Por Thierry Meyssan

La libertad de expresión fue una característica de Occidente desde el siglo XVIII. Fue el cimiento ‎sobre el cual se construyó el régimen político respaldado por las clases medias: la democracia. ‎Dejó de ponerse en duda el principio según el cual la voluntad general surgiría del debate entre las ‎opiniones más diversas. Toda violación de esa libertad se veía como un golpe a la resolución de ‎los conflictos por la vía pacífica. ‎

Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando Occidente se vio sumido en la guerra, ‎los británicos y posteriormente los estadounidenses no vacilaron en utilizar medios modernos de ‎propaganda no sólo contra sus enemigos sino también frente a sus propios compatriotas [1]. Los gobiernos supuestamente democráticos instauraban ‎entonces programas destinados a engañar a sus conciudadanos. Al final de aquella primera guerra, ‎los británicos se enorgullecían de su éxito, dejando entrever el posible uso de la propaganda en ‎tiempo de paz. Así que, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se dio de lado a la ‎democracia y la libertad de expresión, se reactivó la propaganda, primeramente en Italia y ‎en Alemania y después en todo Occidente. ‎

Hace ahora 75 años que los gobiernos de Occidente juran que defienden sus «valores» y que ya ‎no usan la propaganda interna.‎

Como en los años 1930, el sistema capitalista actual se ve amenazado por el recrudecimiento de ‎las desigualdades entre los electores. Pero eso está sucediendo ahora de una manera nunca vista ‎anteriormente. En medio de la crisis de 1929, el industrial Henry Ford sostenía que la remuneración de un ‎patrón no debía exceder en 40 veces el salario de uno de sus obreros y hoy resulta que Elon ‎Musk gana 38 millones y medio de veces el salario de algunos de sus empleados ‎estadounidenses. Ante tal desigualdad, el principio democrático de «un hombre, un voto» ya ‎no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. ‎

Es en ese contexto que Occidente cuestiona en la práctica la libertad de expresión. Las redes ‎sociales, principalmente Facebook y Twitter, han aplicado la censura contra gobiernos e incluso ‎contra un presidente estadounidenses en funciones. Pero al hacerlo no estaban violando la ‎Constitución ya que esta garantiza la libertad de expresión únicamente frente a los abusos del ‎poder político. Por cierto, que Elon Musk haya comprado Twitter y que ahora diga que quiere ‎convertir esa plataforma numérica en una red libre no cambia nada de lo sucedido. La idea de ‎que “hay cosas que no pueden decirse” ya está incrustada en las mentes. ‎

Los intelectuales perciben que el cambio de régimen económico y político ya está en marcha. ‎Y en los últimos años, muchos de esos intelectuales se han convertido en repetidores del poder, ‎ya sea este financiero o político, abandonando así su función de críticos. ‎

Sea cual sea la evolución ulterior, esos intelectuales estarán siempre del lado del mango, nunca ‎bajo el martillo. Hace 6 años que nos hablan constantemente de las fake news, o sea de la ‎información sesgada, y nos repiten que es necesario controlar lo que la gente dice o escribe. ‎Ese discurso establece una diferencia entre quienes están “del lado de la verdad” y quienes ‎supuestamente dicen y escriben cosas “equivocadas”. Ese discurso niega el principio de la ‎igualdad democrática. ‎

Metidos hasta el cuello en la trampa de Tucídides, los anglosajones desataron la guerra civil ‎en Ucrania y crearon la situación que obligó a Rusia a intervenir en ese país para poner fin a esa ‎guerra civil. Poco a poco, Occidente va implicándose más y mas en la guerra –en el sentido ‎militar– contra Rusia y, en el sentido económico, contra China. Han sido desmentidos todos los ‎principios que decían no era posible guerrear contra potencias con las que se mantenían intensos ‎intercambios económicos. Al igual que durante las dos guerras mundiales, el mundo se ve ‎dividido en dos bandos, que se alejan cada vez más uno del otro. ‎

