El creciente poderío de China se siente tanto en el ámbito económico como en el geopolítico. Y eso supone que cada vez es más difícil escapar a los tentáculos que el régimen extiende por todo el mundo. Buena muestra de ello son los éxitos que han cosechado las operaciones ‘Skynet’ y ‘Fox Hunt’ que el gobierno de Xi Jinping diseñó para lograr que chinos sospechosos de haber cometido delitos contra compatriotas en el extranjero, con los corruptos en el centro de la diana, o de tener causas pendientes con la justicia, regresen a China para ser procesadas. Según la prensa oficial del gigante asiático, solo entre abril de 2021 y el pasado mes de agosto, agentes chinos han logrado «persuadir» a 230.000 personas, sobre todo acusadas de llevar a cabo estafas telefónicas, de que vuelvan a la patria.
El diario oficial China Daily afirma que en ese período la policía ha resuelto nada menos que 594.000 fraudes, ha interceptado 2.810 millones de llamadas con fines delictivos, y ha impedido la transferencia de unos 81 millones de euros procedentes de 109 millones de víctimas. Estas operaciones policiales, que se ven reforzadas por la aprobación el pasado 2 de septiembre de una ley de extraterritorialidad que las ampara para la persecución de ciertos delitos, han «reducido significativamente el número de personas que se establecen en el extranjero para delinquir contra ciudadanos chinos».
Lo que no cuentan es cómo se llevan a cabo estas operaciones de persuasión. La ONG proderechos humanos Safeguard Defenders, que ha destapado numerosas violaciones por parte del Partido Comunista, ha investigado a fondo el ‘modus operandi’ y ha descubierto que la policía china opera ilegalmente en 30 países de cuatro continentes a través de una red de 54 ‘comisarías en el extranjero’ que, tras el lícito objetivo de ofrecer servicios de tipo consular a los ciudadanos chinos residentes fuera de sus fronteras, esconden operaciones mucho más oscuras para identificar e intimidar a estos sospechosos.
España, con nueve, es el país en el que más de estas oficinas han encontrado. Están repartidas por Madrid (3), Barcelona (2), Valencia (2), Santiago de Compostela y Manresa. Entre las bases que la ONG identifica como centros desde los que se realizan operaciones hay asociaciones de chinos, la redacción de un periódico ‘online’ en mandarín, y hasta restaurantes asiáticos.
«Estamos convencidos de que hay muchas más, porque éstas solo pertenecen a dos jurisdicciones -Fuzhou y Qingtian, de donde procede la mayoría de los chinos de España- y la propia China admite que ha puesto en marcha el proyecto en diez. Así que podrían ser hasta cinco veces más», afirma Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, en una entrevista con este periódico. «Algunas pueden tener un fin positivo, ya que ayudan a sus compatriotas, pero también sirven para lanzar operaciones policiales que minan la soberanía de España», añade.
Manifestación en Hong Kong en contra de la desaparición de libreros críticos con el régimen chino.
La organización tiene pruebas fehacientes al menos de un caso: un hombre llamado Liu que fue persuadido para volver a China en 2020 y hacer frente así a las acusaciones de contaminación ambiental. Un vídeo confirma que la fiscalía china trabajó con la Federación de Chinos de Ultramar y la Asociación de Chinos de Qingtian de España para amedrentarlo, con la presencia de un familiar, a través de una de las oficinas de Madrid. «La coacción es una de las vías más habituales para convencer del regreso a los sospechosos», afirma Dahlin, cuya organización ha denunciado el caso ante la Policía Nacional.
El Ministerio del Interior español reconoce que está investigando el asunto, aunque no aclara si tenía conocimiento del mismo anteriormente, y esgrime esas indagaciones para no dar detalles al respecto. Por su parte, la Embajada de China no ha respondido a las preguntas de este periódico, que sí ha podido comprobar que al menos dos de los negocios señalados por la ONG cooperan, efectivamente, con la policía china. Son la teórica redacción de un periódico y un bufete de abogados, ambos de Madrid.
Por su parte, una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Shanghái, que habla bajo condición de anonimato, corrobora la información sobre operaciones en el extranjero para ‘convencer’ a los presuntos delincuentes de que regresen a su país. «Los tratados bilaterales son muy farragosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué hay de malo en presionar a criminales para que se enfrenten a la justicia con todas las garantías recogidas en la ley china», comenta, asegurando que «solo se utilizan medios lícitos».
No obstante, ha quedado probado que China utiliza habitualmente medidas de presión contra allegados residentes en su territorio para presionar a los sospechosos que busca. Y que el de Liu en Madrid no es una excepción. Diferentes organizaciones han documentado casos de detenciones y encarcelaciones arbitrarias de familiares, e incluso ocasiones en las que se ha impedido la escolarización de sus hijos -algo que han criticado incluso expertos chinos-, se han demolido sus propiedades, y se les ha sacado de la seguridad social. Todo ello antes de que se haya llevado a cabo un proceso judicial que determine su culpabilidad, claro. El propio Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, sabe bien cómo funcionan estos métodos, porque él mismo fue detenido y forzado a confesar en televisión delitos que no había cometido antes de ser deportado.
LAS CLAVES
- 230.000 sospechosos de haber cometido delitos contra ciudadanos chinos en o desde el extranjero han sido ‘convencidos’ de regresar a China para enfrentarse a la justicia a lo largo de los últimos doce meses.
- 2 son las jurisdicciones a las que pertenecen las 54 ‘comisarías en el extranjero’ detectadas por el informe de Safeguard Defenders:Fuzhou y Qingtian. No obstante, China reconoce que el proyecto está en marcha en diez, por lo que podría haber hasta cinco veces más oficinas por el mundo.
- Extradiciones China ha firmado acuerdos de extradición con multitud de países, pero el proceso es farragoso y las democracias exigen garantías que el régimen no otorga, por lo que ha decidido actuar por su cuenta.
- El lío de Taiwan A pesar de la falta de garantías, España es el único país occidental que extradita taiwaneses a China. Concretamente, entre 2016 y 2019 fueron 219. El problema es que nuestro país no reconoce a Taiwán como un país independiente, por lo que envía a China a ciudadanos de la isla que Pekín reclama para su procesamiento.