Ha llegado tarde y sin posibilidad de debate. La polémica Directiva del Copyright ya está en España. Tal y como se anunció, la transposición de esta normativa europea ha quedado implementada vía Real Decreto Ley, según ha informado hoy el Consejo de Ministros.
Los temores contra la «Ley Uribes» (ahora «Ley Iceta») se mantienen. A la espera de su próxima publicación oficial en el BOE, esta nueva ley de Propiedad Intelectual recogerá lo expuesto en la directiva europea, según describe el ministro de Cultura, Miquel Iceta.
Se implementarán así en España los artículos 15 y 17 (antiguo artículo 13) de la directiva europea, un hecho que abre la puerta a la vuelta de Google News y a la censura previa en internet, dejando en manos de los algoritmos el control de contenidos sin necesidad de revisión humana o control judicial.
Esto es lo que sabemos sobre el nuevo Decretazo del Copyright, cómo afectará a las plataformas de contenidos y por qué los defensores de la libertad de expresión en internet alertan de graves consecuencias.
Del Canon AEDE a acuerdos puntuales entre los editores y las plataformas
El Gobierno disponía hasta el pasado 7 de junio para adaptar esta normativa, pero se ha retrasado varios meses. No ha sido el único país europeo es llegar tarde. Según explicó el anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, se decidió esperar a que desde Bruselas se publicasen las recomendaciones de adaptación.
Entre los cambios anunciados se encuentra la adaptación de los polémicos artículos 15 y 17 de la directiva europea en la que se basa. El primero de ellos obliga a grandes buscadores y agregadores de contenido a pagar un canon a los editores de prensa por citar y reproducir un fragmento (snippet) de la publicación.
Una medida que tiene como gran referencia a Google y su relación con la prensa. No obstante, otras empresas como Facebook también han empezado a pagar a los editores de prensa. A través de su servicio News Showcase, Google ha llegado a acuerdos puntuales con grandes medios editoriales para remunerarles por enlazar. Como contrapartida, esta Directiva del Copyright en España también anticipa la vuelta de Google News.
Entre los cambios que se introducen está la eliminación del término «irrenunciable» en el artículo 15. Del Canon AEDE pasamos a esta normativa que permitirá a las empresas negociar caso por caso para ver cómo se realiza esta retribución.
«Con respecto a la forma de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia al respecto, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio», explica el ministerio de Cultura.
Cediendo poder a los algoritmos
La misma legislación también es una peligrosa reforma que puede limitar severamente la libertad de expresión. Plataformas como Facebook o Twitter se verán obligadas a la instalación de filtros para evitar que los usuarios suban materiales protegidos por derechos de autor. Es decir, la aplicación de unos algoritmos para controlar qué se publica en las redes.
A falta de su publicación en el BOE, desde Cultura únicamente hacen referencia que «se da respuesta a las demandas del sector cultural español y, en especial, a la referida a la regulación específica de la responsabilidad de aquellas plataformas en línea que permiten el almacenamiento e intercambio de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual subido por los usuarios».
«Es probable que los filtros automáticos sean demasiado entusiastas al eliminar contenido no comercial creado por los consumidores para divertirse (por ejemplo, parodias). Este tipo de contenido está exento bajo la nueva ley, pero ¿cómo distinguirán las máquinas estas sutiles diferencias? En muchas ocasiones, no lo harán«, alertaban desde la organización Consumer Voice.
«Se está tocando la libertad de expresión y la libertad de información en internet, dos derechos fundamentales que van a verse afectados. Se está imponiendo la censura privada, la de las Plataformas, sobre todo ello. Y esto no puede hacerse sin transparencia y sin un debate parlamentario. Nos acerca más a Bielorrusia que a un estado de derecho de la UE», explicaba Carlos Sanchez Almeida, director legal de la Plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI).
Desde la plataforma Xnet apuntan que se trata de la transposición de una «directiva que contiene elementos particularmente delicados» y «muestra hasta qué grado esta ley es probable que represente principalmente intereses gremiales y de clientelas partidistas».
Imagen | Michael Dziedzic
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