El “cabreo” de la ministra de trabajo al enterarse de la constitución del sindicato de “trabajadoras sexuales” OTRAS, que está en vías de impugnación, ha dejado al descubierto las discrepancias al respecto en su equipo, pero sobre todo el cinismo, la hipocresía y la actitud cobarde de este gobierno ante la prostitución.

Se multa a los clientes o a quienes venden su cuerpo en la vía pública, pero ningún  gobierno quiere enfrentar a los empresarios de la industria del sexo, incluidos proxenetas y traficantes de personas, que amparados por el vacío legal y el limbo jurídico en que se encuentra esta actividad, hacen caja a costa de nuestros cuerpos. España es el país de la UE que más prostitución “consume”.

Una industria que mueve miles de millones al año y cuyos ingresos son contabilizados dentro del PIB. Dueños de locales y clubes de alterne están registrados en la Dirección General del trabajo desde 2004. Según el Código penal, el proxenetismo solo es delito si se demuestra la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”, aunque la mayoría de las víctimas de explotación sexual son localizadas en establecimientos regentados en régimen de proxenetismo consentido.

Un discurso abolicionista que es una pantomima. ¡Organicémonos para luchar ya!

Este gobierno que se dice feminista, supedita los recursos contra la desigualdad y la violencia machista y para poner en marcha flamantes Pactos de Estado, a la aprobación de su senda del déficit, lo que supone mantener los recortes y planes de austeridad que llevamos años sufriendo y que recaen sobre todo en nosotras.

Combate policialmente las redes de trata  y acoge por “razones humanitarias” personas refugiadas. Pero acata las políticas de control de fronteras de la UE que promueven el tráfico ilegal de personas para la prostitución.

Defender a las prostitutas no significa estar a favor de regularizar la prostitución

Desde Corriente Roja, acorde con la visión marxista, consideramos la prostitución una forma extrema de explotación sexual y opresión. No estamos a favor de su legalización o regularización, pero denunciamos la violencia y criminalización hacia las personas que se prostituyen. Sabemos que no es posible erradicar esta lacra social sin acabar con las bases materiales en que esta se apoya.

Estamos en contra de la creación de ese mal llamado sindicato, detrás del cual se esconden quienes quieren seguir haciendo negocio con la prostitución. La Asociación  promotora del mismo imparte “cursos” que cuestan entre  60 y 90 euros, que consideran “imprescindibles para ejercer esta profesión “y en su página se anuncian “scorts” para “servicios de compañía y momentos de relax”.

Exigimos:

¡Basta de justicia patriarcal. El proxenetismo de cualquier tipo es delito, no una actividad empresarial!

¡Recursos de atención, protección y regularización inmediata para víctimas de trata y explotación sexual, sin necesidad de que denuncien, ya que muchas no lo hacen por miedo y por su situación administrativa!

¡Juicio y castigo a quienes ejerzan violencia contra quienes se prostituyen, acabando con la   normalización social que existe!.

¡ Educación sexual y en valores de igualdad en la Educación pública que promueva el  respeto a la libertad del otro-a en su diversidad y no la cosificación, mercantilización e hipersexualización del cuerpo de la mujer!

http://kaosenlared.net/estado-espanol-el-cabreo-de-la-ministra-y-la-hipocresia-de-este-gobierno/