La ejemplar movilización de los pensionistas contra la subida del 0,25% de las pensiones ha provocado una rápida reacción, en el doble sentido del término dado su carácter reaccionario, con dos argumentos fundamentales.

Por un lado, que la demanda de los pensionistas es insolidaria. Por otro, que la cuestión es que no se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Mantener el nivel de vida de los pensionistas no es insolidario

El primero de ellos trata de culpar a los pensionistas de que los salarios estén perdiendo poder adquisitivo y de que los jubilados sean el grupo de perceptores de rentas que menos ha sufrido durante la crisis, por lo que no tendrían derecho a pedir nada.

El argumento, que merece otro artículo, es tan demagógico como artero. Pertenece, además, a la nueva estirpe político-argumental que pretende oponer a colectivos y grupos segregados y perjudicados por determinadas políticas con aquellos otros que, por no padecerlas o padecerlas en menor grado, se les hace culpables de las mismas. Y todo esto con la intención de desviar el foco de atención de esas políticas. Los trabajadores fijos serían, así, los responsables de la precariedad y no las políticas que causan esta. Los viejos estarían impidiéndoles a los jóvenes las oportunidades que, en realidad, les niega el olvido que sufren por parte de las políticas públicas. La escasez de la protección social estaría más relacionada con el fraude de los perceptores, y con su falta de estímulo al trabajo, que con dedicar a ello uno de los porcentajes de la renta nacional más bajos de la UE. Y, dentro de poco, los enfermos, y no los recortes, serán los culpables de que empeore la asistencia sanitaria.

Es bastante obvio que una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no mejorará los salarios (más bien lo contrario, en cuanto –como veremos- debilitará la actividad económica), devaluados como consecuencia de las reformas legales que han debilitado la negociación colectiva y la posición individual de los trabajadores. Una cuestión que no plantean los ‘pensionicidas’. Como también es evidente que los pensionistas han sostenido y sostienen la renta familiar ante el desempleo masivo y el actual empleo ‘basura’. Hay que recordar que, de acuerdo con la última EPA disponible, los hogares con todos sus miembros activos en paro alcanzan los 1.210.500. Y, en fin, es maliciosamente muy poco sutil el argumento que contrapone asalariados con pensionistas, obviando que los grupos más favorecidos en estos años han sido los perceptores de las rentas más altas, de las derivadas del capital y de los patrimonios, los beneficios empresariales, que superaron ya hace tiempo los niveles anteriores a la crisis, pero, todos ellos, con una aportación tributaria mucho más baja que la de entonces.

El segundo argumento, aunque –como intentaré explicar sintéticamente- tampoco es cierto, tiene un carácter algo más sustantivo.

Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones es perfectamente asumible, según los cálculos del propio Ministerio de Empleo

El día siguiente a la reciente movilización de los pensionistas, un periódico de tirada nacional titulaba en su portada: “Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2% para subir las pensiones con el IPC”. Lo que, según explicaba el periódico, era una quimera, un imposible, y por lo tanto, lo pidieran como lo pidieran los pensionistas, no podrán mantener el poder adquisitivo durante los próximos treinta años. En una línea similar han ido otros periódicos.

Pero, eso no es cierto en un doble sentido. Ni el documento del Ministerio de Empleo (titulado “Respuesta a la solicitud de datos realizada por la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, a partir de la tabla de gasto en pensiones sobre PIB para el periodo 2018-2040 entregada en la sesión del 24 de octubre de 2017”) dice eso, ni es ningún imposible, de acuerdo con el documento, mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos treinta años. El periódico, tal vez empujado por la incredulidad de que los pensionistas pidieran tamaña barbaridad (¡mantener el poder adquisitivo!) u obnubilado por la determinación de defender la actitud del Gobierno, abiertamente opuesta a aceptar que las pensiones mantengan su poder de compra, ha confundido crecimiento del PIB nominal con el del PIB real. De tal forma que el crecimiento del 4,2% es nominal (incremento en volumen más los precios), mientras que el crecimiento real correspondiente de la tabla que figura en el documento del Ministerio es del 2,4% (el deflactor es el 1,8%).

