El año que viene entrará en vigor el llamado “factor de sostenibilidad”, que sirve para recortar la pensión inicial en función del aumento previsto de la esperanza de vida de los que se jubilan.

Se trata de uno de los dos dispositivos automáticos de ajuste a la baja de las pensiones introducidos por la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, según lo previsto en la anterior reforma (Ley 3/2011 de 1 de agosto). La novedad del factor de sostenibilidad es el carácter automático del ajuste.

La esperanza de vida ya había servido de base para el retraso progresivo de la edad de jubilación impuesto por la Ley de 2011, la cual preveía la instauración de un mecanismo automático para 2027, año en que se agotaba el efecto del retraso de dos años de la edad de jubilación.

La sostenibilidad

Casi como un conjuro, se invoca la palabra sostenibilidad para justificar el recorte de las pensiones.

Antes de entrar en el análisis de las medidas concretas adoptadas en nombre de la “sostenibilidad”, como el mencionado factor, es necesario repetir que el problema futuro del sistema de pensiones es exclusivamente de distribución de los recursos.

Las proyecciones futuras indican, por una parte, que la población total se mantendrá aproximadamente constante en el horizonte de 2050, por lo que, si el número de pensionistas aumenta, disminuirá necesariamente el número de no pensionistas. Como, por otra parte, se espera que, a largo plazo, el PIB crezca en torno al 2% anual, con una población constante, los ingresos medios per cápita crecerán en esa misma proporción (pero bastaría con que se mantuvieran constantes). De ello se deduce con facilidad que, de producirse, una disminución del ingreso medio de los pensionistas se acompañaría de un incremento del ingreso medio de los no pensionistas[1].

Ocurre que, tal como está diseñado actualmente el sistema, basar el equilibrio interno únicamente en las cotizaciones, provoca una transferencia de renta de los jubilados a los no jubilados. La respuesta obvia es que es necesario recurrir a formas de financiación adicionales que permitan adaptar la distribución a las nuevas circunstancias demográficas y del mercado de trabajo y eviten la redistribución negativa. Desde este punto de vista, el poder adquisitivo de las pensiones puede, al menos, mantenerse sin afectar el nivel de vida del resto de la población. Los recursos existen ahora y se prevé que existan en el futuro, como se puede comprobar en el extenso y documentado análisis realizado por Antonio González, publicado en este Blog el 27 de febrero pasado, bajo el título “¿Mantener el poder adquisitivo de las pensiones? Sí se puede.”

El uso de la esperanza de vida para el recorte de las pensiones

Introducir la esperanza de vida y su evolución en el cálculo de las pensiones es un elemento esencial en el dispositivo neoliberal de laminación de las pensiones públicas y, en su propuesta estrella, las cuentas nocionales, ocupa un lugar central. La lógica que subyace es que cada persona que se jubila recibe, a lo largo de su vida de pensionista, una cantidad global dada, equivalente a lo cotizado a lo largo de su período activo, y que lo que cobre cada mes depende de los años que se espera que viva. Es exactamente lo que ocurre en un plan de pensiones privado: el capital acumulado debe estirarse en tantos años como vaya a vivir el que se jubila.

La reforma tiene efectos drásticos a largo plazo, con la ventaja añadida, para los que buscan, precisamente, reducir drásticamente las pensiones, de derivar aparentemente del sentido común: puesto que vivimos más, será necesario trabajar más o cobrar menos pensión. Sin embargo, a pesar de su aparente evidencia y hasta facilidad de aplicación, la utilización de la esperanza de vida como instrumento para reducir las pensiones plantea problemas de equidad, a los que se añaden, en este caso, los que se derivan del diseño del llamado factor de sostenibilidad y su cálculo práctico, que adolece de importantes insuficiencias técnicas.

El factor que ahora analizamos se empezó llamando “de equidad generacional”. Es un concepto muy querido por los economistas neoliberales, tan poco preocupados por los innumerables otros casos de falta de equidad (entre categorías sociales, entre hombres y mujeres, etc..) incluyendo los que afectan a las generaciones (se suelen oponer al impuesto sobre sucesiones que pretende igualar las condiciones de partida de las generaciones). En este caso, consideran que las generaciones de jubilados más recientes, que van a vivir más años, estarían injustamente favorecidas, con relación a las anteriores, si cobraran la misma pensión o se jubilaran a la misma edad. Tras esta aparente búsqueda de la equidad, se esconde simplemente la lógica de los sistemas privados de ahorro: el “riesgo” de vivir más de lo previsto es soportado íntegramente por el beneficiario de la renta vitalicia a la que se asimila la pensión. Esa lógica conduce a que, en los sistemas privados, una mujer reciba una pensión inferior a la de un hombre, si cotizan igual, porque la va a recibir durante más años, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres.