Y también puede verse en Occidente el regreso a la propaganda. ‎

Durante la elección presidencial estadounidense de 2020 se puso en duda la honestidad del ‎conteo de los votos. El Congreso declaró vencedor a Joe Biden, pero en realidad nadie sabe ‎quién ganó esa elección. ‎

Como sucedió en el año 2000, durante la elección disputada entre George W. Bush y Al Gore, es ‎simplemente imposible recurrir a un nuevo conteo de los votos, el problema ya ni siquiera es ese ‎sino que en muchos lugares los votos se contaron a puertas cerradas. Incluso si aceptásemos ‎que quizás nadie recurrió al fraude aún quedaría un problema fundamental: no hubo ‎transparencia en la elección y la transparencia es un elemento fundamental de la democracia. ‎Basta recordar que en la elección estadounidense del 2000 (con Bush y Gore como ‎contendientes) la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el nuevo conteo de los votos ‎alegando que la Constitución de ese país no estipula que la elección del presidente de ‎Estados Unidos depende del sufragio directo sino que depende de la voluntad de cada Estado. ‎Según ese principio, las instancias federales no tenían nada que decir sobre la designación del ‎vencedor en el Estado de la Florida. ‎

Ahora, ante cualquier otro debate, las elecciones de medio mandato se ven por lo tanto ‎profundamente marcadas por la cuestión del no respeto de los procedimientos democráticos ‎por parte del bando de los «demócratas». ‎

La propaganda en EEUU

Estados Unidos dispone de un Global Engagement Center (GEC o “Centro de Compromiso ‎Global”), una estructura que, en el seno del Departamento de Estado, se dedica a coordinar los ‎discursos oficiales de los aliados de Washington. También dentro del Departamento de Estado ‎hay un subsecretario a cargo de la propaganda estadounidense en el extranjero, denominada ‎‎Public Diplomacy and Public Affairs (“Diplomacia Pública y Asuntos Públicos”). Pero en abril ‎de 2022, se inició una nueva fase de este despliegue cuando el «presidente proclamado», Joe ‎Biden, tomó a su servicio una especialista de la propaganda: Nina Jankowicz.‎

El secretario de Seguridad de la Patria, el ex juez Alejandro Mayorkas, creó una ‎‎Disinformation Governance Board (“Junta de Gobierno de Desinformación”), cuya presidencia ‎puso en manos de Nina Jankowicz. Se trataba ni más ni menos que de reinstaurar el aparato de ‎desinformación creado en 1917 por el presidente Woodrow Wilson [2]. ‎

A Nina Jankowicz la presentan como una joven investigadora, especialista de la «desinformación ‎rusa». En realidad, era una empleada del National Democratic Institute de Madeleine Albright, ‎encargada de defender los intereses de la familia Biden en Ucrania. ‎

Esta encantadora dama trabajó en el equipo del candidato Volodimir Zelenski, actual presidente ‎de Ucrania [3] y, en plena ‎guerra civil ucraniana, estuvo al servicio de Pavlo Klimkin, el ministro de Exteriores del Petro ‎Porochenko, el anterior presidente ucraniano. Nina Jankowicz se oponía entonces a los acuerdos ‎de Minsk, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había dado su aval a esos ‎acuerdos. ‎

Durante su larga estancia en Ucrania, Nina Jankowicz elaboró una teoría de la “desinformación rusa”, ‎tema al que dedicó un libro titulado “Cómo perder la guerra de la información: Rusia, las noticias ‎falsas y el futuro del conflicto” (How to Lose the Information War: Russia, Fake News, and the ‎Future of Conflict). Sin mencionar la realidad de la guerra civil y sus 20.000 muertos, Nina ‎Jankowicz repetía en su libro todos los clichés actuales sobre los “malvados rusos” que querían ‎extender su imperio al Donbass mintiendo a los europeos. ‎

