Sumar registrará este viernes una querella por prevaricación contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y contra los vocales que impulsaron hace unas semanas una declaración contra la ley de amnistía, a principios de noviembre, cuando no se conoció la proposición del Partido Socialista. El órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace cinco años, aprobó una declaración institucional que sostenía que la ley, entonces todavía un texto hipotético, suponía la “abolición del Estado de derecho”.

El grupo parlamentario entiende que el presidente, Vicente Guilarte, cometió un delito de prevaricación «por haber dictado una resolución injusta a sabiendas» y cooperador necesario del delito de prevaricación «en que incurren los vocales proponentes y firmantes del acuerdo» al haber convocado un pleno extraordinario para que se debatiese esa declaración, según figura en la querella a la que ha tenido acceso elDiario.es. Los vocales que respaldaron la iniciativa fueron Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y el citado Wenceslao Olea.

Guilarte convocó ese pleno el 6 de noviembre con la declaración institucional como único punto del orden del día. La votación salió adelante por nueve votos a cinco: con los votos a favor de los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador que forzaron la convocatoria del pleno y del conservador Wenceslao Olea, que no había firmado la petición. El presidente interino, Vicente Guilarte, votó en blanco y los cinco progresistas que asistieron rechazaron el texto. El vocal Álvaro Cuesta, elegido en su día a propuesta del PSOE, cumplió su órdago y se ausentó de una convocatoria que consideró “improcedente e ilegal” y donde, a su juicio, se debatió lo que considera un “panfleto político”.

Los vocales elegidos a propuesta del PP consiguieron que la institución más importante del tercer poder del Estado hiciera un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que en ese momento negociaban el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tuvo ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático. 

El texto aprobado acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirmaba que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”. Todo ello a pesar de que en ese momento aún no se conoció el contenido del texto que días después registraría el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Sumar entiende ahora que los vocales cometieron un delito de prevaricación con el movimiento para forzar el pleno y con la resolución aprobada. «El delito de prevaricación es un delito de resultado, no de mera actividad, pero en el que la actividad coincide con el resultado, que es el dictado de la resolución», dice la querella presentada este viernes ante el Tribunal Supremo. «La adopción y difusión del acuerdo de 6 de noviembre ha producido un grave perjuicio para el interés general y con ello, un resultado materialmente injusto», prosigue el texto.

La querella acusa a los vocales promotores ya los firmantes del acuerdo de actuar «con sorprendente falta de rigor jurídico» al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían y creen que se posicionaron «claramente a favor de la postura defendida por un partido político» .

«Han condicionado e influido en la opinión jurídica (dada su posición dentro del Poder Judicial) y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al Presidente del Gobierno en funciones”, prosigue la denuncia. «La arbitrariedad de la resolución adoptada es, por tanto, palmaria», zanja.

https://www.eldiario.es/politica/sumar-denuncia-prevaricacion-conservadores-cgpj-aprobaron-declaracion-amnistia_1_10713094.html

Los fiscales, tras la renovación de García Ortiz

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian «el desprecio mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Tribunal Supremo tras anunciar la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, sólo un día después de conocerse la sentencia del Alto Tribunal que anulaba el ascenso y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala Militar».

La sentencia del Supremo considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal General del Estado fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que es una carencia de la legislación en vigor. De esta forma, se aparto de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. Además, el Supremo apreciaba «desviación de poder», la antesala del delito de prevaricación, ya que este concepto consiste en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico». Dicho nombramiento fue recurrido por otro de los candidatos a la Fiscalía Militar, el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, que fue purgado por García Ortiz tras presentar el recurso.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que «la actitud del Gobierno es una declaración de intenciones al renovar a García Ortiz en su puestot ras la sentencia del Supremo. Es un desprecio absoluto hacia el Alto Tribunal que evidencia lo que le importa al Ejecutivo sus sentencias«.

 

Respecto a la renovación en sí de García Ortiz, no ha sorprendido en exceso en el Ministerio Fiscal: «El Gobierno no busca un fiscal general independiente que defienda con sus principios y con firmeza la legalidad. El PSOE quiere un fiscal general que actué como su lacayo para hacer el trabajo sucio y moldear las investigaciones conforme a sus intereses«.

«Durante su mandato, García Ortiz ha efectuado el mismo trabajo sectario que Dolores Delgado, pero no molesta, es más educado, tiene mejores formas y ha protagonizado la mitad de escándalos que su predecesora. Con eso, es suficiente para que el Gobierno de Sánchez le renueve en el cargo, a pesar de que tiene a la mitad del Ministerio Público en pie de guerra por no oponerse a la Ley de amnistía y condenar la intención del Ejecutivo de perseguir a jueces y fiscales por supuesto lawfare», añaden.

De hecho, los vocales de la Asociación de Fiscales AF han solicitado este jueves una que el próximo Consejo Fiscal incluya en su orden una declaración de amparo para todos los fiscales que participaran en investigaciones relacionadas con el 1-O.

García Ortiz fue designado fiscal general del Estado por primera vez el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Su renovación será oficial en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 28 de noviembre.

La carta de 18 ficales del Supremo

La renovación de Álvaro García Ortiz coincide con la carta enviada al fiscal general del Estado por 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que le critican por «ignorar deliberadamente» la petición de «amparo institucional» de los fiscales del 1-O frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.

En la misiva, los firmantes expresaban su «decepción por la falta de voluntad» del fiscal general de «salir al paso de las injuriosas insinuaciones» sobre la actuación de los fiscales del 1-O que «se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts» relativas al denominado lawfare (también conocido como ‘guerra judicial) contra el independentismo catalán.

https://www.libertaddigital.com/espana/2023-11-23/fiscales-renovacion-garcia-ortiz-mas-grave-desprecio-gobierno-tribunal-supremo-7072855/