Nada que ver con un crecimiento disparatado del PIB. Bien al contrario. El promedio de crecimiento de la economía española en los últimos veinte años, contabilizando el periodo de expansión y la subsiguiente crisis (una de las mayores que se han conocido) es del 2,2%. E incluso el promedio de crecimiento actual, tras la crisis y la recesión (los últimos tres años de crecimiento) es del 2,7%. Por consiguiente, una estimación bastante prudente de las perspectivas de crecimiento de la economía española podría situarse sin problemas en un promedio superior al 2%, por poco bien que se gestionara la política económica.

Con ese dato de crecimiento real del PIB, el gasto en pensiones (según la tabla del documento de la Seguridad Social) se situaría en 2050 en el 12,3% del PIB. Una cifra totalmente asumible, teniendo en cuenta que con ella se garantizaría el poder adquisitivo de las pensiones, que el gasto en pensiones sería solo medio punto del PIB superior al actual (¡¡con un 50% más de pensionistas!!), y que 15 de los 27 Estados Miembros de la UE gastarían más, en relación con su PIB, que el nuestro (según las proyecciones de gasto realizadas por el Comité de Política Económica de la UE, actualizadas en septiembre de 2017).

Inflar el gasto en pensiones en % del PIB para que parezca insostenible

Pero, no es solo este informe (aunque este sea de la propia Seguridad Social). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ofreció datos recientes en el Consejo Económico y Social y criticó abiertamente algunas de las hipótesis en las que se basan las proyecciones realizadas en los estudios de las entidades financieras.

Según la AIReF, hacer el supuesto de que la población española caerá de forma permanente durante los próximos treinta años (lo que implica que caería o se estancaría el PIB y que todos los españoles seríamos cada vez más pobres), o que no conseguiríamos crear nada de empleo porque la tasa de empleo será tras esos treinta años, y con una menor población en edad de trabajar, inferior a la que tuvimos en 2008 al inicio de la crisis, es poco realista (la AIReF las tilda, benévolamente, de escenarios ‘pesimistas’). Aunque habría que decir que son necesarias (oportunistas) porque de otra forma no salen las cuentas de esos estudios y resultaría indemostrable que el sistema público de pensiones vaya a ser insostenible e inviable salvo que se mantengan los actuales recortes de las pensiones derivados de la reforma de 2013.

Digamos que la AIReF critica de paso con ello las proyecciones de población del INE -sobre las que se basan esos estudios- que, por no reconocer un flujo de migración de entrada suficiente (se desconoce por qué razón), prefieren aceptar la disminución constante de la población total e implícitamente un achicamiento del PIB y el empobrecimiento secular del país.

La AIReF estima –véanse los gráficos anteriores- que lo realista es aceptar que la población crecerá en la línea con lo que lo viene haciendo (acepta incluso que lo haga un poco menos) y que la tasa de ocupación continúe creciendo de modo parecido (también algo menos) a como lo hizo antes de la crisis. Son dos supuestos nada disparatados de los que se derivan conclusiones completamente diferentes del gasto en pensiones en el futuro en porcentaje del PIB (porque el cambio de hipótesis da lugar a un PIB muy superior al infravalorado por las proyecciones antes aludidas).

Estimación del cambio del gasto en pensiones sobre el PIB (tasa de variación)

                                            Fuente: AIReF (febrero 2018).

En efecto, el gasto en pensiones que, con las hipótesis pesimistas ascendería al 14,3% del PIB en 2050, se quedaría en el 11% (0,8 puntos del PIB por debajo del actual) con las nuevas hipótesis.

A destacar que la estimación de la AIReF reduce el gasto total en pensiones desde el 12,3% del PIB, correspondiente a la estimación del Ministerio de Empleo, a solo un 11%, pero la razón puede estribar en que la Autoridad Fiscal no contemple la revalorización de las pensiones con el IPC.

Más pruebas de que mantener el poder adquisitivo es asumible

Para resolver este problema contamos de nuevo con una buena fuente de información: el Grupo de Investigación, Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de las Universidades de Extremadura y de Valencia. En el reciente post “Estrategias de Revalorización de las Pensiones: Coste y Financiación”, el Grupo cuantifica, con las hipótesis oficiales de la Seguridad Social, entre otros aspectos, el coste en % del PIB de mantener el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC, que según sus cálculos ascendería al 2,6% del PIB alrededor de 2040.

Incluso sin tener en cuenta los supuestos más restrictivos en el cálculo del PIB de las hipótesis de la Seguridad Social respecto a los de la Autoridad Fiscal, la suma del gasto total estimado en pensiones, incluyendo el mantenimiento del poder adquisitivo, ascendería al 13,6% del PIB.

