Pedro Sánchez volverá a ser presidente el jueves si no hay sorpresas de última hora. El secretario general del Partido Socialista se someterá de nuevo a la confianza del Parlamento después de haber conseguido salvar una mayoría en las generales cuando todas las encuestas daban por segura la victoria de la derecha. Y después de una ardua negociación con los partidos independentistas catalanes para una ley de amnistía que trata de poner fin al procés. La inminencia de un nuevo gobierno progresista ha levantado a la derecha ya la extrema derecha en las calles y esas protestas llegarán este miércoles a las puertas del Congreso, ya blindado con un fuerte dispositivo policial.
Solo hay un precedente de un despliegue para una investidura como el que protegerá el Parlamento durante los próximos días. En octubre de 2016, era la izquierda la que salía a las llamadas a protestar contra las políticas de recortes del Gobierno del PP. La Delegación de Gobierno autorizó una manifestación de ‘Rodea el Congreso’ precisamente el día del debate de investidura de Mariano Rajoy, que salió adelante gracias a la abstención de los diputados del PSOE. Esa decisión se gestó tras una rebelión interna en el partido que acabó con la dimisión del líder que este miércoles se somete a su cuarta investidura. Antes, derrotó a Rajoy en una inusitada moción de censura y lideró el primer gobierno de coalición de la historia que ahora aspira a revalidar.
Este miércoles, a diferencia de hace siete años es la extrema derecha la que amenaza con llenar los alrededores del Congreso para protestar contra el nuevo Gobierno. Tanto Vox como numerosos agitadores ultras y algunos dirigentes del PP alientan desde hace días protestas frente a las sedes del PSOE. Muchas de ellas han acabado con fuertes disturbios, quema de contenedores y cargas policiales. Aunque el motivo de las manifestaciones es protestar contra la ley de amnistía por los delitos del procés, en las convocatorias de los últimos días muchos de los asistentes han terminado coreando himnos falangistas y agitando banderas preconstitucionales.
Por eso y ante la previsión de que esas marchas roden el miércoles y el jueves la Cámara Baja, la Delegación del Gobierno ha previsto un fuerte despliegue de más de 1.600 agentes antidisturbios, un dispositivo similar al de partidos de fútbol de riesgo con presencia de ultras. . En el debate de investidura de 2016, la Policía colocó a un millón de agentes de la UIP. Para este miércoles, la Policía también ha limitado el acceso a la Cámara: la entrada por la Plaza de las Cortes permanecerá cerrada. El Congreso ha distribuido una circular a los funcionarios para detallar las restricciones durante las jornadas del debate.
La agitación de las calles, alentada por Vox pero también por el Partido Popular, ha ido avanzando a medida que Sánchez ha conseguido atar los apoyos para su investidura, que ha llegado a caminar sobre el alambre en varios momentos en las últimas semanas. Los socialistas han amarrado en estos tres meses el apoyo de 179 diputados: Sumar, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, el PNV, el BNG y última hora Coalición Canaria han confirmado su apoyo para la votación del jueves. Si todo va según lo previsto, el líder del PSOE saldrá elegido con más apoyos que Felipe González en 1989, José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, o Rajoy en 2016.
El intervendrá a partir de las 12 del mediodía sin límite de tiempo candidato. En su discurso, según las fuentes consultadas Sánchez se esforzará en explicar los acuerdos a los que ha llegado con las distintas fuerzas que conformarán el nuevo bloque de investidura, especialmente el pacto para la ley de amnistía con ERC y Junts, para evidenciar, explican fuentes del equipo del presidente, que no tiene nada que ocultar de esos acuerdos.
Sánchez transmitirá desde la tribuna su plan para un Gobierno de cuatro años, una legislatura de “estabilidad” como la anterior, en la que, recuerdan esas mismas fuentes, se aprobaron tres presupuestos y más de 200 leyes, con un índice de cumplimiento de los pactos comprometidos superiores al 85% según las cuentas del propio Ejecutivo. Será un discurso “muy político” en el que expondrá su idea de una coalición, esta vez con Sumar, que ofrecerá “cuatro años más de ampliación de derechos”.
