Los indicios de blanqueo de capitales detectados en el caso Tsunami Democràtic podrían dejar a Carles Puigdemont fuera de la amnistía pactada con Pedro Sánchez. La Guardia Civil acredita en varios de sus informes del caso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, cuentas bancarias, transferencias y operaciones que implicarían a varios colaboradores cercanos del expresidente de la Generalitat con un presunto delito cuya amnistía no está contemplada en la propuesta de ley registrada por el PSOE en el Congreso tras su acuerdo de investidura con Junts y ERC.

Desde febrero de 2022, y a petición del Instituto Armado con el respaldo de la fiscalía, el juez Manuel García Castellón requirió al Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) y a la Agencia Tributaria información financiera sobre dos personas concretas que estarían muy vinculadas a las finanzas de Tsunami Democràtic y del Consell de la República en Waterloo. Se trata de Jaume Cabaní, primer contable del entramado asociativo de Puigdemont en Bruselas, y el empresario Josep Campmajó.

En una de las cuentas detectadas a nombre de Cabaní en distintos países, en este caso en Alemania, se recibieron decenas de transferencias por un importe total de 244.036 euros. La mayoría de esos ingresos procedían de una asociación catalanista que presidía de Miquel Esquirol, histórico fundador de la antigua CDC y extesorero de Òmnium. Y el resto, casi en su totalidad, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad independentista que a su vez recibía dinero público de la Generalitat. Las transferencias se produjeron mientras Cabaní era director financiero de la Casa de la República en Waterloo, según la Guardia Civil, y coincidieron temporalmente con los preparativos para la creación de Tsunami Democràtic.

Las investigaciones sobre posibles irregularidades económicas parten de una pieza separada del caso Voloh, en la que se investigan delitos de malversación y desvío de fondos relacionados con la financiación del ‘procés’. Unas pesquisas que también sitúan como pieza clave al actual jefe de la Oficina de Puigdemont, José Luis Alay. Durante los cuatro años en los que la Audiencia Nacional ha mantenido bajo secreto el sumario del ‘caso Tsunami’, al que ha tenido acceso este diario, se han incorporado nuevos informes de investigación y se han ampliado las pesquisas en lo relativo a la financiación internacional del independentismo en el extranjero desde la huida de Puigdemont a Bélgica.

Puigdemont y la amnistía

En el reciente auto en el que acuerda llamar a declarar en calidad de imputados a Alay, Cabaní y Puigdemont, además de otras nueve personas presuntamente vinculadas a Tsunami Democràtic, recurrido por la Fiscalía, el juez García Castellón no precisa si entre los hechos relativos a la financiación de delitos de terrorismo investigados aprecia o no indicios suficientes de blanqueo de capitales. No obstante, según varias fuentes jurídicas involucradas en la causa, una imputación por este delito impediría que Alay, Puigdemont o cualquier otro investigado por ese ilícito pudiera acogerse a la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

En el desarrollo de la investigación, y de los mensajes intervenidos en los dispositivos de algunos imputados, se acredita que José Luis Alay y el exconsejero Xavier Vendrell daban cuenta a Puigdemont de las actividades relativas a la financiación de Tsunami y de la Casa de la República del expresident en Bélgica. Respecto a las operaciones sospechosas de blanqueo, la Guardia Civil sitúa en el centro a Jaume Cabaní, quien llevó las finanzas del Consell de la República entre diciembre de 2017 y mayo de 2018.

La proposición de ley de amnistía perdona los delitos de malversación relacionados con la financiación del ‘procés’ entre 2012 y 2023. Pero no da cabida al blanqueo de capitales. Si los indicios acreditados por la Guardia Civil y la Policía Nacional llevasen al juez a atribuir ese delito a cualquiera de los investigados en Tsunami Democràtic, entre ellos Puigdemont, su jefe de gabinete y los empresarios que supuestamente han financiado el exilio del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se quedarían fuera de la amnistía que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, según añaden varias fuentes jurídicas del caso.

Cabaní y la Casa de la República

En un oficio de la Guardia Civil, de septiembre de 2021, realizó un exhaustivo análisis de las cuentas bancarias de Cabaní en relación con la financiación de Tsunami. En la mencionada anteriormente de Alemania, recibió 112.000 euros de la AUFCC. El exresponsable de finanzas de Waterloo recibió de la misma asociación catalanista, presidida por Miquel Esquirol, otras transferencias que llamaron la atención de los investigadores. Una de 4.000 euros con el concepto «traspaso página web». Y otra de 10.000 euros supuestamente destinados a pagar a la empresa Nation Builder.

Esta última es una compañía con sede en California que desarrolla software para campañas políticas, a la que Cabaní realizó pagos con tarjeta de crédito por importe de 23.596 euros. «Es una plataforma de comunidades virtuales que Puigdemont usó para gestionar su registro ciudadano del Consell de la República», indica la Guardia Civil en el mencionado informe.

En cuanto a los pagos efectuados por Cabaní a la asociación de Esquirol, desde la cuenta del banco alemán N26, los investigadores detectaron «operaciones carentes de toda lógica económica». El Consejo de la República hizo transferencias para el pago de «nóminas, facturas y pagos de tarjetas mastercard» a la misma asociación independentista que le hizo 30 ingresos por importe de 113.000 euros en el mismo periodo de tiempo y a la misma cuenta.

Una entidad pantalla

«Cabe preguntarse por qué el Consell de la República se hace cargo del pago de nóminas transfiriendo este importe de 11.046 euros a la AUFCC, presidida por Miquel Esquirol», indica la Guardia Civil. Los investigadores añaden que esa entidad independentista no consta en el registro oficial de asociaciones de la Generalitat de Cataluña, nunca ha recibido subvenciones, carece de página web y tiene su domicilio en el mismo lugar donde residía su presidente.

