Samar Badawi, de 37 años, lleva mucho tiempo defendiendo los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, que es como decir que es una defensora de los derechos humanos. En 2012 viajó a EEUU para recibir un premio de manos de Michelle Obama y Hillary Clinton e intervenir ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Desde 2016, las amenazas de las autoridades le habían forzado a reducir casi a cero su actividad por miedo a lo que pasaría a sus dos hijos si la encarcelaban.

En julio, fue detenida sin que hasta ahora se hayan presentado cargos contra ella. Su familia no sabe por qué está en prisión. Teme que fue arrestada sólo porque era conocida fuera del país. El príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, no quería que ninguna mujer manchara con nuevas protestas su imagen «reformista» elogiada en el extranjero por el fin de la prohibición de conducir para las mujeres.

«Está intentando silenciar a todo el mundo», dijo hace unos días a The Washington Post Yahya Assiri, un activista amigo de Badawi que vive en el exilio en Londres. «No quedan defensores de los derechos humanos libres en Arabia Saudí. Todos están encarcelados».

A miles de kilómetros de distancia, la Comisión de Defensa del Congreso debatió el martes la venta de armamento a Arabia Saudí. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi había rescatado de las votaciones rutinarias una proposición no de ley de Compromís presentada en abril para reclamar el fin de la venta de armas a ese país por sus ataques aéreos sobre Yemen que han provocado la muerte de miles de personas.

La iniciativa hubiera sido antes rechazada sin contemplaciones por PSOE, PP y Ciudadanos –en la votación del martes tuvo nueve votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones– con las habituales apelaciones a la necesidad de defender los puestos de trabajo de la industria española de defensa.

Veinte días después del asesinato de Khashoggi en el consulado de Estambul, que reveló para los que no lo conocían el auténtico rostro de la actual monarquía saudí, los diputados de esos partidos se vieron obligados a hacer algunas contorsiones, es decir, intensos llamamientos en defensa de los derechos humanos que luego quedaban en cuarentena por muy diversas razones, algunas algo difíciles de convertir en argumentos.

«Vamos a estar en contra de todos los malos, no sólo de los malos a la carta», dijo la diputada del PP María José García-Pelayo. Se desconoce quiénes son estos últimos. Quizá tenga que ver con los países de los que informan los medios de comunicación. La diputada dijo después que estaba lista para defender los derechos de las personas «vivan en Venezuela o Yemen». Pero no llegó a decir qué iba a hacer tras la muerte de 16.000 personas muertas en Yemen o por los millones de personas que no tienen qué comer a causa de la guerra.

Para desentrañar qué es eso de «malos a la carta», fue útil la intervención del diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones con un mensaje similar a la representante del PP, aunque en tonos mucho más sarcásticos. «Los tiempos mediáticos no son los mismos que los tiempos judiciales», advirtió. Se diría que no hay que fiarse mucho de lo que sale publicado en los medios de comunicación.

Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre y hemos sabido muchas cosas sobre lo que ocurrió gracias a la información con que cuentan las autoridades turcas. Quizá el PSOE esperé a una investigación judicial que produzca una sentencia que además luego será firme tras el recurso, no se sabe muy bien ante qué tribunal. Para entonces, quizá ya estén terminadas las cinco corbetas en los astilleros de Cádiz y Ferrol.

Las incógnitas sobre la investigación

¿Quién se ocupará de ella? Gutiérrez Limones dijo que el PSOE apoya el llamamiento hecho por el secretario general de la ONU, António Guterres, en favor de una investigación, defendida en términos generales sin concretar quién la hará, cómo y dónde. Guterres también dijo que estaba «profundamente preocupado», «deeply concerned», las dos palabras que nunca faltan en estos comunicados y tras las cuales pocas veces ocurre algo.

Hay una investigación policial en marcha en Turquía, pero los integrantes del equipo que asesinó a Khashoggi están detenidos en Arabia Saudí, de donde es seguro que no saldrán. La primera versión oficial saudí –fue estrangulado y murió por accidente cuando se desencadenó una improbable pelea– ha sido rechazada por todo el mundo. Ni siquiera Donald Trump se la cree del todo, aunque eso depende del día en que se lo pregunten.

Reclamar una investigación realizada por la ONU, no por esos «tiempos mediáticos», permite dilatar en el tiempo cualquier respuesta, porque resulta complicado que se lleve a cabo. Es cierto que la han pedido varias organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. También hay que recordar que el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, dijo que sólo es posible si la solicitan las partes implicadas o si hay un mandato de un organismo de la ONU, como el Consejo de Seguridad.

Todo sería más fácil si los países europeos fueran unidos –difícil ya que no hay una política exterior común en la UE– y España formara parte de ese pelotón sin llamar la atención. «Las decisiones tendrán que ser colectivas, como miembros de la Unión Europea. No valen iniciativas unilaterales, como la de Alemania», dijo el socialista. Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha hecho daño el anuncio de Angela Merkel de suspensión temporal de futuras ventas de armas.

El argumento utilizado en España es dar por hecho que Merkel es una hipócrita, porque su país vende pocas armas a Riad. España tiene mucho más que perder. «Estamos jugando con una de las zonas más deprimidas. Estamos jugando con 6.000 puestos de trabajo», dijo Gutiérrez Limones.

Frente al argumento económico, que en su momento suscribió el alcalde de Cádiz, la diputada de Compromís Marta Sorlí dijo que «los derechos humanos deben estar por delante del negocio». Carmen Valido, de Unidos Podemos, planteó dos soluciones: en primer lugar, «buscar un comprador alternativo» para las corbetas. No es un mercado en el que haya muchos clientes potenciales. El diputado socialista lo aprovechó para decir que igual se podían vender «a otro país que les dará seguro un uso artístico o recreativo».

Si no se encuentra otro comprador, la alternativa ofrecida por Valido es «invertir en la industria hasta conseguir la carga de trabajo correspondiente». En los pasillos del Congreso, Pablo Iglesias reclamó un «rescate público» de los astilleros con «un proyecto industrial diferente en nuestro país». Se desconoce con qué cantidad de fondos públicos. Esas cifras no aparecen en el acuerdo presupuestario que firmaron el Gobierno y Podemos.

La presión no saldrá de aquí

Tras el ataque a un autobús escolar en Yemen en el que murieron 40 personas, la mayoría niños, los saudíes afirmaron que era un objetivo legítimo. Siempre dicen lo mismo en sus bombardeos con armas guiadas por láser, como las que España se ha comprometido a venderles. Luego, las imágenes y cierta presión exterior les obligaron a reconocer que había sido un error, no muy diferente en realidad de sus innumerables ataques directos y premeditados contra la infraestructura civil de Yemen.

Es poco probable que esa presión exterior les llegue de España. Estamos en contra de «todos los malos» y a favor de los derechos humanos, pero 6.000 puestos de trabajo son muchos puestos de trabajo.