El presidente aprovechará también para confrontar con Alberto Núñez Feijóo y para comparar su investidura “real” con la derrota que el líder del Partido Popular protagonizó hace apenas un mes. Entonces, el candidato salió derrotado al ser incapaz de reunir más apoyos que los de la extrema derecha de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria, única fuerza que ha alcanzado pactos a ambos lados del arco parlamentario para esta investidura.
Después de Sánchez, previsiblemente ya después del almuerzo, intervendrán los portavoces de los grupos por orden de mayor a menor representación parlamentaria. Primero el Partido Popular, luego Vox, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco y por último los integrantes del grupo mixto UPN, CC y el Bloque Nacionalista Galego.
En el caso de Sumar, la encargada de defender la posición del grupo será Yolanda Díaz, que no delegará la réplica en su portavoz, Marta Lois, como hizo durante el debate de investidura de Feijóo, ni tampoco repartirá minutos entre ninguno de los portavoces de los diferentes partidos que integran la coalición electoral.
De hecho, los únicos votos que Sánchez todavía no tiene asegurados al cien por cien son los de uno de esos partidos. Podemos ha sometido su decisión para esta investidura a las bases del partido, que están votando desde el sábado y pueden hacerlo hasta las 22.00 de este martes sobre si dar el ‘sí’ o no al candidato socialista. Aunque la secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha pedido a su militancia un voto afirmativo, las pocas probabilidades de que vuelvan a entrar en el Gobierno y el distanciamiento del partido con Sumar han elevado el temor entre algunos miembros de la coalición a que el porcentaje de ‘noes’ sea elevado.
En cualquier caso, la consulta está formulada para abrir la puerta a que los diputados de Podemos decidan abstenerse si el resultado es contrario a apoyar a Sánchez. En ese caso, la investidura del candidato socialista saldría adelante en una segunda votación que se celebraría el sábado, previsiblemente con 174 votos a favor y 171 en contra.
Todo el mundo cuenta no obstante con que no haya sorpresas de este tipo y Sánchez sea elegido por mayoría absoluta el mismo jueves, sin necesidad de acudir a una segunda votación. El líder socialista logrará así un objetivo que hace apenas unos meses parecía imposible, cuando la derrota de su partido en las municipales y autonómicas lo llevó a adelantar unas elecciones que según la mayoría de encuestas daban por descontado un gobierno de las derechas.
https://www.eldiario.es/politica/sanchez-acude-investidura-179-votos-congreso-blindado-extrema-derecha_1_10685887.html
Los claroscuros de los pactos de investidura
Los acuerdos suscritos entre el PSOE, ERC y Junts establecieron el compromiso de los dos partidos independentistas de facilitar con el voto de sus diputados la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El núcleo central del pacto es, sin duda, la ley de amnistía. Esta medida se asume como necesaria para la resolución del conflicto político, pero aún queda alguna incertidumbre sobre cuál va a ser su alcance final. Los acuerdos aceptados como punto de partida que la amnistía debe proyectarse sobre procesos judiciales relacionados con el derecho a decidir y con el procés; pero en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts se incluye una referencia a “situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política” (sic) que podría significar en el futuro una ampliación del alcance de la amnistía en función de las conclusiones que emiten unas comisiones de investigación.
La aprobación de la ley de amnistía abrirá inevitablemente un importante conflicto constitucional y judicial. Más allá de la previsible presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la ley por parte de diputados y senadores de la oposición, cabe esperar otras acciones legales, singularmente la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales que deben aplicar la ley. Será una batalla jurídica que complicará la aplicación de la amnistía mientras el Constitucional no se posiciona definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley. Una batalla que posiblemente se extienda a la presentación de cuestiones prejudiciales ante la justicia europea.
