El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, califica de «situación inédita» la marcha atrás del Supremo para revisar la sentencia que el jueves dictó que deben ser los bancos quienes paguen el impuesto de las hipotecas. En conversación con eldiario.es, González añade que si la sentencia del jueves tiene  consecuencias económicas deberían ser «los poderes públicos» los que adopten «las medidas procedentes».

«El presidente de la Sala considera que es un tema que debe tratar el Pleno, pero en base a argumentos como son las consecuencias económicas que no compartimos. No se puede imponer la lógica del mercado a la lógica del Derecho, y los magistrados han resuelto conforme a Derecho», afirma González Vega.

Minutos después de que se conociese esta intervención, desde Juezas y Jueces para la Democracia tachaban a través de las redes sociales de «intolerable» que la sentencia «velando por los intereses de la ciudadanía» se vaya a revisar «por los intereses de la banca». Ahora serán los 31 magistrados del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo quienes aclaren qué doctrina se aplica a petición del presidente de la Sala, Luis María Díez Picazo,  una decisión inusual.

¿Cuál es su opinión sobre la revisión del criterio sobre el impuesto de las hipotecas?

Es una situación inédita porque hasta la fecha no se había producido esta revisión. Es llamativo que una sentencia dictada por especialistas, los especialistas del Tribunal Supremo en materia tributaria, vaya a ser revisado el criterio por el Pleno de la Sala, donde hay magistrados que conocen de otras materias.

¿Por qué cree que ha podido ocurrir? ¿Por qué el Supremo ha tomado esta decisión dictada la sentencia y no antes?

Parece ser que el presidente de la Sala considera que es un tema que debe tratar el Pleno, pero en base a argumentos como son las consecuencias económicas [ el Supremo justifica su decisión por la «enorme repercusión económica y social» de la sentencia] que no compartimos. No se puede imponer la lógica del mercado a la lógica del Derecho y, en este caso concreto, los magistrados especialistas han resuelto conforme a Derecho. Si hay unas consecuencias económicas serán los poderes públicos los que tienen que adoptar las medidas en su caso procedentes.

En una primera reacción  a través de redes sociales apuntaban que se va a revisar por los intereses de la banca.

En principio ahí hay dos intereses, los intereses de la banca y los de los consumidores. La cuestión es

tá en que esta sentencia ha amparado los intereses de los consumidores y parece que se va a revisar el criterio. Esperaremos a ver cuál es la decisión última del Pleno.

¿Cree que puede generar inseguridad jurídica a los ciudadanos?

Genera inseguridad jurídica situación en la que nos encontramos, donde hay una sentencia firme que da la razón a los consumidores y, por otra parte, hay una decisión del presidente de la Sala de abocar al Pleno algún recurso para poder fijar un criterio, con lo cual es de esperar que se vaya a cambiar de criterio.

¿La decisión del presidente deja en mal lugar a los jueces que firmaron la sentencia?

Creo que los jueces que firmaron la sentencia han resuelto conforme a Derecho. Habrá que valorar quién es el que queda en peor situación y habrá que ver también los argumentos que se dan en la Sala.

¿Considera que se ha dado una mala imagen de la Justicia con ese cambio en 24 horas?

Da una mala imagen de la Justicia, evidentemente, eso es innegable. Los ciudadanos están perplejos con el cambio de criterio.

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