Continúan introduciéndose en el mercado, en el medio natural y en nuestros organismos, sustancias químicas tóxicas nuevas que luego son retiradas. En una charla informal con un experto en este tipo de contaminación, me explicaba cual es el mecanismo de este negocio que casi siempre queda impune. Os lo cuento.
Charlando hace poco con el científico experto en epidemiología y contaminación por químicos tóxicos, Nicolás Olea, me comentaba que
la secuela de daño y dolor que han dejado esos productos debería ser asumida por aquellos que se han enriquecido con el uso de los pesticidas y por la administración que lo ha permitido».
Foto de Chris LeBoutillier.
Es un hecho observado con enorme frecuencia y que parece no interesar a nadie.
El proceso, como explica Olea, es el siguiente:
-A los pocos años de ponerse en el mercado un producto agroquímico tóxico empiezan a observarse efectos adversos sobre alguna especie animal, junto con la presencia ambiental del residuo de ese compuesto.
-A continuación, se publican nuevos mecanismos de acción que justifican el vínculo entre la exposición y el efecto observado.
-Luego aparecen los datos del residuo de ese compuesto en los productos alimentarios y en el cuerpo humano, por ejemplo, el caso de la orina de los adolescentes, cargada de tóxicos.
-Luego los estudios epidemiológicos sugieren una asociación entre exposición y enfermedad.
-Finalmente, tras un tira y aloja entre la autoridad y el comercializador se decide retirar el producto.
Todos tan contentos. La autoridad ha sacado músculo y ha impuesto la cordura. Pero es demasiado tarde… han trascurrido decenas de años desde la comercialización del producto retirado, cientos de miles de personas han estado expuestas.
Los efectos de esa exposición se enmascaran entre las enfermedades comunes que aumentan y que los sanitarios atribuyen al modo de vida moderno. Un auténtico dislate», argumenta el especialista.
Los ejemplos se cuentan por decenas: diazinón, nonilfenol, mancozeb, maneb, clorpirifós… todos prohibidos recientemente por su toxicidad, tras años en el mercado y con una carga abrumadora de evidencia epidemiológica de efectos en salud humana.
Para este médico:
Si el producto se ha retirado por la evidencia cierta de su toxicidad, ¿por qué no exigir al que se ha enriquecido con su puesta en el mercado que contribuya económicamente a remediar las consecuencias?
¿Quién va a pagar la factura del psicólogo para el déficit de atención, del ginecólogo para la infertilidad o del endocrino para la obesidad?
¿Por qué tengo yo como paciente que demostrar la asociación entre tu producto y mi enfermedad si el principio de precaución dice que sea el proponente del producto el que asegure la inocuidad?
Foto de Loïc Manegarium.
Claro, todo esto podría o debería tener consecuencias legales y como le indico al profesor Olea, desde el Bufete Almodóvar & Jara podríamos encarar el tema desde lo jurídico.
Él comenta, con pesimismo, que los pocos ejemplos que se han dado son «desastrosos»:
No hay manera y menos en este país. Fíjate en el caso de asbestosis y silicosis. Es rabiosa actualidad el problema para asociar la exposición laboral de los trabajadores empleados en el corte de la piedra artificial y la silicosis. Y se trata de exposición masiva, laboral.
No, no creo que la sociedad y menos el sistema judicial sea sensible a una demanda sobre algo tan diluido, tan universal, tan sutil como es la pésima gestión de nuestro mercado y la absurda relación que se ha establecido con los nuevos productos químicos de síntesis y la salud humana«.
Así que seguimos con la impunidad de quienes contaminan el medio ambiente y dañan la salud de las personas, con la complicidad de quienes gobiernan, que miran para otro lado.
La impunidad de quienes introducen nuevos tóxicos en el mercado