Nivel (HLEG) para las Noticias Falsas y la Discriminación Online”: Comprende a representantes de la sociedad civil, las plataformas sociales, los medios de comunicación, los periodistas y el ámbito académico […].
El Grupo de Alto Nivel asesorará a la Comisión para analizar el fenómeno de las noticias falsas, definir las funciones y responsabilidades de los actores relevantes, entender su dimensión internacional, hacer un balance de las posiciones en riesgo y formular recomendaciones.
Los representantes de los medios han sido casi exclusivamente seleccionados de entre los grandes medios; gigantes como ARD, RTL, la televisión pública sueca, Sky News, AFP y News Media Europe—, lo que hace que cualquier tipo de conclusión ecuánime que pueda alcanzar este grupo de “expertos” sea una posibilidad bastante ilusoria. En la medida en que consideran cualquier medio nuevo o alternativo una amenaza, a los representantes de estos medios les interesa lógicamente catalogar a la competencia de los medios alternativos o nuevos como “noticias falsas”. El grupo de alto nivel celebró su reunión inaugural el 15 de enero de 2015.
La Comisión Europea sondeará a los ciudadanos de la UE mediante una encuesta de opinión pública —el Eurobarómetro— a comienzos de 2018 para “medir y analizar las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos europeos en torno a las noticias falsas”. La Comisión también organizará una “conferencia multilateral sobre las noticias falsas”, que “defina el perímetro del problema, valore la efectividad de las soluciones ya puestas en marcha en las redes sociales y […] acuerde unos principios clave para futuras acciones”.
La UE no es la única que amenaza con liquidar la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir las “noticias falsas”. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que quiere introducir nuevas leyes dirigidas a regular las “noticias falsas” en periodo electoral, incluyendo “acciones legales de urgencia” que permitan al gobierno francés retirar “noticias falsas” de un sitio web o bloquearlos completamente. Dijo Macron:
“Para poder proteger las democracias liberales, debemos ser fuertes y tener normas precisas. Cuando se difundan noticias falsas, se podrá recurrir a un juez […] y si procede, retirar el contenido, borrar cuentas de usuarios y en última instancia bloquear sitios web”.
Una ley como esta significaría que el Estado francés —o quien esté en posición de actuar en su nombre como policía del pensamiento— se convertiría en el árbitro de lo que constituye la “verdad”, muy al estilo de la nueva ley de censura alemana que exige a las redes sociales que hagan las veces de policía del pensamiento privatizada del Estado alemán.
La propuesta de ley francesa, sin embargo, iría aún más lejos que la censura alemana, ya que permitiría a las autoridades francesas bloquear sitios web completos en periodo electoral, una medida draconiana para combatir a la oposición política, y que pondría a Francia en la misma categoría que China e Irán, que bloquean las webs que no se ajustan a las agendas del régimen.
Esa ley francesa vulneraría también el derecho a la libertad de expresión e información protegidas por el artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, del que Francia forma parte, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo para los Derechos Humanos. El artículo 10 establece que todas las personas tienen derecho no sólo a la libertad de expresión, también a “recibir y comunicar informaciones e ideas sin que pueda haber injerencia de la autoridad pública y sin consideración de fronteras”. Se supone que los gobiernos no deben interferir en ese derecho —con algunas excepciones concretas recogidas en el artículo 10—, porque esa injerencia constituye una censura por parte del gobierno.
En general, Europa parece aspirar a hacer el totalitarismo grande otra vez.