Los obispos españoles parecen empeñados en ser una excepción, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de la Iglesia católica. Así, mientras la Conferencia Episcopal se niega sistemáticamente a pagar el IBI por sus edificios no destinados al culto, sosteniendo que no se trata de privilegio alguno, sino de un derecho, el mismísimo Vaticano ha anunciado que paga, anualmente, un total de 9,3 millones de euros a la Comunidad de Roma en tasas e impuestos inmobiliarios.

«Es un mito que la Iglesia no pague impuestos por sus bienes inmuebles», sostiene, en un artículo en la revista Vita Pastorale, el presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa), Nunzio Galantino, que cuantifica las cantidades. Así, el organismo vaticano que gestiona las propiedades registradas directamente por la Santa Sede abonó en 2019 «5.750.000 euros de Imu y 354.000 euros de Tasi, pagados en más del 90% a la Ciudad de Roma, donde se encuentran las propiedades. Si añadimos 3.200.000 euros de Ires, llegamos a un total de más de 9.300.000 euros”, explica Galantino. Estos tres impuestos son similares al IBI (impuesto sobre los bienes inmuebles) español.

El modelo italiano, elegido por Calvo para España

De hecho, el modelo italiano es uno de los elegidos como ejemplo por la vicepresidenta Carmen Calvo para modificar la fiscalidad de la Iglesia española. Un modelo avalado por el Vaticano, como expuso en su día el secretario de Estado Pietro Parolin. En cambio, los obispos españoles continúan aferrándose a la Ley de Mecenazgo para negarse a pagar sus tasas, y menos aún si no lo hacen sindicatos, ONG, partidos políticos u otras iglesias.

«La mayoría de los edificios de la Iglesia Católica consisten en iglesias, que no rinden ningún tributo» y que están al margen de pago, explica Galantino. Algo similar sucede con los templos en España, exentos de IBI por los Acuerdos Iglesia-Estado. «Sobre las propiedades alquiladas, es decir, las que realmente rinden, los impuestos siempre se han pagado sin descuentos ni rebajas», recuerda el máximo responsable de las finanzas vaticanas. En España, en cambio, nada se sabe de los bienes de la Iglesia, ni de si pagan o no sus tasas a los respectivos ayuntamientos.

«Los 9,3 millones de euros no son una nimiedad, considerando que estas sumas se refieren sólo a la parte de la propiedad administrada por el Apsa», concluye Galantino. A estas sumas «hay que añadir lo que pagan, con el mismo criterio, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Vicariato de Roma, el CEI, las Órdenes y las Congregaciones religiosas», que también abonan sus impuestos.

El pulso de la Conferencia Episcopal

«Reconocemos el derecho que tiene el Gobierno a modificar su política fiscal», apuntó Argüello, quien reclamó «que este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si fuera solo un privilegio de la Iglesia». Lo que dicen es que la Iglesia aceptaría pagar el IBI si también lo hacen otras instituciones amparadas, efectivamente, por la Ley de Mecenazgo de 2002. Pero hay ‘trampa’.

El Gobierno no pretende que la Iglesia pague el IBI de sus templos o en actividades relacionadas con el culto, que son los únicos edificios protegidos por la Ley de Mecenazgo… pero sí por aquellos que tengan «actividades económicas» para adecuarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio de 2017 dictaminó que la Iglesia debe pagar sus tasas de bienes inmuebles «cuando realice actividades económicas» que conlleven «beneficios fiscales». Esto ocurre en casas de alquiler, garajes u otro tipo de inmuebles que generen réditos y que, bajo el paraguas de la institución, no han sido objeto del cobro de impuestos.

Según la propia Conferencia Episcopal, las diócesis españolas alcanzaron 122.482.010,49 euros como «ingresos del patrimonio y de actividades económicas». De acuerdo con su última memoria de actividades, esta cifra supone un 13% del total de su ‘presupuesto’, cifrado en 924 millones de euros. Una cantidad que esquiva impuestos y control del Estado, que reconoce que no sabe ni siquiera a qué dedica la Iglesia católica el dinero que recibe por la casilla de la declaración de la renta. Un dinero que, por cierto, batió su récord en 2019: 284 millones de euros.

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