Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela han puesto en riesgo la vida de muchos enfermos y pacientes venezolanos, denuncia un funcionario chavista.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, informó el domingo de que los embargos impuestos por Washington a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) implican en la práctica la suspensión de programas de salud para pacientes en situación vulnerable, y por tanto ponen en peligro su vida.
“Hemos presentado en las últimas semanas evidencias de cómo ese bloqueo económico y financiero está impactando en los sectores más vulnerables de nuestra población y en este caso a pacientes, personas enfermas”, indicó Devoe en declaraciones hechas en una entrevista con la agencia china de noticias Xinhua.
Las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela, agregó, han afectado a personas que requieren ser sometidas a intervenciones quirúrgicas para salvar su vida, y como ejemplo, citó los programas de salud que adelantaba PDVSA con instituciones en Italia y Argentina: actualmente en impasse por las sanciones “ilegales e unilaterales” del Gobierno estadounidense.
“En la actualidad tenemos cerca de 24 pacientes allá en Italia, están recibiendo tratamiento, pero su situación está en riesgo, porque el sistema financiero internacional se niega a tramitar las transferencias bancarias solicitadas por PDVSA”, insiste.
Hemos presentado en las últimas semanas evidencias de cómo ese bloqueo económico y financiero está impactando en los sectores más vulnerables de nuestra población y en este caso a pacientes, personas enfermas”, denuncia el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, sobre las sanciones de EE.UU. a Caracas.
Washington, a fin de apoyar al opositor Juan Guaidó —que se autoproclamó en enero presidente interino de Venezuela—, ha establecido varias nuevas rondas de sanciones contra la nación venezolana. La última, decretada el viernes, afecta a dos compañías navieras y buques petroleros vinculados con el Ejecutivo chavista.
Las autoridades venezolanas consideran que las sanciones del imperio estadounidense a Caracas son parte de la “fracasada estrategia” de la Casa Blanca para orquestar un golpe de Estado y sacar del poder al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.
También las califican de “crimen de lesa humanidad”, pues están repercutiendo negativamente en la población. De hecho, según un estudio elaborado en abril, las sanciones impuestas desde agosto de 2017 contra Caracas por Washington han ocasionado la muerte de unas 40 000 personas.
Diferentes países, organizaciones pro derechos humanos y entes internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han fustigado también la campaña de presión financiera y militar de EE.UU. contra Venezuela, y han expresado su respaldo al Gobierno constitucionalmente elegido de Maduro.
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