Una cifra que es muy similar a la obtenida al realizar los cálculos de gasto futuro en pensiones en el momento de realizar la reforma de 2011, que contemplaba el mantenimiento permanente del poder adquisitivo, y que supone que en 2050 once países de la UE gastarían más que España en pensiones. Realmente, no parece una opción inasumible ni mucho menos inviable. Según los cálculos del informe del Ministerio de Trabajo, alcanzar un gasto total en pensiones del 13,6% del PIB no requeriría ni siquiera alcanzar en promedio crecimientos reales del PIB del 2%.

Como reconocen los autores de este trabajo, obviamente ese coste (financiable con deuda o con una fracción del incremento de los ingresos tributarios que deberíamos abordar para aproximarnos a la media europea), podría incluso reducirse si se contemplaran algunas opciones que a nuestro entender deberían ser dos: a) eliminar los gastos que indebidamente está asumiendo la Seguridad Social, y b) suprimir en su mayor parte la exención de cotización de la que injustificada y regresivamente disfrutan a partir de determinado nivel los perceptores de salarios más altos.

Recortar las pensiones hundirá la economía y el empleo

Pero, además, debe contemplarse otro aspecto de la cuestión. Se trata de las repercusiones macroeconómicas a lo largo del tiempo de los recortes actuales de las pensiones. Un informe igualmente reciente de Analistas Financieros Internacionales (“Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España” ha realizado –si bien con un propósito completamente diferente- el ejercicio de calcularlas.

Según este trabajo, los efectos sobre el conjunto de la economía de la caída de las rentas de la población jubilada a lo largo de las próximas décadas serán muy considerables. La contracción de la demanda provocada por el hundimiento del consumo de hasta quince millones de pensionistas ocasionará que, entre 2016 y 2035, el Valor Añadido Bruto Total de la economía se reducirá en 20.000 millones de euros en promedio anual, lo cual significa una caída media del PIB del 1,5% anual, y una reducción media de 330.000 empleos anuales (un 1,6%). Es decir, la caída de las rentas de la población jubilada se va a “comer” cada año más de la mitad del crecimiento previsto del PIB y del empleo.

En el punto máximo de los efectos económicos adversos provocados por la caída de renta de los pensionistas (2035), el PIB se reducirá un 3% y el volumen de empleo se contraerá en 750.000 ocupados. Los recortes de las pensiones suprimirán, puede que con creces, el crecimiento económico y la creación de empleo, introduciendo probablemente a la economía española en una recesión. Consecuencias que, para los autores del informe, resultan claramente inaceptables para la sociedad española.

Para evitarlo proponen que los pensionistas compensen con gasto privado el recorte sufrido en las pensiones públicas a través de deshacer el ahorro del que disponen concentrado en sus viviendas, mediante la suscripción de hipotecas inversas.

Y esta es la clave del asunto. Si hay que evitar los perniciosos efectos sobre la economía y el empleo de los recortes de pensiones, y para compensarlos se trata de que los pensionistas los compensen con sus propios ahorros. Si, para evitar sus nocivos efectos económicos, los recortes de las pensiones han de ser contrarrestados y cancelados, cabe preguntarse para qué hacían falta tales recortes, salvo para sustituir gasto público por gasto privado. Esto es lo que, en último término, parecen haber realizado las reformas de las pensiones. El 3% de caída del PIB es prácticamente la cuantía máxima de gasto público en pensiones que van a recortar tales reformas.

El resumen de los datos expuestos pone de manifiesto que es posible mantener el poder adquisitivo de las pensiones sin elevar de forma inaceptable o descabellada el gasto en proporción del PIB. Que, con unos niveles de crecimiento económico a medio plazo en realidad bastante modestos, el sostenimiento de un elevado número de pensiones, incluyendo el mantenimiento de su poder adquisitivo, es perfectamente posible con un incremento moderado de la financiación pública en comparación con los niveles de la misma en los países de nuestro entorno. Y que los efectos económicos de las reformas realizadas han de ser neutralizados para evitar que arrastren el crecimiento de la economía española al estancamiento, la recesión y el paro. Lo que siembra una seria sospecha acerca de los verdaderos y últimos propósitos de las reformas adoptadas.

¿Mantener el poder adquisitivo de las pensiones? Sí se puede