Los jóvenes con pocas oportunidades laborales pasan navegando en Inernet. Crédito: Athar Parvaiz/IPS.

SRINAGAR, India, dic (IPS) – Con la disminución de la insurgencia armada en el estado indio de Jammu y Cachemira, el gobierno estadual desea volver a la normalidad relajando la draconiana legislación de seguridad y reabriendo salas de cine y comercios de bebidas alcohólicas, prohibidos por organizaciones fundamentalistas.

En 2003, cuando la situación en este estado del norte de India dio señales de normalidad, la gente de a pie, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos reclamaron la revocación de la Ley de Poderes Especiales para las Fuerzas Armadas, que permite detenciones indefinidas sin juicio.

«Vivimos a la sombra de una pistola desde hace dos décadas. Nos merecemos un mejor trato y la oportunidad de llevar una vida normal», indicó Altaf Bhat, doctorado en economía y desempleado.

Jóvenes como Bhat pasan el tiempo en cibercafés por la enrome escasez de oportunidades, producto de la situación de inseguridad.

La Ley de Poderes Especiales fue aprobada por el parlamento en 1990 como medida contra la insurgencia de este estado de mayoría musulmana, un territorio, además, disputado con el vecino Pakistán.

«Llegó la hora de revocarla», declaró Omar Abdullah, ministro jefe de Jammu y Cachemira, en octubre, instalando así un debate que rápidamente retumbó en todo el país.

Un equipo de tres interlocutores de paz, designados por Nueva Delhi, envió ese mismo mes un informe al gobierno central sobre cómo atender las preocupaciones de la población local y recomendó retirar en forma paulatina la normativa.

La posición de Abdullah fue criticada por el Partido del Congreso, aliado al suyo, la Conferencia Nacional, en el gobierno estadual.

El Partido del Congreso, además, encabeza la gobernante Alianza Progresista Unida, en la que también participa la Conferencia Nacional.

También hubo objeciones desde filas castrenses, cuya fuerza está desplegada en este estado, porque sostienen que la Ley de Poderes Especiales, que ofrece cobertura legal a sus efectivos, socavará las operaciones contrainsurgentes.

El ejército, según versiones de prensa, sostiene que 2.500 combatientes, que cree que están en el territorio de Cachemira controlado por Pakistán, pueden regresar al valle y terminar con la paz si se deroga la norma.

El argumento no convenció a Abdullah. «Nuestra intención es que la ley no se aplique en las zonas donde no se requiere la presencia del ejército», indicó.

«Si comparamos la situación de 2002 con 2011, vemos que la actividad insurgente se redujo a cinco por ciento. Por eso digo que es hora de revocar la Ley de Poderes Especiales», señaló Abdullah el miércoles 7 de este mes.

Abdullah, en reuniones que mantuvo en noviembre con el ministro de Defensa, A. K. Antony, indicó que este año hubo un pequeño auge en el turismo con 1,3 millones de visitantes registrados hasta octubre.

El ministro jefe está presionado por el opositor Partido Democrático Popular, la sociedad civil y gente de a pie que quieren eliminar la ley sin más demoras.

«Las violaciones de derechos humanos ocurren porque los efectivos saben que están protegidos por esa poderosa ley sin importar la gravedad de los abusos que cometan», dijo a IPS el joven Zameer Ahmed.

Sheij Shokat, profesor de derechos humanos de la Universidad de Cachemira, dijo a IPS que para revocar «la ley, el gobierno debe mostrar seriedad y convencer a quienes están en contra». «Pero hasta ahora ha sido pura retórica», cuestionó.

«No podemos seguir siendo rehenes hasta que se encuentre una solución al problema de Cachemira o se liquide la insurgencia en el valle», señaló Nazeer Baba, estudiante de arte de la Facultad Amar Singh, de Srinagar, capital de este estado.

En el marco de su iniciativa para restaurar la normalidad e impulsar el turismo, el gobierno de Cachemira anunció su plan de reabrir cines y comercios de bebidas alcohólicas, prohibidos por organizaciones fundamentalistas al inicio del conflicto armado en 1989.

Abdullah sostuvo que si esas actividades están permitidas en otros países islámicos, «no tiene sentido prohibirlas en el valle de Cachemira».

La gran mayoría de los seis millones de habitantes de este estado son musulmanes. Y líderes separatistas de línea dura como Syed Ali Shah Geelani criticaron la medida.

«Estoy muy interesado en saber cuántos países de la Organización de la Conferencia Islámica, incluido Pakistán y Bangladesh, permiten que haya cines en sus países», dijo Abdullah respondiendo a las declaraciones públicas de Geelani.

Pero no solo los religiosos ortodoxos tienen objeciones.

El columnista Aijaz-ul-Haq señaló que hay sensibilidades locales involucradas en este asunto, en especial por la venta de bebidas alcohólicas. «El gobierno debería, primero, prestar atención a la preocupación de su propia gente, los turistas vienen después», añadió.

«Cachemira no es un estado teocrático, pero las sensibilidades sociales no solo están limitadas por cuestiones religiosas», dijo el estudiante Tanveer Tahir a IPS. «Si el gobierno dice que el alcohol y el cine promueven el turismo, ¿fomentará la prostitución por el bien» de la actividad?, preguntó

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