Esquirol tenía por aquel entonces 91 años. Hoy no se encuentra en la lista de personas que el juez García Castellón acordó citar a declarar como investigados la semana pasada por el ‘caso Tsunami‘. Los informes de la Guardia Civil aseguraban inicialmente que «todos los indicios apuntan» a que el exfundador de CDC y extesorero de Òmnium Cultural «utilizó la Asociación Unidos para la Cohesión y la Catalanidad para sufragar gastos del Consell de la República, a la vez que habría sido una pieza fundamental para la consecución de los objetivos de la plataforma Tsunami Democràtic».

Se había conseguido acreditar que «en su nombre» se subió a Google Play la ‘app’ que Tsunami Democràtic utilizó para convocar las movilizaciones que se tornaron violentas, en el otoño de 2019, en protesta por la sentencia del Supremo a los líderes del ‘procés’. Sin embargo, en otro informe policial de junio de 2022, se señala finalmente a Esquirol como un nonagenario utilizado como supuesto testaferro «para canalizar fondos de origen desconocido a la cuenta bancaria de Jaume Cabaní» en Alemania.

Financiación en Suiza

«Todo ello, con el objetivo de servir a la financiación directa de Tsunami Democràtic en su distribución de cometidos y necesidades económicas, sobre las distintas disposiciones y actividades de una organización fundada con fines subversivos, canalizando sus actuaciones a través de la movilización social, como ocurrió en la ocupación del aeropuerto del Prat, en Barcelona», señalaba la Guardia Civil a mediados de 2022.

En los informes y autos del caso, se señalan otros indicios más que apuntan a Cabaní como pieza clave en la financiación de Tsunami y del Consell de Puigdemont por parte de empresarios y entidades independentistas. Se apunta a un total de 14 cuentas bancarias en distintos países a su nombre. De ellas salieron pagos para la financiación de una criptomoneda independentista, un crowfunding para Tsunami y presuntos gastos para el mantenimiento diario de Puigdemont y otros líderes del ‘procés’ fugados.

En una de las cuentas de Cabaní, abierta en la entidad suiza CIM Banque Privée SA, un empresario extranjero a quien el juez quiere citar como testigo por su implicación en la financiación de Tsunami Democràtic, depositó 6.000 francos suizos el mismo día en que 8.000 independentistas convocados por esa plataforma bloquearon por la fuerza el aeropuerto de El Prat en Barcelona. Esto último se descubrió en las conversaciones analizadas tras el volcado del jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay.

Alay, en el punto de mira

En un Whatsapp, la mano derecha del expresidente de la Generalitat, a quien los investigadores sitúan como el nexo entre Puigdemont y entramado financiero promovido por Jaume Cabaní, Alay indicaba al empresario suizo dónde podía depositar el dinero con el que quería pagar a los manifestantes organizados por Tsunami. Los informes policiales también apuntan al exjefe de finanzas de la Casa de la República entre los promotores de una plataforma digital de pagos desarrollada gracias a la aplicación estadounidense Stripe, con la que Tsunami Democràtic llegó a recibir 135.818 euros en donativos para emprender nuevas acciones de protesta contra el Estado por la sentencia del procés.

Los informes sitúan a Cabaní como uno de los principales artífices de operaciones posiblemente vinculadas con delitos de carácter económico, junto a los empresarios Josep Campmajó y Xavier Vinyals, además de José Luis Alay. Se les relaciona con el uso de criptomonedas y con la financiación de la Casa de la República y la estructura organizativa de Tsunami Democràtic.

La Guardia Civil registró el domicilio de Campmajó a finales de octubre de 2020 con el fin de encontrar evidencias sobre una posible malversación de caudales públicos y su relación con las actividades subversivas que vivió Cataluña tras la declaración unilateral de independencia. Tras analizar su ordenador, los agentes encontraron archivos relacionados con el corte de autopistas para protestar contra la sentencia del 1-O.

Las actuaciones realizadas inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el marco de la operación Voloh, en referencia a la financiación de Tsunami mediante posibles operaciones de malversación y blanqueo, se derivó en 2021 a la Audiencia Nacional, que ya investigaba posibles delitos de terrorismo, a petición del juez García Castellón.

Criptomonedas

En el teléfono de Campmajó se encontraron mensajes que hacían referencia al uso de criptomonedas, una de las pistas que siguen los investigadores para dilucidar el alcance del desvío de fondos públicos. Por su parte, Cabaní había creado una sociedad en Tallín (Estonia) llamada Catalitza Oü, que recibió un pago en criptomonedas por «servicio consultoría». Además, tres facturas evidencian que la sociedad luxemburguesa Stratorn, representada por Andreu Giró, habría pagado 60.000 euros a la Fundación Universitaria de Girona para realizar cursos de criptodivisa.

«Se desconoce el origen de los fondos para el pago de esos cursos, pero dispone de la cuenta en Luxemburgo Xavier Vinyals (cesado en 2016 como cónsul de Letonia en Barcelona por su cercanía a Puigdemont), quien ha obtenido cuantiosas subvenciones públicas» a través de plataformas ligadas al procés, señala el informe. En el desarrollo de esos cursos se acredita la participación del exconsejero Xavier Vendrell, quien daba cuenta a Puigdemont, Campmajó y Giró.

https://theobjective.com/espana/tribunales/2023-11-16/investigan-delito-blanqueo-tsunami-puigdemont-amnistia/