ERC y Junts fijarán esta semana las bases de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont desgranará el martes sus condiciones en una conferencia desde Bruselas y los republicanos celebrarán un cónclave entre el miércoles y el jueves en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Empieza el curso político y con él un largo proceso negociador, que el PSOE aspira a culminar para mediados de octubre, tras el previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo el 26 y 27 de septiembre.
Hay una certeza. Al PSOE le va a salir caro. A los independentistas catalanes, en dura pugna entre ellos y en competición ante unas próximas elecciones catalanas que se celebrarán antes de 2025, no les bastará con una ley de amnistía o como finalmente se acuerde su denominación, pese a los escollos jurídicos y políticos que entraña. Abrir la carpeta del referéndum separatista también será necesario.
ERC exige reactivar la mesa de diálogo para negociar una salida al “conflicto político” que sea votada por los catalanes. Su presidente, Oriol Junqueras, se anticipó al anuncio de Puigdemont y advirtió a los socialistas de que la amnistía no será suficiente. También será “imprescindible”, según afirmó en ‘La Vanguardia’, “plantear la autodeterminación” y pactar las condiciones para celebrar un referéndum. “La amnistía no es el punto final de nada, sino el punto inicial”, aseguró.
Algo parecido decían los republicanos hace cuatro años sobre los indultos. La amnistía es, en cualquier caso, una línea roja para Esquerra, que ante el protagonismo que ha adquirido Junts han elevado el precio de la investidura a una semana de la Diada. El año pasado fueron abucheados e insultados. El Govern en solitario de Pere Aragonès regresa este año a la manifestación. El Gobierno de Sánchez ya no descarta la amnistía, a diferencia del referéndum, que sigue siendo tabú.
Puigdemont irá más allá que Junqueras. El expresidente de la Generalitat acapara todas las miradas de la política española. Ha pasado de prófugo a posible socio de la investidura. Tiene el botón rojo del adelanto electoral en sus manos y su futuro político y judicial depende de la decisión que adopte. Hasta la fecha, su condición negociadora ha sido que se cobra por adelantado. Así quiso que quedara patente en el acuerdo para la investidura de Francina Armengol. La obsesión de Junts es diferenciarse de ERC y que el electorado perciba que sabe negociar y no se deja engañar.
Los junteros se pasaron la última legislatura arremetiendo contra los republicanos, a los que acusaban de apoyar gratis a Sánchez a pesar de los indultos y la reforma del Código Penal. “No busco salidas personales”, insiste Puigdemont, para marcar distancias con cómo negoció ERC, de la que los junteros, aunque también se beneficiaron, creen que solo buscaba la salida de la cárcel de los líderes del ‘procés’. El expresidente detallará el martes las reclamaciones que exige como contrapartida a los siete escaños de Junts y fijará el marco general de la negociación, las condiciones metodológicas que pide para que avancen las conversaciones. Es decir, que continúe la discreción (los independentistas temen el ruido externo) y que se pague por adelantado. Para la investidura, los junteros exigen la amnistía, con el compromiso de que a lo largo de la legislatura se pactará la resolución del ‘conflicto’: la consulta.
Exigencia de máximos
Junts parte de unas exigencias de máximos. Más aún esta semana, condicionada por la Diada, que la ANC quiere convertir en una olla a presión a favor del bloqueo a la investidura. La manifestación del 11-S del año pasado fue contra el Govern, la de este año es contra la investidura. Los que hasta ayer defendían a Puigdemont a capa y espada, ya empiezan a deslizar que está reculando, que está traicionando al 1-O y que su partido está girando hacia la vieja Convergència.
El cantante Lluís Llach, uno de los referentes del sector unilateralista, interviene en un acto del Consejo de la República, en Barcelona, que dará pistas de cuánto cabreo hay entre los más radicales con Junts, como aperitivo del ambiente de la Diada, que se celebrará una semana después.
El expresidente de la Generalitat busca también que se le reconozca públicamente. Reclama un gesto, según señaló este domingo Jaume Asens en el diario ‘Ara’. Sería “positivo” que algún dirigente socialista viaje a Waterloo, dijo. Asens media entre Puigdemont y la parte del Gobierno liderada por Yolanda Díaz. Ya ocurrió con Oriol Junqueras, cuando aún estaba en prisión provisional, y estrechó la mano del presidente del Gobierno, en el Congreso, el día de la constitución de la Cámara en 2019.