Pedro Sánchez prepara una barra libre de condonación de deuda a las CCAA a cambio del apoyo de los independentistas. El pacto firmado esta semana entre Félix Bolaños (PSOE) y Oriol Junqueras (ERC) incluye una quita de la friolera de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, aunque todavía cabe la posibilidad de que Carles Puigdemont (Junts) logre inflar aún más esa cifra.

De momento, ese perdón de Sánchez al pasivo catalán con cargo al Estado representa casi al 20% de toda la deuda que Cataluña tiene con el famoso Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así, estamos hablando de un total 73.110 millones de euros que Cataluña debe a este instrumento ideado por Cristóbal Montoro en 2012 para facilitar el endeudamiento de las autonomías a través del Estado. O dicho de otra forma, para evitar que quebraran.

Por tanto, el FLA lleva actuando desde hace una década en forma de subvención encubierta a las CCAA más manirrotas de España y facilitándoles crédito a coste cero en muchos casos. Y Cataluña es la región que más se ha beneficiado del FLA desde su creación.

Los últimos datos del Banco de España revelan que la autonomía de Puigdemont es, con diferencia, la comunidad autónoma con el mayor agujero fiscal de España con cargo al FLA. A Cataluña le sigue Valencia, con 48.344 millones de euros, y Andalucía, con 25.409 millones. Puede observarse también que ni la Comunidad de Madrid, ni País Vasco ni Navarra deben nada a este instrumento.

Agravio a Madrid

Como sería demasiado escandaloso que el regalo de Sánchez fuera dirigido exclusivamente a Cataluña, si el líder del PSOE logra mantenerse en el Gobierno, también ha prometido que condonará parte de su deuda al resto de CCAA. Eso sí, no está claro que la quita vaya a ser del 20% como en Cataluña, por lo que lo más probable es que elaboren otra fórmula para calcular qué parte de la deuda de cada región asumirá el Estado (es decir, todos los contribuyentes).

Esta situación resucita el fantasma del agravio financiero que lleva sufriendo la Comunidad de Madrid con el FLA prácticamente desde sus inicios. Aunque Sánchez también estaría ideando una especie de mecanismo de compensación personalizada para País Vasco, Navarra y Madrid, y así apaciguar cualquier rebelión, Isabel Díaz Ayuso se ha negado en redondo a pedir ningún beneficio de este calibre para su región.

Mientras otros barones autonómicos criticaron lo «injusto» del pacto de Sánchez con ERC y reclamaron su parte, la presidenta autonómica mostró su rechazo a la condonación de cualquier deuda autonómica: «No va de dineros, de lo que a mí me toca, eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real e inminente es que España deje de existir como nación centenaria» dijo Ayuso.

Y es que, la Comunidad de Madrid lleva dando su espalda al FLA desde su creación. La autonomía que ahora preside Ayuso ha basado la estrategia de sus finanzas en el equilibrio presupuestario, la contención de la deuda y en la financiación en los mercados. Con esto, Madrid ha mantenido su independencia del Estado, lo que no le ha impedido adelantar a Cataluña en términos de PIB y convertirse en el motor económico del país.

¿Y si Madrid se hubiera comportado como Cataluña?

Sin embargo, de saber que el Estado iba a acabar quedándose con las deudas del FLA y sin exigir ningún ajuste de las cuentas regionales, Madrid habría tenido muchos más motivos para ser irresponsable. En la siguiente tabla se observa el ritmo de endeudamiento público de las CCAA (incluye la parte del FLA y la de los mercados) y los datos son demoledores: Cataluña tiene más del doble de deuda que Madrid pese a tener unas características económicas y poblacionales similares. En concreto, estamos hablando de 86.800 millones de euros frente a 37.658 millones.

Así, si la región de Ayuso se hubiera endeudado al mismo ritmo que Cataluña en el pasado y hubiera acudido al FLA quizá ahora los madrileños tendrían a su disposición millones de euros gratuitamente y no sólo tendrían que soportar ahora sobre sus espaldas el endeudamiento de las regiones vecinas.

Vamos a poner un ejemplo hipotético sobre qué hubiera pasado si Madrid hubiera decidido tomar el camino catalán. En el cuadro anterior vemos que Cataluña ha disparado su deuda un 450% desde 2007 (punto álgido de la anterior crisis y uno de los momentos donde las CCAA descontrolaron su deuda por completo.) Así, vemos que Cataluña elevó su deuda desde los 15.776 millones de euros hasta los 86.800 millones, y Madrid lo hizo un 240%, desde los 10.967 millones hasta los 37.658.

