El Gobierno defiende que el límite legal de tóxicos en los fertilizantes agrícolas sea el triple de lo que proponen la Comisión y el Parlamento europeos. España ha aflojado un poco la postura de bloqueo que  impuso la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina (PP), a la hora de establecer umbrales máximos de cadmio en los abonos, pero se ha colocado junto a la propuesta más favorable para la industria que representa el Consejo de Europa.

Agricultura secunda ahora que los fertilizantes a base de fósforo utilizados en la producción agrícola deban limitar su contenido de cadmio a 60 mg por kilo. Y mantener ese umbral, al menos, 16 años antes de revisarse. Tanto la Comisión como el Parlamento piden que el límite final sea 20 mg/kg con fases intermedias, aunque difieren en el calendario de aplicación –la Cámara da más tiempo a la industria para adaptarse–. El cadmio es un metal pesado tóxico y reconocido c arcinogénico. «Afecta especialmente a los sistemas respiratorio, renal y reproductivo. También es muy tóxico para los organismos que viven en ecosistemas acuáticos», explica Agricultura en su página web.

El límite de tóxico de 60 mg que postula el Consejo de Europa (y apoya ahora España) le parece bien a la patronal europea de fertilizantes, Fertilizers Europe, según ha reconocido un portavoz de la asociación a eldiario.es: «Abogamos por un límite mínimo de 60 mg/kg. Ir más allá es innecesario desde un punto de vista científico y claramente dañino para la industria europea».

El Gobierno heredó la posición maximalista sostenida por García Tejerina (antigua alta directiva del mayor productor de fertilizantes español, Fertiberia): un límite legal de 75 mg de cadmio por cada kilo de producto. Con esos niveles, España compuso un grupo de bloqueo que impedía el acuerdo al que estaban adscritos,  además, Portugal, Reino Unido, Polonia, Rumanía y Bulgaria.

La nueva postura del Ministerio de Agricultura facilita la negociación aunque sigue entendiendo que el cadmio no supone un peligro en España: «Los trabajos científicos no muestran una situación preocupante», ha contestado a la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez Hernández. Con esa premisa justifica impulsar una regulación más permisiva para los productores.

El Ejecutivo argumenta su postura en que considera que en el campo español se pueden esparcir fertilizantes de fósforo con más cadmio tóxico que en otros países de la Unión Europea. Existe, afirma, «cierto margen para poder emplear fertilizantes con un contenido medio más elevado», razona el Ministerio. Se apoya en que los análisis de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria no han detectado productos vegetales con niveles de cadmio por encima de la normativa y que la presencia del metal pesado en lo suelos agrícolas españoles es baja.

Aunque en Agricultura subrayan que «no se trata tanto de defender a un sector industrial como, fundamentalmente, de asegurar la disponibilidad de un insumo imprescindible para su producción», la patronal española ANFEE contesta que «el sector ha apoyado siempre a la Administración Española, que mantiene que en nuestro país no tenemos problemas con el cadmio». Y coincide en el argumentario: «El contenido en nuestros suelos es bajo y las condiciones climatológicas y la naturaleza de los suelos españoles no benefician su acumulación en los alimentos».

La amenaza rusa

Los fabricantes españoles repiten que los umbrales más estrictos «no están justificados» y deslizan que las negociaciones para establecer esta nueva regulación están influidos por uno de los grandes productores de fósforo: Rusia, cuyo material presenta menores índices de cadmio.

«El gran riesgo de la propuesta de la Comisión Europea es dejar la producción de roca fosfórica en manos de muy pocos distribuidores, lo que es peligroso, sobre todo en una materia prima estratégica», coincide el Gobierno español. El gran suministrador de este producto para la industria española es Marruecos (país en el que el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, fue embajador durante ocho años), y su producto está más cargado de este metal pesado. También sostiene que cuentan con el respaldo de las confederaciones europeas donde se integran los sindicatos agragrios UPA, COAG y Asaja, además de la Unión de Cooperativas.

«Siempre que surge un proyecto de regulación medioambiental aparece el contrargumento económico», cuenta el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde. «Lo que se debe hacer en buscar alternativas si hay riesgo de oligopolio, no rebajar la protección», insiste. López de Uralde ha solicitado al Gobierno que clarifique su posición y pide que se adhiera a la postura del límite más exigente.

Casi a modo de contestación, el Ejecutivo asegura que se ha manifestado «favorable a la imposición de límites en metales pesados en todos los productos pero defiende que estos límites deben tener en cuenta las técnicas existentes y las posibilidades reales de sustitución por otras materias primas». La negociación europea a tres bandas se prevé todavía complicada. La  presidencia de turno de la UE, que corresponde a Austria, avisó al iniciar su mandato que «dada la naturaleza muy técnica de la materia, se espera que las negociaciones se alarguen durante el verano y el otoño».

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