Yolanda Díaz promete reformar los organismos independientes y prevé revisar las funciones del Banco de España. Así lo han avanzado fuentes próximas a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, la candidata al 23-J que más propuestas económicas viene desgranando antes de la presentación de su programa. Las mismas fuentes han señalado que impulsarán un cambio profundo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC); y, preguntadas por si este proyecto afecta al Banco de España, han admitido que prevén revisar sus funciones.

«Tenemos todo esto muy trabajado, es lo que venimos haciendo desde hace más de un año, aunque algunos dudaban de qué hacíamos, con más de 1.000 expertos y asesores», han explicado en alusión a los trabajos de Sumar. «No puede ser que un expediente a una petrolera se dilate 18 meses», han planteado como ejemplo.

El origen de este proyecto de revisión de organismos independientes se encuentra en un polémico informe que ha tramitado el Congreso, que plantea limitar su independencia, y que propone que el Gobierno pueda incluso suprimirlos. Un informe con la firma del Grupo de Más País y el del PSOE que promovió Íñigo Errejón, número cuatro de Sumar por Madrid.

La CNMV, la CNMC, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se colocaron entonces bajo el escrutinio de los socios de Pedro Sánchez.

Una enmienda del Grupo Socialista advirtió de que lo que contenía puede aplicarse al Banco de España y planteaba limitar claramente las materias en que opera, principalmente en los campos determinados por la normativa de la UE.

El informe nació en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Y en concreto, de la Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.

El texto contenía consideraciones de índole técnica sobre las administraciones independientes pero en sus primeros puntos ya presentaba un epígrafe sobre ‘La legitimidad democrática de las administraciones independientes’, en el que planteaba dudas sobre ésta, pedía limitarlas y abogaba por que el Gobierno pueda suprimirlas: «Además de estar motivada, la creación de administraciones independientes debe estar materialmente limitada aquellos ámbitos en los efectivamente sea posible adoptar decisiones con base en criterios exclusivamente técnicos. De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno. El ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo».

Este informe se tramitó desde finales de 2021 y durante 2022, en un momento en el que el Gobierno estaba alimentando las dudas sobre la fiabilidad de la estadística oficial y tenía en el foco al INE porque sus previsiones económicas mostraban una recuperación más moderada que la que el Ejecutivo blandía.Y entre los organismos en el punto de mira del PSOE y sus socios, se han situado también el Banco de España y la AIReF, que velan por la sostenibilidad de las finanzas públicas y la consolidación fiscal, y que vigilan las políticas sobre impuestos o pensiones.

El Banco de España, además de su labor de supervisión bancaria, tiene el servicio de estudios económicos más reputado del país, que emite informes independientes sobre todos estos temas. Uno de los más criticados por el Gobierno de Pedro Sánchez calculó que la subida del SMI en 2019 restó al menos 100.000 empleos.

La propia Díaz ha acusado a quienes dicen que el SMI afecta al empleo de «mentir», además de moverse en la esfera de «la teología y de la fe». También ha cargado contra el supervisor por su cuestionamiento de un relato triunfal de las reformas laboral y de las pensiones: «El gobernador del Banco de España vierte opiniones sobre asuntos que no son de su competencia» y «toma parte por opciones políticas», aseguró el 2 de junio de 2022 en el Congreso.

La vicepresidenta segunda también cuestionó el conocimiento del gobernador sobre las pensiones y mostró gran malestar con las críticas que De Cos vertió en el Congreso sobre la reforma laboral, cuando apuntó que la reforma puede elevar el desempleo y que el auge de la contratación indefinida puede generar mayor desempleo.

«Me sorprende que haya hecho las aseveraciones que ha hecho demostrando un profundo desconocimiento y una confusión entre lo que es la contratación, que es de calidad en este momento en nuestro país, con el empleo en España», destacó Díaz, que consideró las palabras del gobernador «muy graves en una persona de su responsabilidad».

El programa de Sumar

Díaz es la candidata al 23J que más propuestas económicas está poniendo encima de la mesa, y ello a pasar de que el PSOE insiste en confrontar medidas económicas con el PP, sin que haya avanzado ninguna, y los populares, que sí han hecho anuncios, no se dan por enterados sobre un eventual debate con Nadia Calviño. «Aquí no se trata de Nadia o nadie, sino de cómo vamos a controlar la inflación, cómo vamos a hacer que la vida sea un poco más fácil, cómo vamos a solucionar los problemas de la ciudadanía», ha dicho la propia Díaz, ante el planteamiento bipartidista que promocionan los socialistas y el ninguneo del peso de Podemos en la política económica del Gobierno de coalición que viene mostrando Calviño desde que los morados se estrellaron en las elecciones autonómicas y municipales.

Este miércoles, en la conmemoración del 45 Aniversario de Cinco Días, Díaz detalló sus propuestas fiscales: subirá el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el impuesto a grandes fortunas e impuestos verdes y digitales. 

Y apuntó contra el modelo de empresas públicas de la SEPI. «La SEPI depende de Hacienda y es muy raro. La SEPI tiene que ser modernizada, con sus 15 grandes empresas, como el caso de la Agencia EFE, Correos y Navantia».

En este foro, la ministra de Trabajo también propuso la creación de un Observatorio de Beneficios empresariales para vigilar sus márgenes, la de un Observatorio de productividad como en otros países de la UE, y reformas para que haya más democracia interna y representatividad en las empresas. El Observatorio de márgenes también es compartido por el Banco de España, ha dicho Díaz, y ha aprovechado para alabar, ahora sí, al supervisor.

Sumar también plantea implantar la herencia universal, una especie de cheque que se daría a los jóvenes cuando cumpliesen 18 años y que serviría para invertir en vivienda o educación. Se entregaría a cada joven alrededor de 20.000 euros, dinero que se sufragaría a través de impuestos a los más ricos: un impuesto sobre patrimonio y sucesiones por debajo del 10% «y que dejase exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros».

Asimismo, propone un sistema de cuotas de participación de migrantes y refugiados en instituciones públicas, empresas y organizaciones.

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