Las prácticas que puede llegar a desarrollar un empresario contra sus trabajadores son de sobra conocidas por la gran mayoría de asalariados. El despido improcedente o la amenaza de este es una de las armas más utilizadas por los jefes; sin embargo, existen procederes aún más enrevesados que buscan ahorrar la cuantía de la indemnización que el trabajador tiene derecho a percibir cuando la relación contractual finaliza sin responder quedar acreditada la causa aludida. Una de estas estrategias empresariales es el despido silencioso, que más de la mitad de trabajadores aseguran haber sufrido.

El 57% de trabajadores ha sido víctima del despido silencioso en los últimos tres años. Este proceder busca que el empleado renuncie a su puesto, desmotivando y haciendo incómoda su presencia en la empresa. Casi seis de cada diez trabajadores alegan haber sufrido esta situación desde el estallido de la pandemia de la Covid-19, según el informe realizado por InfoJobs. Las formas de conseguir que el trabajador acabe renunciando son múltiples, tal y como señala el estudio del portal de empleo.

Del total de damnificados, el 25% relata que, sin justificación, motivo aparente y de repente, se encontraron con una mayor carga de trabajo en su puesto. El estancamiento laboral, bloqueando la promoción interna, es otra de las estrategias utilizadas y señaladas por 24%. Además, el ataque a aspectos más psicológicos también suele aplicado, señalado un 23% un ambiente hostil y la no percepción de valoraciones positivas pese a alcanzar los objetivos marcados por la empresa. A estas situaciones se suma el clásico congelamiento de los salarios y la reducción de recursos para el desempeño laboral.

De entre el groso de asalariados, los más afectados son los que se encuentran en el tramo de edad de entre 25 y 34 años. Uno de cada cuatro (25%) reconoce haber sufrido esta práctica. El 28% de los afectados alegan que se han visto con una mayor carga de trabajo sin ninguna justificación, el 27% se considera víctima de un estancamiento laboral y un 23% reprocha una comunicación «poco transparente» por parte de la empresa. En el lado contrario, son los mayores de 45 años los que menos han padecido esta situación.

La diferenciación por género planteada en el informe señala que los hombres han sufrido en mayor medida una congelación de salarios, un 16% frente al 11% de mujeres. En lo que se refiere a la reducción de recursos, un 13% de hombres han sufrido este hecho, frente al 10% de las mujeres; mientras que el 4% del género masculino ha visto disminuida su carga de trabajo, frente al 3% del femenino.

Fraude con las horas extra

La obligatoriedad de hacer horas extra o el no abono de estas son otras realidades que los trabajadores tienen que afrontar a diario en sus empleos. Una ilegalidad muy compleja de demostrar y que, además, se aprovecha del miedo al despido para obligar a los trabajadores a cumplirla. Ahora, el establecimiento del registro horario, poco vigilado, ha propiciado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que da un espaldarazo a los asalariados.

El Tribunal ha avalado el pago de horas extras si la empresa no aporta el registro horario obligatorio recogido en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019. El TSJC ha estimado un recurso interpuesto contra una sentencia del 29 de abril de 2022 del Juzgado de lo Social 2 de Granollers (Barcelona) que desestimaba el pago de horas extras a un trabajador por la falta de registro horario de la empresa, a pesar de que recoger tal registro no es responsabilidad del trabajador.

Así lo refleja la sentencia, que considera que el incumplimiento de la obligación del empresario de no registrar diariamente la jornada laboral del trabajador no le puede beneficiar cuando se reclama el pago de horas extraordinarias. Además, tumba el anterior fallo del Juzgado de lo Social por infringir el artículo 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «pues se trasladó la carga de la prueba al demandante en lugar de imponerse al demandado infractor». Como resultado, el trabajador recibirá el pago de las 1.250,50 horas extras demandadas y «el 10% de interés por la demora”.

Los despidos colectivos se disparan

El número de trabajadores afectados por un despido colectivo en junio, último mes con datos disponibles, aumentó un 23,7% en comparación con el mismo mes del pasado año, ascendiendo hasta los 2.491 afectados. Del total, casi tres cuartas partes, el 72%, pertenecían al sector servicios. En concreto, este sector sumó 1.795 afectados por despidos colectivos, un 36,1% más que en junio de 2022, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por el contrario, el número de trabajadores afectados por la suspensión de contrato se redujo un 33,2%, hasta los 7.226, de igual manera que los inmersos en un proceso de reducción de jornada (-24,9%). Atendiendo a los tres aspectos, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas disminuyó un 24,4% en junio, sumando un total de 10.618 afectados.

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