Se siente crecido porque sabe que Sánchez está dispuesto a todo por seguir en el cargo

Ayer, en la rueda de prensa del dirigente del golpe separarista del 1 de octubre de 2017 (ver vídeo), Puigdemont no se limitó a exigir una amnistía como precio para que su partido, Junts per Catalunya, apoye la reelección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Esa exigencia ya choca de lleno con la Constitución Española, cuyo Artículo 62 prohíbe expresamente la concesión de indultos generales, pero el prófugo de la Justicia, crecido por el afán de Sánchez de mantenerse en el cargo al precio que sea, quiere algo aún más infame.

Quiere que los separatistas tengan inmunidad para delinquir

En su discurso (se puede leer aquí la transcripción, en español), el prófugo Puigdemont exigió lo siguiente:

«El abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las masivas protestas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión en el independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente».

Como cualquiera puede comprobar, Puigdemont quiere algo aún peor que una amnistía: quiere una inmunidad total para saltarse la ley y cometer delitos. Quiere que el Estado se comprometa a permitir que los separatistas puedan pisotear el Código Penal y hacer lo que les dé la gana, sin ningún límite legal, mientras al resto de los españoles se nos impone la ley sin hacer excepciones.

Un planteamiento propio de totalitarios y que se remonta al nazismo

Este tipo de exigencias no son algo nuevo en el separatismo catalán. Los separatistas llevan décadas exigiendo privilegios que les sitúen por encima de los demás españoles, unos privilegios que conviertan al resto del pueblo en ciudadanos de segunda. No está de más recordar que alguien que piensa así no puede ser demócrata, por mucho que se arrogue esa condición, con el mismo cinismo con el que los comunistas de Alemania Oriental llamaban «república democrática» a su brutal dictadura. La democracia implica que todos somos iguales ante la ley, sea cual sea nuestro sexo, clase social, religión, ideología, gustos y opiniones.

La idea de que la ley haga distinciones en función de la ideología es algo propio de totalitarios, no de demócratas. De hecho, un régimen totalitario del siglo pasado, el nazismo, estableció una forma de entender la persecución de los delitos, el llamado Derecho penal de autor, que no valoraba los actos sino la condición de las personas, creando distintas formas de aplicar la ley y de tipificar los delitos al margen de los hechos. Lo que Puigdemont pretende es que España adopte una concepción del Derecho propia de la Alemania nazi, en la que el mero hecho de ser separatista se convierta en una barra libre para saltarse la ley.

Sánchez da esperanzas a un totalitario que desprecia el Estado de Derecho

Es escandaloso que en España hayamos llegado al extremo de que un tipo tan tóxico e infame, un prófugo de la Justicia que carece de escrúpulos y que no siente ni el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, tenga en su mano la posibilidad de que Sánchez siga en el cargo al precio de ceder a sus chantajes. También es escandaloso que el gobierno se haya negado hasta ahora a rechazar las exigencias de Puigdemont, dándole esperanzas de que obtendrá lo que pide y animándole a seguir subiendo el listón de sus reclamaciones, que ya parecen no tener fin.

Al subordinar los intereses de España a su interés personal, Sánchez se ha convertido en el rehén de Puigdemont. La imagen que da España con este gobierno y su actitud suplicante ante un prófugo de la Justicia es algo que debería avergonzarnos a todos, menos al gobierno, que parece haber perdido por completo la vergüenza.

Puigdemont hace una exigencia que impondría en España un Derecho penal al estilo nazi