Ninguno de nuestros reformadores del sistema público se ha atrevido, de momento, a llegar hasta ahí. Admiten así implícitamente que la diferencia de longevidad entre hombres y mujeres es un dato social, no achacable a cada individuo concreto, y por tanto que debe ser “socializada”, no distinguiendo el sexo de los pensionistas a la hora de calcular el factor de sostenibilidad, por ejemplo. Pero tampoco es achacable a cada individuo el propio crecimiento de la esperanza de vida, fruto de políticas variadas y de la evolución de los hábitos de vida. El coste de esas políticas se ha asumido por todos, según los mecanismos generales de reparto de los gastos comunes (impuesto progresivo, sobre todo) y no hay razón para que no se plantee repartir de la misma manera otros costes derivados, como el aumento del gasto en pensiones. Pretender descargar todo el coste en las espaldas menos robustas de los pensionistas es mimetizar un sistema privado y aprovechar un buen pretexto para recortar pensiones públicas.

El aumento previsible de la esperanza de vida ya fue utilizado como argumento y como base para los cálculos en la reforma de 2011. En ella se aprobó un retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años que se aplica de forma progresiva entre 2013 y 2027. Al final de este período, los pensionistas seguirán cobrando durante una media de 21 años, que es la previsión por el INE de la esperanza de vida a los 67 años en 2027, equivalente a la esperanza de vida a partir de 65 años en 2011. El retraso de la edad de jubilación habrá anulado el efecto del aumento previsto de la esperanza de vida para 2027, por lo que la Ley preveía la instauración de un mecanismo automático de ajuste a partir de esa fecha. En realidad, la posibilidad de cotizar dos años más permite que las personas tengan carreras más largas (si no han llegado ya al máximo) lo que aumenta el gasto. Por eso, la Ley también imponía un aumento, igualmente progresivo, de la exigencia de años cotizados para recibir el 100% de la pensión calculada, que pasa de 35 a 37 años.

La comparación entre generaciones no debe limitarse a la esperanza de vida sino incluir también la variación de los años cotizados. Un indicador más adecuado es la relación entre los años como pensionista (esperanza de vida a la edad de jubilación de la generación g, ) y los años cotizados necesarios para recibir el 100% en la generación g (). Un criterio de neutralidad generacional sería que dos generaciones cualesquiera tuvieran la misma relación  [2]. Por ejemplo, para la generación que se jubilaba a los 65 en 2011 (nacidos en 1946): . Si se retrasa la edad de jubilación en dos años y aumenta el período de cotización exigible de 35 a 37, ¿en qué año[3] se anulará el efecto de la reforma por el aumento de la esperanza de vida?

Hay que calcular g en la expresión  o , es decir .

Según las proyecciones del INE, esta esperanza de vida se alcanzaría en 2039 y, según EUROSTAT, en 2047. Lo anterior significa que hasta al menos 2040, el aumento de la esperanza de vida no habrá compensado (anulado) los efectos de la reforma de 2011. El período de transición debería haber llegado hasta 2040 y, a partir de entonces, es cuando, según el espíritu de la Ley, se debería haber puesto en marcha el mecanismo automático de ajuste por la variación de la esperanza de vida, para mantener la “equidad generacional” dentro del sistema de pensiones. Como es bien sabido, ni siquiera se ha respetado el plazo inicialmente previsto de 2027: el factor de sostenibilidad se empezará a aplicar a partir de 2019. De manera que, entre 2019 y 2040, estaremos aplicando dos veces el aumento de la esperanza de vida para rebajar las pensiones: la primera con la reforma de 2011, basada en datos previsionales, y la segunda con el factor de sostenibilidad, que rebajará la pensión inicial de las generaciones cuya esperanza de vida en el momento de la jubilación sea superior a la que se tome como referencia. ¡El factor de sostenibilidad es redundante!

Las insuficiencias técnicas

Visto su objetivo, sería lógico, para el cálculo del “factor de sostenibilidad”, utilizar la esperanza de vida de la generación a la que pertenece el nuevo jubilado. El principal problema es que se trataría de un dato proyectado, a un horizonte futuro de hasta 40 años, del que nadie dispone ahora. El INE no publica datos históricos por generación que puedan servir de base para la estimación de la tendencia y no los utiliza en la elaboración de las proyecciones de población que difunde. Pero la fórmula de cálculo del citado factor no solo no incluye el dato generacional proyectado, sino que se contenta con tomar la tasa de crecimiento medio de la esperanza de vida en los cinco años anteriores, a la única edad de 67 años y no a la edad real de jubilación.

Se diga o no (no se dice) este cálculo debe ser tomado como una estimación del crecimiento de la esperanza de vida de cada una de las generaciones a las que se va a aplicar, tantas como edades de jubilación haya en ese año. Aun suponiendo que la eventual diferencia entre generaciones muy próximas no sea muy elevada (se usa solo la edad de 67 años), queda que se asimila la progresión de los cinco últimos años, a la progresión de la vida futura de este grupo de generaciones. Como el aumento de la esperanza de vida tiende a frenarse, el sesgo probable es aquí en detrimento del pensionista, al que se le atribuirá una longevidad que tal vez no alcance. Además, hay que tener en cuenta que, en el cálculo de la esperanza de vida de un año dado, intervienen generaciones que nacieron entre 67 y más de cien años antes, que han tenido una historia muy distinta a la de la que ahora se jubila, y que podrían tener un futuro muy alejado del que refleja el índice sintético que representa la esperanza de vida en cada uno de los últimos cinco años.

