El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha explicado que su formación política incluirá en el programa para las generales del 28 de abril una reforma integral del mercado laboral, con una reducción de jornada hasta las 34 horas semanales y vincular las subidas salariales a la productividad. Además, plantea que en las épocas de crisis, la flexibilidad que requieren las empresas se haga mediante la reducción de jornada pero manteniendo el salario, cuya diferencia compensaría el Estado con cargo al subsidio de desempleo. De esta forma, expone, se evitarían despidos y reducciones de salarios.

En este sentido, el responsable de Economía de la formación morada explica en una entrevista con Europa Press que la reducción de jornada laboral se aplicaría de forma generalizada para todos los asalariados y asalariadas, a 34 horas semanales pero sin reducción salarial, de tal forma que la jornada de trabajo sería de siete horas al día y de seis, los viernes. El objetivo de esta medida es impulsar la reorganización de horarios necesaria para conciliar la vida laboral y familiar.

Pero esa reducción de jornada no iría acompañada de una bajada en el salario, según Álvarez, quien precisa que el Estado aportaría la diferencia «con cargo al derecho de los trabajadores a cobrar el subsidio de desempleo en el futuro». En cuanto a los modelos de contrato, defiende que debe haber un único contrato temporal cuya duración sea de un mínimo de un mes y con una utilización que esté justificada, es decir, que debe tener una causa para que no se abuse de él. Y para desincentivar el uso del mismo, propone que la indemnización por despido sea de 33 días por año trabajado.

Renta básica garantizada

Álvarez también ha explicado que su formación apostará por una renta básica garantizada para los hogares sin recursos que iría de los 600 a los 1.200 euros – en función de los miembros de la unidad familiar – y tendría un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Para poder hacer frente a estos pagos, la formación morada propone establecer un impuesto a los grandes fortunas de entre el 2 y el 3 por ciento.

La cantidad aportada dependería del número de miembros de la unidad familiar. Así, para un solo adulto, sería esos 600 euros; para unidades de convivencia con dos adultos computables, esta cantidad se incrementaría en un 50 por ciento y para el resto de unidades de convivencia, el umbral básico sumaría un 15 por ciento adicional por cada una de las restantes personas a computar, hasta 4 en total. En la propuesta de Podemos se prevé incorporar una prestación por hijo a cargo de unos 1.200 euros al año por menor.

La intención de Podemos es que este programa se financie con un impuesto a las grandes fortunas, es decir, que se aplicaría a los declarantes que tengan más de un millón de patrimonio neto, después de descontar los créditos y con una exención de 400.000 euros, incluyendo la vivienda habitual. El número de declarantes que cumplen esas condiciones se eleva a 94.000. El tipo a aplicar, según señala Nacho Álvarez, oscilaría en una escala progresiva que iría desde el 2 al 3 por ciento, en función de que el patrimonio sea superior al millón neto o a los 100 millones. Con ello, confían en recaudar «en torno a un 1 por ciento del PIB».

Sanciones ejemplares para evitar falsos autónomos

Además, en el programa plantearán una subida del IRPF para ingresos superiores a 100.000 euros, elevar tres puntos la tributación de las rentas del capital o establecer un mínimo del 15 por ciento para el impuesto de Sociedades, que se elevaría al 20 por ciento para la banca.

El secretario de Economía del partido liderado por Albert Rivera también expone el planteamiento de su formación para evitar que se siga produciendo en España la contratación de falsos autónomos por parte de las empresas. Para ello, plantea la aplicación de «sanciones ejemplares» a los que incumplan la legalidad. Aunque, no especifica las cuantías, sí señala que tienen que ser unas sanciones que desincentiven el proceso de generación de falsos autónomos y añade que, en todo caso, «la inspección de trabajo tiene que actuar en este problema porque empieza a generalizarse».

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