El Gobierno maneja información reservada sobre la actividad de las “embajadas” de la Generalitat de Catalunya en al menos tres países extranjeros, según acredita la información que la Abogacía del Estado ha incorporado a la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia catalán para el cierre de estas delegaciones catalanas que solicita el Ministerio de Exteriores español.
Entre la voluminosa documentación aportada aparecen unas notas bajo el epígrafe «Cataluña. Punto de situación. Ámbito internacional», sin firma ni sello, en las que se reflejan informaciones de la que no se cita procedencia, tales como supuestas órdenes de Oriol Junqueras desde la cárcel a las delegaciones exteriores, o instrucciones de la Conselleria catalana de Exteriores a su delegado en Reino Unido e Irlanda.
«Las delegaciones de la Generalitat en el exterior han recibido instrucciones de Oriol Junqueras para que realicen contactos con representantes de las congregaciones eclesiásticas en sus países correspondientes. El fin es obtener el apoyo de la Iglesia para mejorar la situación de los políticos presos catalanes. La delegada en Alemania, Marie Kapretz, ha solicitado apoyo a Joan Capdevilla y a la Abadía de Montserrat para localizar contactos eclesiásticos en ese país», se escribe en una de esas notas facilitadas a la causa por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las que ha tenido eldiario.es y que lleva fecha de 21 de diciembre de 2018. En ese momento, el líder de ERC llevaba 13 meses encarcelado.
Esta redacción preguntó al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la naturaleza de este tipo de notas o de dónde procede la información que contiene, pero el departamento ha declinado hacer comentarios al respecto por tratarse de «información reservada». Con posterioridad a la publicación de la información, Exteriores ha remitido un comunicado en el que añade que «no entra a hacer comentarios acerca de procesos judiciales en curso y menos todavía informaciones relacionadas con documentación reservada de nuestras embajadas que nunca debieron haberse filtrado».
El 14 de diciembre de 2018, el conseller Alfred Bosch se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional de Gales, Elin Jones. El encuentro motivó otra nota incorporada a la misma causa bajo la denominación «Cataluña. Punto de situación. Internacional», en la que se informa a Madrid del contenido de algunas instrucciones que presuntamente impartió la Secretaría de Acción Exterior y de la UE (SAEUE), enmarcada en la Conselleria de Exteriores, al delegado catalán en las islas, Sergi Marcén, como consecuencia de aquel encuentro.
«Establecer vínculos con Amnistía Internacional UK y tratar que ésta presione a Amnistía Internacional España para posicionarse a favor de los políticos presos catalanes», se le ordena a Marcén, según la nota. La Conselleria de Exteriores de la Generalitat ha rechazado contestar a eldiario.es sobre el contenido de las comunicaciones, si bien ha confirmado que ninguna de las instrucciones a Marcén, consecuencia de aquella reunión, fue hecha pública.
Otro de los apartados de esa nota dice: «Acercarse más a Nicola Sturgeon (primera ministra escocesa) por su relevancia en la política del Reino Unido, así como proponer un acuerdo de colaboración o memorando de entendimiento entre los gobiernos catalán y escocés».
Tres días después, el 21 de diciembre de 2018, está fechada otro «punto de situación» en el que se da cuenta de que Marcén ha cumplido con el encargo y se informa del resultado de sus gestiones: «La AI-UK (Amnistía Internacional-Reino Unido) ha contestado que su oficina central ya se ha comunicado con la sección española y que ya está en contacto con los presos y los representantes institucionales, motivo por el cual no va a inmiscurise en el asunto».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya debe decidir sobre la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno español alega que las delegaciones de la Generalitat están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y que están actuando «con singular intensidad» en favor de un proceso secesionista contra el que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional.
La petición se enmarca en un recurso contencioso administrativo que Exteriores interpuso en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía las delegaciones de Berna, Londres y Berlín, junto a las de Estados Unidos, Francia e Italia, todas ellas cerradas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno de Mariano Rajoy.
«Detectar el uso indebido de fondos públicos»
En el comunicado remitido esta noche, Exteriores añade: «Desde el Ministerio queremos subrayar que es parte de nuestro cometido vigilar de cerca cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España en el exterior y, en particular, todas aquellas cuyo fin sea llevar a término el proyecto independentista del Govern de Cataluña». Y concluye: «Es cometido de este Ministerio detectar el uso indebido de fondos y recursos públicos para menoscabar la imagen de España e intentar consumar el proyecto separatista, y evitar a toda costa que se siga produciendo bajo falsos pretextos, cual es el caso de algunas delegaciones del Gobierno catalán en el exterior».
La delegación catalana en Suiza también es objeto de vigilancia. En otro de esos «punto de situación internacional» se alude a la visita que va a hacer el delegado de la Generalitat en el país helvético, Manuel Manonelles, al Consejo de Europa tres días después y con qué responsables de ese organismo se va a entrevistar. En la nota se incluye: «Como viene siendo habitual, uno de sus principales enlaces en el CoE ha sido el catalán Alfred Sixto», miembro de la Asamblea Parlamentaria.
La documentación aportada por la Abogacía del Estado también incluye informes de los embajadores de esos países acerca de la actividad de las delegaciones en favor del proceso soberanista, según escriben los diplomáticos, y valoraciones personales de los mismos. También aparece un informe de la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía que ejerce de consejera de Interior en Berlín. Toda la información enviada por la Policía o los diplomáticos versa sobre cuestiones que han tenido publicidad, tales como actos con asistencia abierta o entrevistas a los delegados catalanes en los medios locales. No ocurre así con la información que contienen los «puntos de situación» aportada por la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
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