Al definir la fórmula del factor de sostenibilidad, los expertos que la alumbraron no han actuado con el rigor técnico deseable en esta materia. Aunque no se presenta como tal, la fórmula aprobada no es más que una aproximación (por otra parte, bastante burda) que la ausencia de datos no puede justificar. Hubiera sido, al menos, necesario explicar su racionalidad y analizar y cuantificar la posible desviación de la simplificación propuesta con relación a una rigurosa proyección generacional. Al fin y al cabo, está en juego el sustento de millones de personas. Incluso si el cálculo contenido en la citada Ley 23/2013, fuese una aproximación aceptable, faltarían los argumentos técnicos que lo confirmen y garanticen que lo seguirá siendo en el futuro.

Suecia, en su sistema de cuentas nocionales, introduce estimaciones anuales de la esperanza de vida de las generaciones que se jubilan, elaboradas por el órgano gestor del sistema. Lo correcto aquí hubiera sido establecer una fórmula rigurosa y encargar al INE la elaboración de los indicadores necesarios. Se ha optado, al contrario, por la apresurada introducción del correctivo, sin que ninguna urgencia lo justifique.

A la inevitable dificultad de anticipar el futuro, se une, en este caso, la falta de adecuación del indicador utilizado, para hacer más probable que los años vividos en el futuro se alejen de lo utilizado en el ajuste. ¿Qué ocurrirá si se constata, algún tiempo después, que el factor utilizado no se ajusta a la realidad de las generaciones a las que se le aplicó? No será posible, en las condiciones actuales, rectificar la prestación de los que lleven cobrando un cierto tiempo, con una pensión inicial demasiado baja, si la esperanza de vida real es inferior a la tomada para el factor de sostenibilidad, o demasiado alta, si ocurre lo contrario, porque la Ley antes citada aclara, en su artículo 2, que el factor se aplicará “por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones”.

La tan aireada preocupación por la equidad generacional no ha llevado a los autores intelectuales de este factor a prever un mecanismo de rectificación de un eventual error proyectivo, que daría al traste con la citada equidad, y esta vez por expresa causa de intervención humana.

Si el factor de sostenibilidad adolece de un cierto simplismo técnico, en relación con la “equidad generacional”, tampoco está exento de crítica en materia de equidad social, porque genera desigualdades más importantes que las que puedan provocar las diferencias entre generaciones. La esperanza de vida es una media, calculada para el conjunto de la población. Si los años vividos por cada persona fueran una simple variable aleatoria, las diferencias se compensarían, sin ninguna relación con las características sociales de cada persona. Pero el hecho es que buena parte de las diferencias de mortalidad entre personas están asociadas a su situación socioeconómica. Algunos estudios, entre otros de EUROSTAT, muestran que se observan diferencias de esperanza de vida muy sustanciales, por ejemplo, según el nivel de estudios, que a su vez está muy ligado al nivel de ingresos y a la incidencia de la precariedad laboral, dos elementos que determinan fuertemente el monto de la pensión.

De forma muy resumida: los pobres viven menos que los ricos, su esperanza de vida crece menos, y también cobran pensiones inferiores. La consecuencia es clara: tanto el retraso de la jubilación como el recorte de la pensión inicial tendrán un impacto mayor en los grupos cuya esperanza de vida se sitúa y crece por debajo de la media, es decir en los que tienen menores ingresos y menores pensiones. Lo contrario ocurre en los grupos con pensiones altas, que viven más años. De manera que el uso de la esperanza de vida para recortar las pensiones provoca una transferencia de rentas desde las pensiones más bajas a las más altas, de los más pobres a los más ricos.

Conclusión

En los últimos años se ha atacado duramente el sistema público de pensiones y se intenta, hasta ahora con éxito, recortar las pensiones hasta niveles por debajo de la simple suficiencia. La impunidad con la que ejercen tanto los expertos que inspiran las reformas como los políticos que las implementan, parece derivar en un cierto descuido técnico y un cierto abuso de parámetros como la esperanza de vida. Esta aumentará en los próximos 35 años menos que ha aumentado en los últimos 35, sin haber provocado la ruina del sistema. Es urgente una nueva mirada sobre las pensiones que contemple serenamente los cambios necesarios para mantener, al menos, su poder adquisitivo, lo que implicará dedicar la financiación necesaria, algo posible mediante una cierta redistribución de los recursos. Pero lo urgente ahora es que se deroguen tanto el mal llamado “índice de revalorización” como el peor nombrado “factor de sostenibilidad” que, además de no ser necesario, es redundante con reformas anteriores y presenta grandes problemas técnicos. En una palabra: resulta insostenible.

[1] En realidad, un aumento de los ingresos que no son pensiones, de los que algunos pensionistas pueden beneficiarse.

[2] [2] Francia utiliza esta relación, que mantiene constante, cuando varía la esperanza de vida, mediante aumento del período de cotización exigible.

[3] Se asimila, lo que puede ser criticable, la esperanza de vida en el año en que se jubila la generación, a la esperanza de vida de esa generación.