En aquel tiempo, Nina Jankowicz utilizaba la asociación ucraniana StopFake, generosamente ‎subvencionada por la National Endowment for Democracy (NED) –o sea, por la CIA–, por ‎el gobierno británico y por el omnipresente George Soros, para hacer creer que el putsch de la ‎plaza Maidan era una revolución popular [4].‎

En el siguiente video, Nina Jankowicz sigue mintiendo y canta loas a los nacionalistas integristas de ‎la milicia Aidar –públicamente denunciados como torturadores por Amnistía Internacional–, de ‎Dnipro-1 y, por supuesto, del batallón Azov. ‎

En 2018, Nina Jankowicz defendió también a la milicia nazi C14 [5] asegurando que sus miembros no ‎habían realizado pogromos contra los gitanos y que todo eso era… “desinformación rusa”. ‎

En Estados Unidos, esta experta en mentiras volvió a mentir nuevamente sobre las acusaciones de ‎traición contra Donald Trump (el expediente Steele) y al negar los delitos cometidos por Hunter ‎Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Nina Jankowicz llegó incluso a decir que el ordenador de Hunter ‎Biden –dispositivo que está en manos del FBI– también era una «invención rusa». ‎

Ante las críticas, la “Junta de Gobierno de Desinformación” fue disuelta, el 17 de mayo [6]. Pero ‎algunas minutas de una región en el seno de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ‎‎(CISA) –una agencia del Departamento de Seguridad (Homeland Security) muestra que esa ‎estructura sigue existiendo bajo otra forma [7]. Además, el inspector general de la administración estadounidense ‎afirma que la función de esa “Junta” sigue siendo necesaria [8]. ‎

La propaganda en Reino Unido

Los británicos, por su parte, han preferido apoyarse en una “asociación” –el Institute for Strategic ‎Dialogue– que se encarga de hacer en lugar del gobierno lo que el gobierno quiere hacer ‎sin tener que cargar con la responsabilidad. ‎

El Institute for Strategic Dialogue (ISD) es un “tanque pensante” (think tank) creado por lord George ‎Weidenfeld, Barón de Weidenfeld –un «sionista inflexible», según sus propias palabras– ‎supuestamente consagrado a la lucha contra el extremismo. Pero en realidad se dedica a la ‎divulgación de mentiras con intenciones de enterrar verdades incuestionables. El ISD redacta ‎informes, por iniciativa propia o a pedido de los gobiernos europeos que lo financian. ‎

‎¡Importante! Lo que “es verdad” para los británicos –los verdaderos inventores de la propaganda ‎moderna– también lo es para el resto de Europa. ‎‎

Polonia

En febrero de este año, o sea desde el inicio de la intervención rusa en Ucrania, el Consejo ‎de Defensa polaco ordenó a la firma francesa Orange –principal proveedora de acceso a internet ‎en Polonia– censurar de inmediato varios sitios web, incluyendo Red Voltaire ‎‎(Voltairenet.org). Aunque nos pusimos en contacto con Orange, esa compañía francesa no quiso ‎entregarnos la orden que las autoridades polacas le enviaron. Y cuando nos dirigimos ‎directamente a las autoridades polacas, estas no contestaron. Según los tratados aprobados en ‎el marco de la Unión Europea, el Consejo de Defensa puede imponer una censura militar… ‎únicamente cuando tal medida es necesaria para proteger la seguridad nacional. ‎

‎Italia

En marzo, el diario Corriere della Sera reveló la existencia de un programa ‎gubernamental de vigilancia sobre las personalidades catalogadas como “prorrusas”. [9]. La agencia de prensa ANSA incluso publicó una edición ‎del Hybrid Bulletin que el Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Departamento de ‎Información para la Seguridad) dedicó a ese programa gubernamental de espionaje interno ‎‎ [10].‎

‎Alemania