La Fiscalía quiere generalizar los pinchazos a las víctimas de violencia en los casos en los que «se acredite un previsible grave riesgo para su vida». Así se refleja en el borrador de circular sobre interceptación de comunicaciones al que ha tenido acceso eldiario.es y que la Junta de Fiscales de Sala ha empezado a debatir a principios de este mes. Las indicaciones que el Ministerio Fiscal quiere trasladar a todo su organigrama plantean que el control sobre los dispositivos de comunicación de una víctima pueden ser acordados «con su consentimiento o sin él».

La medida supone el desarrollo de una previsión que ya se había incluido en la reforma que el Gobierno del PP hizo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, a propuesta del informe elaborado entonces por el Consejo Fiscal. Es ahora cuando la Fiscalía General del Estado ha decidido incluir la propuesta en una circular en la que se dan las pautas para que los fiscales la empiecen a aplicar con carácter general.

En el marco de las investigaciones, el juez es el encargado de acordar las diligencias de intervenciones telefónicas a instancias de Fiscalía o Policía Judicial. A partir de ahora, entre ellas se establecerá de manera habitual el pinchazo de los teléfonos de «víctimas».

Según el borrador de circular al que ha tenido acceso este periódico, «la existencia de un grave riesgo para la vida de la víctima se alza como requisito esencial para la adopción de la diligencia». Solo en los casos más graves, aclara el texto, se acordará que los pinchazos puedan producirse sin el consentimiento de la persona cuya vida pueda estar en riesgo.

Fuentes de la Fiscalía, consultadas por eldiario.es, explican que los pinchazos sin el consentimiento de las víctimas son «prácticamente obligados» en el caso de desapariciones o secuestros. En esas circunstancias, el objetivo que se persigue es ofrecer elementos a la investigación como la geolocalización de la persona desaparecida a través de los datos ofrecidos por su terminal telefónico. Así sucedió  en el caso de la desaparición de Diana Quer, en el que la investigación centró sus primeras investigaciones en el análisis de los datos de ubicación ofrecidos por el terminal telefónico de la joven.

La medida pretende ofrecer herramientas para investigar delitos que comporten la desaparición de personas, posibles secuestros o incluso la trata de personas. Tampoco se descarta la utilización de la medida en casos de violencia machista en los que la vida de la víctima esté en grave riesgo. Según los últimos datos del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género a fecha 31 de enero, un total de 21 víctimas se encuentran en situación de «riesgo extremo» y otras 221 han sido calificadas como casos de «riesgo alto».

eldiario.es se ha puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado para preguntar si los pinchazos telefónicos serán uno de los métodos para continuar las investigaciones sobre la situación de víctimas de violencia machista que han decidido retirar las denuncias. Según un portavoz de este organismo, «no se hacen valoraciones sobre circulares que aún están en fase de borrador y siendo discutidas en el seno de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo».