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El Congreso ha dado hoy el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo, una iniciativa de Unidos Podemos que los socialistas se han abierto a debatir.
La toma en consideración de la proposición de ley ha sido aprobada en el pleno de la Cámara con 180 votos a favor y 166 en contra.
PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han manifestado su oposición al considerar que la propuesta concede “barra libre” para amenazar, insultar o incitar al odio y compromete además la “defensa de los valores constituciones”.
Pero no lo han entendido así el resto de formaciones del arco parlamentario, que han cargado contra los “artículos anacrónicos” que castigan las críticas y ponen coto a la libertad de expresión, como así evidencian, en su opinión, los casos del actor Willy Toledo, el rapero Valtonyc o los titiriteros de Madrid.
En su defensa de la iniciativa, Alberto Garzón ha manifestado que “todas las críticas están amparadas por la libertad de expresión”, ya sean contra una religión, la Corona, los símbolos o las instituciones del Estado, porque es algo legítimo en democracia.
A su juicio, ante “la involución de la libertad de expresión en nuestro país” se hace necesario presentar una propuesta que busca despenalizar las críticas a la monarquía o los chistes de artistas para acabar con “una situación bochornosa” que solo se explica por “artículos obsoletos y anacrónicos”.
Las principales críticas han estado dirigidas a su intención de derogar el “ambiguo” delito de enaltecimiento del terrorismo, pero, en opinión de Unidos Podemos, no “deberían estar penadas conductas que carecen del riesgo real de materializarse”.
Sin entrar en el fondo de la cuestión, el PSOE ha avalado la tramitación de la iniciativa, ya que “es un hecho que en la sociedad existe un debate serio sobre los limites de la libertad de expresión”, si bien ha avanzando que presentará “todas la enmiendas necesarias en base a criterios de proporcionalidad en una sociedad”.
Los socialistas han descrito un escenario en el que existe una “excesiva penalización”, “imprecisiones en la regulación penal” y “muchos artículos que no se aplican” que demuestran que “el Derecho Penal no es la herramienta más adecuada” para la protección de derechos con los que pueda colisionar la libertad de expresión.
En el acuerdo presupuestario que alcanzaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se incluyó la reforma de los delitos de injurias a la Corona y ofensas a los sentimientos religiosos, pero quedó fuera el de enaltecimiento del terrorismo.
ERC ha garantizado su apoyo a la iniciativa ante los numerosos casos en los que “instituciones y personalidades considerados intocables por los poderes fácticos han prevalecido sobre el libre ejercicio de derechos”, y también han avalado la toma en consideración de la proposición PDeCAT y Compromís y PNV, cuyo portavoz ha pedido iniciar un debate sosegado de una norma no exenta de aristas.
Frente a ellos, el PP ha rechazado de plano una iniciativa que, a su juicio, supone dar “barra libre” para amenazar y buscar la impunidad de los acosadores.
El portavoz popular, Leopoldo Barreda, ha garantizado que, frente a quienes jalean a los violentos, los populares siempre estarán del lado de las víctimas y ha instado a Unidos Podemos a denunciar, por ejemplo, las violaciones a las libertades de los no independentistas en Cataluña o las que se viven en países como Venezuela o Irán.
Ciudadanos, por su parte, ha querido dejar claro que, para ellos, la libertad de expresión es un pilar básico de la democracia, pero ha advertido de que los delitos que se quieren derogar protegen los símbolos comunes y las instituciones democráticas y ha asegurado que defenderlos es defender los valores constitucionales.
Su portavoz de Justicia, José Ignacio Prendes, ha tachado además de “absolutamente repulsivo” pedir la supresión del enaltecimiento del terrorismo cuando sigue habiendo más de tres centenares de asesinatos de ETA sin condenas, en línea con lo manifestado por Foro Asturias y UPN.