Por RT

El Congreso del país sudamericano avanza en la modificación de la legislación mientras organizaciones campesinas y de productores sostienen que se busca beneficiar a las grandes empresas.

Argentina es uno de los principales productores agropecuarios del mundo. En ese contexto los debates relacionados con ese sector de la economía resultan trascendentales para el país y, por eso, a pesar de la poca difusión que se le ha dado, la modificación de la Ley de Semillas que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri tendrá repercusiones en millones de personas.

Esto es, además, un reclamo histórico de empresas multinacionales que buscan obtener mayores ganancias por la comercialización de sus semillas genéticamente modificadas.

El debate en el Congreso

El pasado martes 13 de noviembre se reunieron las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara de Diputados de Argentina. El objetivo era debatir una reforma a la legislación que regula el uso y distribución de las semillas, vigente en el país desde 1973.

Desde el oficialismo de la Alianza Cambiemos lograron un dictamen por mayoría, pero que no tuvo el acompañamiento de ningún bloque de la oposición. Esto supone un problema a la hora de votarlo en la Cámara Baja, ya que necesitan el respaldo de otros sectores para aprobarla. Las negociaciones avanzan contra reloj, con el objetivo de que la ley sea tratada este miércoles.

En paralelo, más de 200 organizaciones de productores, campesinos y pueblos originarios realizaron una conferencia de prensa. Allí denunciaron la iniciativa que, según su punto de vista, busca avanzar en la privatización de las semillas para favorecer a grandes empresas como Monsanto, Bayer y Syngenta.

La principal modificación apunta a limitar el llamado “derecho de uso propio”. Hasta ahora, los productores compraban las semillas a las multinacionales, pero luego podían volver a sembrarlas de manera gratuita utilizando, para ello, la producción de su propia cosecha. Sin embargo, la legislación que se busca aprobar plantea el pago de regalías por la reutilización del producto en el marco de unos supuestos “derechos de propiedad intelectual”.

Para eso fue necesario modificar la denominación de la semilla, que dejó de ser considerada como algo vivo (y por lo tanto no se le pueden establecer derechos de ‘copyright’) para ser entendida como “material vegetal“.

De esta manera, el Instituto Nacional de Semillas será la autoridad de aplicación que, ante el pedido de las empresas, tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre”. El texto precisa que “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.

Excepciones que no son tales

Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencias Políticas e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, explicó a este medio que con esta ley la reutilización de semillas “deja de ser un derecho libre y gratuito, tal como se estipulaba”. No obstante, aclara que, formalmente, hay una excepción para dos tipos de agricultores: “aquellos inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y los pueblos originarios, pero no se aclara quiénes son ni quién lo define; y a su vez los productores que entran en la categoría de micropyme”.

Sin embargo, en opinión de la entrevista, existe una “trampa”, ya que uno de los debates que se suscitaron tuvo que ver con declarar la ley “de orden público”. “Si es así, ninguna disposición por fuera puede contradecirla, pero las empresas no querían que salga así”, apuntó Perelmuter.

Finalmente, lo que se negoció es que algunos artículos en particular sean de orden público pero no el artículo 27, que es el que aclara cuales son las excepciones. “Ya de por sí eso es bastante complejo porque hay un derecho que deja de serlo para ser una excepción, pero así y todo podría haber acciones o resoluciones de las empresas que lo violaran“, completó la especialista.

Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale declaró a iProfesional que esta reforma legislativa se inscribe en un proceso que tiene más de 20 años. “Es la frutilla del postre que se inició en los años ’90 con la irrupción de la soja transgénica”, dijo Viale, añadiendo que “esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años e implica privatizar el sistema agropecuario argentino”.

En el mismo sentido, el ingeniero agrónomo Raúl Botessi destacó durante la conferencia de prensa frente al Congreso que “la semilla es un bien público, es el alimento básico de los pueblos”. “Esta ley va a permitir que las semillas que son nuestras, pasen a ser de las grandes corporaciones y que encima se las paguemos”, completó.

Santiago Mayor