El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas en los distintos Estados.

El Estado Español debería recibir 140.000 millones de euros de dichos fondos.

Salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, la UE no desembolsará el dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas ya que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han acordado el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia en el que se establece que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas.

En el documento exigen a los gobiernos que el plan para acceder a los fondos europeos ha de fijar las medidas concretas que se irán tomando para poder recibir los fondos y que han de responder a las recomendaciones específicas enviadas a cada país.

Entre el paquete de reformas propuesto para el caso del Estado Español (fomentar la transición energética e inversión en I+D, la transición digital y el cambio climático, mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, entre otras) dos de las reformas son de gran relevancia para las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora: la reforma laboral y la reforma de las pensiones.

Sin embargo, Unidas Podemos ha anunciado que no apoyará la reforma de pensiones que promueve el ministro de Seguridad Social respecto a alargar la edad real de jubilación y a ampliar a 35 años el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial. Tampoco IU-Podemos parecen dispuestos a  dar apoyo a una reforma laboral que precarice todavía más el mercado laboral.

A este respecto cabe recordar que tanto el PSOE como IU-Podemos, cuando todavía estaban en la oposición, habían anunciado que derogarían las reformas laborales y de Pensiones cuando accedieran al gobierno.  Por otra parte, Pedro Sánchez también afirmó públicamente, tras el Consejo Europeo en que fueron aprobados, que los fondos europeos no condicionarían las políticas del gobierno español.

Sin embargo, la UE deja claro en el reglamento que la recepción de los fondos dependerá del cumplimiento de los planes propuestos en sus recomendaciones cuando afirma: «El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal y como se haya establecido en los planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo».

Aunque el texto todavía no ha sido aprobado (el Parlamento Europeo lo votará probablemente en febrero y tendrá que ser también aprobado formalmente en el Consejo), cuenta con el acuerdo de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, que constituyen la mayoría amplia del Parlamento.

El mecanismo de control que se establece en el reglamento es que, antes de entregar los fondos, la Comisión Europea deberá consultar con el Comité Económico y Financiero para que resuelva en el plazo de cuatro semanas sobre si ha habido un cumplimiento satisfactorio por parte del estado receptor de los mismos. Este órgano consultivo está integrado por altos funcionarios de las administraciones estatales y de los bancos centrales, además del Banco Central Europeo y de la propia Comisión.

El reglamento señala que «si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (…) En esas excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el Consejo Europeo discuta sobre el asunto» y en un plazo máximo de tres meses tome una decisión definitiva, que podría ser «suspender todo o parte de los compromisos o pagos».  Para asegurar que el país cumplirá con las obligaciones que se le imponen la UE podría suspender los pagos definitivamente si considera que el país no está tomando las medidas recomendadas por Bruselas en dos ocasiones consecutivas o si no cumple con el programa de ajustes macroeconómicos o con las medidas que le pide el Consejo.

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