Sin embargo, si Madrid hubiera optado por endeudarse al mismo ritmo catalán ahora mismo podría tener unos números rojos de 60.318 millones, de los que, si el 80% correspondieran al FLA (Cataluña tiene 70.000 millones en el FLA del total de los 86.800 de su deuda), estaríamos hablando de 48.254 millones madrileños en este hipotético FLA de nuestro ejemplo. Por tanto, si el Gobierno actual condonara a Madrid ese 20% de este FLA como a Cataluña, estaríamos hablando de 9.650 millones de los que se podrían haber beneficiado los madrileños y que, en lugar de devolverse como cualquier deuda, se les endosaría a todos los contribuyentes españoles. Aunque esto es sólo un ejemplo ficticio, es la prueba evidente de que el regalo de Sánchez al independentismo solo es un premio para las autonomías con las cuentas más descabaladas y un castigo para las pocas que más responsables han sido. Justo al contrario de lo que debería ser.

https://www.libremercado.com/2023-11-05/el-timo-de-sanchez-a-madrid-casi-10000-millones-menos-por-ser-responsable-7065952/

Condonar deuda a Cataluña y al resto de comunidades es pertinente y de justicia

Tras conocerse el pacto entre PSOE y ERC sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña (y del resto de comunidades autónomas del Régimen Común, aunque la derecha intenta omitir esta información para desacreditar el pacto), se ha generado un debate en torno a si dicha medida sería pertinente y justa.

Quienes se posicionan a favor suelen argumentar que la deuda de las comunidades autónomas es demasiado elevada por motivos ajenos, ya sea por el ciclo económico (que afecta asimétricamente a las regiones) o por falta de recursos debido al sistema de financiación autonómico; reducir la carga de la deuda permitiría pagar menos por intereses y también posicionar mejor a los gobiernos autonómicos de cara al mercado de deuda. Quienes se posicionan en contra suelen argumentar que se generarían incentivos perversos a seguir endeudándose (a sabiendas de que el gobierno central podría volver a reducir su carga en el futuro) y que la condonación de deuda afectaría asimétricamente (positiva e incluso negativamente) a las comunidades. y/oa los ciudadanos que residen en ellas. A continuación voy a explicar por qué estas últimas posiciones no tienen fundamentos sólidos.

Antes de nada es imprescindible entender bien cómo funciona el conjunto del sistema de gasto y financiación de las comunidades autónomas, algo que parece desconocer la mayoría de los críticos a esta propuesta de condonación de deuda. Si uno no tiene toda la información, su juicio estará necesariamente errado.

En primer lugar, las comunidades autónomas tienen bastante margen para decidir cuánto dinero público gastan e invierten. Esto conlleva que algunos lo hagan en mayor cantidad que otras. Por ejemplo, en educación, sanidad y servicios sociales (que son las competencias más importantes de las autonomías), Extremadura dedicó 3.463 euros por persona en 2022, mientras que Madrid lo hizo en 2.684 euros. Esto es un punto de partida muy importante de cara al asunto de condonación de deuda porque, manteniendo todo lo demás constante, las comunidades que más gastan tendrán peores números en sus cuentas públicas y, por tanto, más deuda.

En segundo lugar, las comunidades autónomas tienen cierto margen para decidir cuánto dinero ingresan a través de sus tributos. Por un lado, tienen competencias para aumentar o disminuir la recaudación de los impuestos que les ha cedido el Estado, como el 50% del IRPF, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros. Y es bien conocido que las regiones gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza, han reducido sus ingresos notablemente por este tipo de impuestos. Por otro lado, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de crear nuevos impuestos propios, de forma que unas pueden crear más que otras. De hecho, en un extremo nos encontramos a Madrid, que actualmente no tiene ningún impuesto propio, y en el otro a Cataluña, que actualmente tiene once. De nuevo, el nivel de recaudación elegido a través de estos tributos influirá sobre el nivel de deuda pública, aunque en este caso no mucho por lo que veremos en el siguiente punto.

En tercer lugar, desde 2009 nuestro Estado cuenta con un complejísimo sistema de financiación autonómica que, a través de la entrega –por parte de las comunidades– del 75% de la recaudación de los tributos cedidos por el Estado y del cobro de numerosas transferencias, persigue equilibrar la prestación de servicios públicos de todas las comunidades autónomas así como su nivel de desarrollo económico. Es bien sabido que no todas las regiones están igualmente desarrolladas, y de ahí que este sistema intenta que las más afortunadas contribuyan más para favorecer solidariamente a las menos afortunadas. Pero resulta que el diseño del sistema es tan confuso, opaco y complejo –así como condicionado por cuestiones políticas–, que no está nada claro que logre su objetivo. La falta de resultados claros, la opacidad del sistema y las distintas interpretaciones que puede recibir, sumados a los dos puntos anteriores de flexibilidad de gasto e ingresos propios, conllevan que prácticamente ninguna comunidad autónoma está contenta: unas creen que aportan demasiado al sistema y otras. Creen que reciben demasiado poco.

