Cada año en España los jueces resuelven en torno a seis millones de asuntos. El tiempo que ocupan en alrededor de una cuarta parte de ellos podría ahorrarse mediante el uso de robots o soluciones de automatización basadas en algoritmos, según «estimaciones razonables» de fuentes expertas en conversación con Vozpópuli tras analizar los casos de países europeos pioneros en el área: Francia y Estonia.

El Gobierno de Francia ha comenzado a implementar un proyecto de reforma de la Justicia (2018-2022) que abordará una primera introducción de este tipo de soluciones con al menos 500 millones de euros dirigidos a la digitalización para, entre otras cosas, automatizar cuestiones que sacan mucho tiempo a los jueces. El proyecto francés apunta así a la posibilidad de implementar «mecanismos algorítmicos de resolución de conflictos para asuntos judiciales relativamente menores» por valor de entre 4.000 y 6.000 euros.

«Se establece un intervalo específico para limitar la complejidad de una primera solución que igualmente ya ahorraría mucho trabajo a los jueces», explica Jorge Morell, jurista y responsable del Despacho de Derecho Tecnológico Términos y Condiciones. De acuerdo a los cálculos del proyecto francés, la cifra que podría resolverse de forma automática sería de unos 2,7 millones de casos cada año.

Recurso ante un juez humano

Soluciones similares ya se han fijado en el horizonte en la bandera de la digitalización en Europa, Estonia, donde a finales de año comenzará a desarrollarse un programa de ‘jueces robot’, especializados en conflictos de entre 6.000 y 7.000 euros. El proyecto en el país báltico es el primero con una fecha ya concretada y se centra en cuestiones vinculadas fundamentalmente a conflictos vinculados a contratos: las partes subirán la documentación a Internet y el ‘juez robot’ decidirá. Si las personas no están de acuerdo con el fallo del robot, podrían recurrir la decisión a un tribunal humano.

Según explica el CEO de la consultora tecnológica Setesca, Jordi Damiá, estos robots funcionan en virtud de variables y probabilidades: son aplicables fundamentalmente a aquellos asuntos en los se repite una misma línea de actuación en el 90% de los casos. «Para el resto, el robot advertirá de una excepción, sobre la que tendría que resolver un humano», explica Damiá.

En España

En cualquier caso, la legislación española tiende a apoyarse más en el norma – como el derecho europeo en general – que en el caso particular – como en el derecho anglosajón -, algo que, entienden desde Setesca, «da un pie facilitador de la introducción de estas soluciones en España», al menos, en lo referido a procesos administrativos, incumplimiento de contratos, aplicación de penalizaciones, faltas leves de tráfico y de tipo laboral. «Lo que se busca es que un conflicto de 200 euros no frene la investigación de uno de 10 millones, y los robots son una vía para ello».

El Consejo General del Poder Judicial ya ha comenzado a estudiar la posibilidad de implementar soluciones de Inteligencia Artificial para ayudar a jueces, abogados y procuradores, aunque de momento no han trascendido detalles de su concreción. «Cualquier decisión en este sentido, de aprobarse una iniciativa, debería resolverse por concurso público y para solución de software por solución; cuánto más específica, más eficiente», incide Morell. En cualquier caso, lo que es un hecho es que los casos de Francia y Estonia han despertado interés y posiciones encontradas en la Judicatura, según ha podido constatar este medio.

«Donde el robot no puede entrar es en la apreciación de pruebas, el componente subjetivo, pero de lo otro hay una enorme cantidad de asuntos pequeños que no permiten dar respuesta a asuntos de gran envergadura»

«Lo de los jueces robots podría ser muy positivo si se trata de ofrecer soluciones que ahorren llevar a las partes a un proceso por cuestiones cuantificables, que obedecen a fórmulas matemáticas, como pueden ser las fijaciones de cantidades, multas, liquidaciones y hasta indemnizaciones e incluso revisiones de renta, que estén sujetas a fórmulas o baremos complejos, y que muchas veces nos hacen perder mucho tiempo», dice Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente. «Donde el robot no puede entrar es en la apreciación de pruebas, el componente subjetivo, pero de lo otro hay una enorme cantidad de asuntos pequeños que no permiten dar respuesta a asuntos de gran envergadura».

Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, defiende «cualquier ayuda tecnológica que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo» pero advierte de que «son las personas las que juzgan, se trate del asunto que se trate, porque así lo dice la Constitución. Para que la palabra final sobre un asunto jurídico, sea el que sea, la tenga un robot y no una persona, tendría que llevarse a cabo no solo una reforma legal, sino constitucional».

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