El pleno del Parlamento Europeo dio ayer su visto bueno para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean «cero emisiones», lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos.

¿Por qué se toma esta medida?

La iniciativa arrastra de una propuesta original de la Comisión Europea y es la primera del paquete denominado Fit for 55 que pretende reducir en un 55% las emisiones de CO2 de aquí al año 2030. Ya en otoño del pasado año se alcanzó un acuerdo en esta línea por parte de los negociadores del Consejo Europeo (los Estados miembros de la UE), la Eurocámara y la Comisión Europea. Para que sea definitivamente adoptada, solo queda con los 27 países que forman la UE le den el visto bueno, una cuestión que se considera un trámite formal.

¿Ha sido una decisión unánime?

No, el acuerdo salió adelante por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones. El actual Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha sido partidario de esta iniciativa y así lo defendía ayer el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de la comisión de Medio ambiente de la Eurocámara, César Luena. En cambio, desde el PPE (Partido Popular Europeo) señalaban que supondrá nuevos coches «más caros», la pérdida de «miles de puestos de trabajo» y llevará a la industria europea al «declive». «Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida», ha remachado.

La prohibición, ¿qué alcance tiene?

Solamente se refiere a la venta de coches nuevos que emitan CO2, pero no a su uso ya que podrán seguir circulando hasta el año 2050. Por tanto, tampoco debería afectar al mercado de vehículos de ocasión a partir de esa fecha. Además, aunque se habla de coches de combustión, si en el futuro la industria desarrollase carburantes cero emisiones, esos vehículos sí podrían venderse. Lo reconocía ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien dijo que supone un «equilibrio perfecto entre los intereses de la industria, el clima y de los trabajadores». Además, recordó que si la industria «puede construir motores de combustión interna con emisiones cero, pues perfecto. Aunque ahora todo el mundo está apostando por la electrificación».

¿Hay alguna excepción?

Se hace una excepción para fabricantes de nicho que hagan menos de 10.000 coches al año, a los que se les concederá una moratoria de un año. Y los que fabriquen menos de 1.000 al año, estarán exentos de cumplirla.

¿Se han aprobado otros objetivos?

Sí, en su votación de ayer, el Europarlamento avaló los objetivos intermedios para que, de aquí a 2030, los turismos reduzcan sus emisiones de CO2 en un 55%; y las furgonetas lo tendrán que hacer en un 50%. Además, el nuevo texto también reajusta el porcentaje de ventas de vehículos de bajas o cero emisiones que la UE exige a los fabricantes para poder acogerse a incentivos económicos de la Comisión. Entre 2025 y 2029, será necesario vender un 25% de turismos de este tipo sobre el total para seguir cobrando estas recompensas, mientras que, por lo que respecta a las furgonetas, la proporción será del 17%. A partir de 2030, el nuevo reglamento prevé la supresión de estas ayudas.

¿Se hará algún tipo de seguimiento?

Si, el acuerdo adoptado obliga al diseño de un sistema para el seguimiento real de las emisiones durante la vida útil de los automóviles. Debería estar desarrollado en 2025. Además, desde ese año Bruselas está obligada a realizar un informe bianual para evaluar si se está avanzando al ritmo adecuado y el impacto de la reforma en los consumidores y en el empleo.

Si atendemos al caso español, sería complicado vistas las cifras actuales. Los coches 100% eléctricos (los híbridos enchufables estarían prohibidos) son hasta un 30% más caros que los convencionales y, a pesar de las ayudas públicas a la compra, el año pasado apenas supusieron un 4% de las ventas totales en el país. Pero se trata de una cuestión a nivel de toda la UE, donde la penetración de ese tipo de vehículos es, como media, mucho más alta ya que en el caso español. De hecho, la patronal de los fabricantes ACEA ha pedido que, para que sea factible, se agilicen medidas que favorezcan la electrificación; y se consideren los combustibles neutros en CO2.

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