Y con esos peliagudos y confusos mimbres se llegó a la crisis económica iniciada en 2008, cuyos efectos se hicieron notar en las cuentas públicas a partir de 2012 (precisamente por el retraso en la ejecución del sistema de financiación que justamente nació en 2009). El hundimiento de los ingresos tributarios derivados de la burbuja inmobiliaria provocó un notable déficit que se tuvo que cubrir con deuda. Pero como financiarse en el mercado salía muy caro (recordamos los problemas que tenía España entonces con su prima de riesgo), el gobierno del Partido Popular aprobó en 2012 varios mecanismos para que la Administración Central prestara dinero a las comunidades. Uno de ellos fue el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que tanto se habla hoy porque la deuda que generó es la que se pretende condonar parcialmente ahora. Por cierto, nótese la abismal diferencia con la política adoptada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la crisis económica de 2020: frente a una también acuciante necesidad de ingresos, en vez de endeudar a las comunidades, simplemente se les otorgó transferencias extraordinarias. ¡Cuántas polémicas nos estaríamos ahorrando ahora si el gobierno de Rajoy hubiera hecho lo mismo!

El caso es que todo este resumen de los hechos pasados ​​nos ayuda a posicionarnos con más información y solvencia frente al debate de la condonación de la deuda. En primer lugar, no tiene sentido preocuparse por los incentivos a que las comunidades sigan endeudándose porque, si el Estado quisiese, podría mejorar el sistema de financiación autonómico o incrementar las transferencias extraordinarias para que las comunidades no tuviesen que seguir contrayendo tanta deuda. Esto último ya se ha estado haciendo desde 2020 tras la pandemia y no ha habido ningún problema ni polémica en ello.

En segundo lugar, quienes dicen que la condonación de parte de la deuda del FLA favorecería más a las comunidades que más deuda tienen de ese tipo (pues no todas tienen el mismo volumen, incluso algunas no tienen nada) no entienden que las vías de financiación de las autonomías son variadas y que el Estado tiene mil formas de compensar a las comunidades sin necesidad de modificar su deuda debido al FLA. Por ejemplo, que Madrid no tenga deuda derivada del FLA no impide que la Administración Central pueda beneficiarse de otra forma.

En tercer y último lugar, quienes dicen que la condonación de la deuda de las comunidades alivia la carga fiscal de los ciudadanos de esas comunidades pero que empeora la carga fiscal de todos los ciudadanos del país simplemente no entienden que, si se beneficia a todas las comunidades más o menos por igual, el impacto neto en el conjunto del país sería nulo. Trasladar deuda de las administraciones territoriales a la administración central es básicamente un punte contable que no tiene impacto económico ninguno. Es como si una persona se pasara el dinero de un bolsillo del pantalón a su monedero: las cuentas de esa persona ni mejorarían ni empeorarían, se quedarían exactamente iguales.

Además, no olvidemos que quienes pagan los impuestos no son las comunidades autónomas, sino las familias y las empresas de todo el país. Mientras se mantenga un sistema impositivo progresivo que haga que sean los agentes económicos más adinerados los que paguen proporcionalmente más, la redistribución de la renta será siempre desde abajo a arriba, no desde un territorio a otro. Claro está que hay territorios en los que hay más familias y empresas adineradas, y por eso puede dar la sensación de que el dinero venta de ese territorio para ir a otro. Pero eso es una ilusión; en realidad el sentido de la renta es vertical, no horizontal.

Por último, quiero dejar claro que no estoy proponiendo que las comunidades autónomas tengan vía libre para gastar y/o endeudarse todo lo que quieran. La responsabilidad en la utilización del gasto por parte de las comunidades es un tema serio sobre el que hay que actuar para evitar despilfarros e ineficiencias, pero debería ser abordado con mejores controles democráticos y de evaluación de políticas públicas; no con límites arbitrarios a la financiación o al endeudamiento.

En definitiva, condonar deuda a Cataluña y al resto de comunidades autónomas es pertinente, de justicia, y no acarrearía ningún coste económico.

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/condonar-deuda-cataluna-resto-comunidades-pertinente-justicia_129_10657516.html