Como he tenido ocasión de exponer en artículos anteriores, la amnistía es el punto de partida de la reconciliación y del retorno a la normalidad política en Cataluña. Por eso, asegurar la compatibilidad de la amnistía con la Constitución es esencial y hay que hilar muy fino para asegurarla. La amnistía puede ser constitucional, pero también inconstitucional, porque ello depende de las causas que la justifican y la naturaleza de los hechos a los que alcanza. Extender la amnistía a casos de lawfare es un riesgo que debería evitarse por el carácter lábil y subjetivo que tiene este concepto y la posibilidad que encubra delitos que poco o nada tienen que ver con hechos de naturaleza política. Es una buena noticia comprobar que este peligro se ha evitado de momento en el texto de la proposición de ley que se acaba de conocer.
Otro aspecto importante del acuerdo de investidura es la forma de abordar el fondo del problema, esto es, la resolución de un conflicto que gira en torno al futuro político de Catalunya y la capacidad de los catalanes de decidir sobre el mismo. Si ERC ya había apostado por el diálogo, la negociación y el acuerdo social y político en la anterior legislatura, este no era el caso de Junts, que continuaba instalado en la vía unilateral. Algo ha cambiado en este sentido si nos guiamos por el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, porque, aun expresando discrepancias profundas entre ellos, se aprecia un giro muy significativo en Junts cuando dice que propondrá un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya. amparado en el artículo 92 de la Constitución. A pesar de las dificultades que esto puede plantear jurídicamente, lo importante a destacar es que se trata de una fórmula que busca un encaje constitucional y abandona la unilateralidad sobre la cual se articuló el procés.
Más allá de estos acuerdos básicos, los documentos suscritos por PSOE, ERC y Junts no acaban de resolver la tercera cuestión que, en mi opinión, debería haber sido determinante en la negociación de la investidura. La amnistía sirve para cerrar las cicatrices producidas por una respuesta judicial desproporcionada. La consulta sobre el futuro político de Cataluña queda encauzada en la senda constitucional. ¿Pero qué hay sobre el reforzamiento de la autonomía? Con el Estatuto de 2006 se intentó dar un gran paso adelante, que quedó frustrado por una decisión del Tribunal Constitucional discutible jurídicamente y temeraria social y políticamente hablando, como los hechos se han encargado de demostrar sobradamente.
La vía estatuaria quedó abortada, pero no por ello debe extraerse la conclusión de que no sea posible recuperar o incluso superar lo que pretendía el Estatuto. Ciertamente, los acuerdos dicen cosas importantes sobre la mejora del autogobierno, como es el caso de la financiación de la Generalitat y las inversiones del Estado en Catalunya; las infraestructuras ferroviarias; o la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y organismos internacionales. Pero en este punto los acuerdos muestran una cierta improvisación y carencias porque falta un proyecto global, ambicioso y bien estructurado de mejora del autogobierno, teniendo en cuenta las posibilidades existentes.
Si de verdad se trata de una oportunidad histórica para resolver el conflicto catalán y de recuperar los cauces constitucionales, ¿qué mejor que aprovechar todo el potencial que ofrece la Constitución para establecer un gran acuerdo para la mejora del autogobierno? Me temo que los negociadores catalanes, quizás obsesionados por su referente de máximos, la independencia, no han reparado en que la Constitución continúa ofreciendo un marco especialmente flexible y propicio para incrementar la autonomía, sin necesidad de grandes reformas; es decir, mediante acuerdos concretos en muchos ámbitos competenciales que se traduzcan después en medidas políticas y jurídicas directamente tangibles para los ciudadanos de Catalunya.
Sin embargo, la lectura de los acuerdos suscritos parece confirmar que la política catalana continúa instalada en el mundo de la poesía y no de la narrativa, si se me permite la metáfora. Es una pena, porque porque la amnistía y la búsqueda de soluciones para que los catalanes puedan expresarse sobre su futuro político, podría haber ido acompañado (debería haber sido así) de un proyecto de actualización y mejora del autogobierno que tuviera, como mínimo, la ambición y el significado político y social que tuvo en su momento la iniciativa de reforma del Estatuto.
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/claroscuros-pactos-investidura_129_10682246.html