Este jueves trascendía que el ministro de Agricultura,  Luis Planas, está siendo investigado«por su participación en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente» por consentir desde 2009 a 2012, como máximo titular de la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca, el uso indebido de agua en unas parcelas de Almonte.

Planas, efectivamente, fue procesado en mayo de 2017 junto a otras 17 personas y siete entidades, si bien la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ya ha anunciado que no presentará acusación en su contra. Estas son las claves del caso en el que aún está inmerso el ministro y por el que la oposición ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez.

¿Por qué está investigado?

Según el auto de 11 de mayo de 2017 por el que se transformaron las diligencias en procedimiento abreviado, a Planas se le atribuye textualmente, junto a dos exresponsables de la Consejería de Agricultura de la Junta (María Isabel Salinas García, exsecretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Judit Anda Ugarte, exdirectora general de la Producción Agraria), «haber consentido durante el periodo 2009 a 2012 el uso del agua de las parcelas del paraje Matalagrana, de las que es titular dicha Consejería, con conocimiento de la falta de regularización de los pozos y de la falta de autorización tanto del Ayuntamiento de Almonte como de los agricultores como cesionarios para utilizar el agua de los pozos construidos dentro del plan Almonte-Marismas».

Se le considera responsable junto a Salinas y Anda «de no iniciar trámites de regularización de las explotaciones y de permitir el uso continuado de estos recursos hídricos con conocimiento de la afectación del acuífero 27 y el deterioro subsiguiente del medio natural del Parque de Doñana mediante su reducción injustificada».

¿Qué delito se le imputa y quién debe también responder?

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva) considera a los exregidores Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez Iglesias (PP) partícipes en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el mismo del que deben responder el exconsejero Luis Planas y otras 14 personas, administradores de explotaciones agrícolas de cultivo de frutos rojos desde mediados de los años 90 y, en lo que afecta al procedimiento judicial, al menos entre 2009 y 2012, «haciendo uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la zona».

La actuación de los investigados provocó «un perjuicio irreparable al medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de las cantidades de agua disponibles para la supervivencia de animales y flora natural del espacio protegido conforme a los informes obrantes en autos», concluía el auto judicial.

¿Por qué la Fiscalía de Medio Ambiente no acusará al ministro?

«El Ministerio Fiscal no formulará acusación contra el investigado», escribió el pasado diciembre el fiscal delegado Alfredo Flores en su último escrito dirigido al juzgado, «valorando positivamente el contenido técnico y la aportación del recurso interpuesto» por Planas aunque rechazándolo hasta en dos ocasiones, la primera en julio de 2016.

Según se desprende de un primer escrito de marzo de 2016, el caso de Planas, según el fiscal, podría asemejarse al de Clara Aguilera, antecesora de éste al frente de la Consejería de Agricultura y Pesca y diputada socialista en el Parlamento Europeo desde 2014. «No existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la continuación de la investigación respecto de su persona», decía sobre Aguilera. La «única conexión» de Aguilera con los hechos -que podría hacerse extensible a Planas- es «el dato puramente formal» de haber sido consejera, a quien Planas sustituyó en mayo de 2012 hasta diciembre del mismo año cuando quiso enfrentarse a Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz, aunque finalmente no logró los avales suficientes.

Al no acusar la Fiscalía, que es la única acusación en la causa, Planas quedará apartado del procedimiento en cuanto el Ministerio Público presente su escrito y no irá a juicio. Para llevar a cabo las plantaciones sobre las que se investiga, se firmaron convenios en 1996, 1997, 2001 y 2006 con el Ayuntamiento de Almonte como cesionario de los terrenos tras acuerdos con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), ahora extinguido, para la realización de experiencias de introducción del cultivo de fresas compatibles con el medio ambiente.

¿Por qué la Fiscalía se opuso al archivo de la causa contra Planas?

Resumidamente, y como dijo textualmente el fiscal en uno de sus escritos, porque «no estamos en el momento procesal para determinar contra qué investigados debe continuar la causa», dijo el fiscal en julio de 2016 cuando se opuso al recurso de reforma de Planas. En diciembre de 2017, se opuso al recurso de apelación contra el auto de octubre de 2017 desestimatorio del anterior. «Se interesa de la Ilma. Audiencia, la confirmación del auto recurrido por entender que es formalmente correcto y está motivado, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal no formulará acusación contra el investigado», señaló concretamente.

¿Qué papel jugaba la Junta, según la Fiscalía?

Las competencias de la Junta de Andalucía en materia de aguas se ejercieron entre enero de 2009 y octubre de 2011. La querella por la cual se inició el proceso comprendía los años 2010-2013, si bien su actuación quedaba limitada al periodo entre enero de 2010 y octubre de 2011. Antes y después sería competente la Administración Estatal, en concreto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como organismo de cuenca, recordaba el fiscal en su escrito de marzo de 2016.

Dicho panorama temporal y competencial «impide determinar a nuestro entender, en este momento y con la mínima seguridad jurídica en un proceso penal, que los investigados en el marco de dicha Administración [Junta de Andalucía] hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento».

¿Cuál es el problema de fondo en Doñana?

Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la esquilmación del acuífero de Doñana  conocido el verano pasado destaca que en los últimos veinte años «los niveles de las aguas subterráneas han disminuido», con el agravante de que los niveles ya eran «notablemente bajos» por culpa de una intensa sequía. Los científicos recordaban que el acuífero Almonte-Marismas (el acuífero de Doñana al que se refiere el auto judicial) se va a ver muy afectado por el cambio climático.

Desde 2009, la Unión Europea investiga qué está ocurriendo con el agua en Doñana. En 2016, la Comisión Europea lanzó un ultimátum a España antes de sancionarla,  por permitir la sobreexplotación de sus acuíferos. Según aquel informe, la administración española no había logrado disuadir «a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales». La organización ecologista WWF  denunciaba el año pasado que los cultivos han seguido creciendo irregularmente al norte del espacio protegido en los dos últimos años.

https://www.eldiario.es/andalucia/claves-imputacion-ministro-Planas_0_782172684.html