Si bien la obligación de utilizar medios electrónicos de pago acaba con el anonimato y la privacidad, los beneficios que producirá en la lucha contra el dinero negro son evidentes. Es el justo premio a la falta de solidaridad y conciencia que hemos demostrado abusando de la economía sumergida y el hurto de los impuestos al Estado.
Ahora bien, aparte de poner coto al dinero negro, esta medida tiene un beneficiado directo, que es la banca. El uso de tarjetas de débito y crédito (o cheques, domiciliaciones, transferencias…) para el pago de bienes y servicios lleva siempre aparejado una comisión directa o un beneficio indirecto para las entidades bancarias. Dado que una vez prohibido el uso de dinero en efectivo, no existe alternativa y todos habremos de usar los servicios bancarios en nuestras transacciones, los beneficios de los bancos se verán incrementados de forma obligatoria.
¿No podría debería el estado aprovechar para, en contraprestación por el envío forzoso de millones de clientes, introducir un impuesto en estas transacciones? Un estudio de VISA concluye que si aumentara un 5% el número de pagos electrónicos, se reduciría un 11,5% la economía sumergida. El resultado serían 24.000 millones de euros más a las arcas del estado. Este dinero habría pasado antes por el tamiz de las comisiones de los bancos. Dinero inesperado para ellos que el estado podría gravar. Con un impuesto que fuera un porcentaje decimal de estas nuevas transacciones electrónicas obligatorias, el estado recaudaría una enorme cantidad de dinero que, por una vez, vendrían de los bancos.
Objeción: los bancos repercutirían este impuesto en la comisión que cobran a los comercios por prestar el servicio TPV. Pues sí, así lo harían, no podemos contar con que agradezcan el negocio gratis que les regala el estado y acepten ceder parte de sus ganancias gustosos. Para evitarlo, habría que controlar el desmán que es actualmente el sistema de comisiones, que se divide en dos niveles:
– Tasas de Intercambio: es el porcentaje que el banco del comprador cobra al banco que provee el terminal (TPV) al comercio. En 2011 estaba fijada en 0,29% para tarjetas de débito y 0,74 para las de crédito (Fuente: Banco de España, PDF Pag. 3), aunque también puede ser una cifra fija por cada operación.
– Tasa de descuento: es la que cobra el banco dueño del terminal al comercio. Esta tasa oscila entre un 0.57% y un 5,77%, según el comercio. Como el banco ha de compensar la tasa de intercambio que paga, siempre es superior a aquella. Al negociarse caso a caso, las grandes superficies tienen condiciones infinitamente mejores que los pequeños comercios.
En definitiva, la comisión que paga el comercio oscila nada menos que hasta un 5% de un comercio a otro y la ley de servicios de pago de 2009 no establece límites en estas comisiones. En cualquier caso, poner máximos y regular la indefensión de los pequeños compercios ante las entidades bancarias supondría un respiro para muchos comerciantes y permitiría que el estado recogiera parte del dinero que va a obligar a hacer circular por los bancos con la nueva ley antifraude que propone.
http://www.laaldeaglobal.com/2012/01/07/la-nueva-ley-antifraude-un-nuevo-negocio-redondo-para-los-bancos/
Que fuerte es que los bancos no pueden perder nunca,por ahora es un abuso como estan las cosas .
¿ DE VERAS, AUN NOS EXTRAÑAMOS, A ESTAS ALTURAS…, DE QUE EL BENEFICIARIO FINAL SEA EL BANCO ?. AL PRIMERO QUE SAQUE, CON NOMBRE Y APELLIDOS…LA LISTA DE LOS CIEN PRINCIPALES «MERCADOS», LE RECORDARA LA HISTORIA COMO UNA JUANA DE ARCO MODERNA. PARA MI QUE VEREMOS PRONTO ESA LISTA NO-FORBES, VALGA LA EXPRESION. ¡¡¡ ESTAN CAGADOS, CONVENCEOS ¡¡¡