El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido que si “no hay avances suficientes” en sus acuerdos con el PSOE su formación podría sumar sus votos a los del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para votar en contra de leyes como las de los presupuestos del Estado.
“Podríamos votar con el PP para derribar el presupuesto o por una resolución sobre Israel, donde nuestra posición en realidad está más alineada” con la del partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo, dijo Puigdemont a ‘Politico’ durante la ceremonia celebrada anoche por este medio para desvelar su lista de las ’28 personalidades más influyentes’ de Europa en 2024, en la que el catalán figura en segundo lugar entre los nueve ‘disruptores’.
Según ha informado este miércoles este medio, Puigdemont le dijo anoche al presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y líder de ese grupo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, que incluso podría llegar a un acuerdo con el PP para derrocar al gobierno del socialista Pedro Sánchez a mitad de su mandato con una moción de censura.
Ahora bien, una eventual moción de censura sería una opción si Junts y el PP se pudiesen poner de acuerdo sobre un presidente del Gobierno independiente para sustituir a Sánchez.
“Pero para eso, el PP debe dar un paso hacia nosotros. No pueden seguir tratándome como a un terrorista”, dijo a ‘Politico’ Puigdemont, quien recalcó que su único delito fue colocar urnas en el referéndum ilegal del 1-O.
En la misma línea, el eurodiputado de Junts y exconseller Toni Comín también advirtió recientemente de que “el PSOE debe estar preparado para tener muchos disgustos” en votaciones en el Congreso de los Diputados, si no llega a acuerdos con su formación.
En una entrevista con el diario Ara, Comín aseguró que, pese a haber votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, con el PSOE “no hay ninguna obligación de aprobarle nada, ni presupuestos, ni decretos, ni leyes, si en estos meses no se avanza” y prevé que la legislatura será “difícil, con unas negociaciones duras”.
En su conversación anoche con Weber, Puigdemont desestimó las críticas del líder del PPE a su acuerdo con el PSOE y argumentó que “un referéndum consultivo” sobre la independencia catalana era posible si se acordaba políticamente, según la conversación escuchada por ‘Politico’ y en la que también participó Comín, quien insistió en que esa consulta era legal según la Constitución española.
En cuanto a la controversia sobre el término ‘lawfare’ que figura en el pacto político entre Junts y el PSOE, y que ha sido muy criticado por las asociaciones de jueces españoles, Puigdemont dijo que era una advertencia para aquellos jueces y políticos que, según él, se habían extralimitado en sus funciones.
“El término ‘lawfare’ es como la cabeza de caballo en ‘El Padrino’: es una advertencia de que hablamos en serio”, sentenció en sus declaraciones a ‘Politico’.
“En un guiño a los tiempos de polarización actuales, la lista (de los más influyentes en 2024) incluye no uno, sino dos secesionistas”, explica ‘Politico’ sobre su selección para el próximo año.
Así, explica, está Puigdemont, “el catalán que logró asegurar una amnistía por una votación ilegal de independencia en 2017 -y tal vez incluso otra oportunidad de secesión- a cambio de apuntalar al primer ministro español, Pedro Sánchez”, y el belga Tom Van Grieken, líder del partido de ultraderecha Vlaams Belang “que quiere convertir a Flandes en un Estado separatista” y que aparece el sexto en la lista de disruptores de Europa.
Detrás de Puigdemont, en el número tres de la lista de disruptores está el primer ministro húngaro, Víktor Orbán; seguido de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock; y del presidente del Grupo Popular Europeo en la Eurocámara, el también alemán Manfred Weber, al que adjudican el apodo de ‘El asesino del Pacto Verde’, en alusión a la campaña que lanzó contra la ley de restauración de la naturaleza.
La número uno de los disruptores es la ‘banquera’ del presidente ruso, Vladímir Putin, Elvira Nabiullina.
Acabar con Muface o crear una farmacéutica pública
Padilla es uno de los principales defensores de una de las ideas más extravagantes de la izquierda en sanidad: crear una farmacéutica pública.
Javier Padilla, el que fuera la mano derecha de Mónica García en la Asamblea de Madrid, será el nuevo secretario de Estado de Sanidad. Este médico de Familia, que cuenta con diferentes másteres en salud pública (EASP), economía de la salud (UPF) y filosofía para los retos contemporáneos (UOC), es una de las personas de máxima confianza de García. Sin embargo, Padilla es también uno de los principales defensores dentro de la política profesional española de una de las ideas más extravagantes de la izquierda en lo que a sanidad se refiere: la creación de una empresa farmacéutica pública.
Así lo afirmaba en un artículo publicado el pasado mes de junio en la revista de la Asociación Acceso Justo al Medicamento bajo el título de Una industria farmacéutica pública: ¿para qué y cómo?. En el documento expresaba que la intervención pública en el sector farmacéutico debía pivotar en torno a tres ejes: «aspirar a estar presente en toda la cadena de valor del medicamento», «tener la capacidad de introducir criterios de interés público como su principal guía de influencia sobre el objeto de lo investigado y sobre los mecanismos de fijación de precio y procedimientos de reembolso» y «alinear las necesidades de la población con los objetivos de las instituciones y las necesidades de las empresas del sector farmacéutico y biotecnológico».
De este modo, expresaba Padilla, «las instituciones públicas han de emular el rol de Estado Emprendedor«. En este sentido, la propuesta del número dos de Mónica García, que se estructura sobre ocho puntos principales, pasa ineludiblemente por la creación de una empresa estatal.
Propuestas fundamentales
Así, el primero de los puntos clave estaría relacionado con la industria de I+D biomédica pública, para la cual «se trata de desarrollar una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y -en una segunda fase, y dentro de los límites marcados por la legislación europea- comercialice medicamentos y que ayude a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible». De esta forma, expresa, la función principal de esta empresa sería «coordinar los esfuerzos de investigación preclínica y clínica de las diferentes instituciones públicas, así como desarrollar la capacidad industrial para garantizar la producción de los medicamentos desarrollados bajo titularidad pública».
El segundo punto sobre el que erige su propuesta es el que se refiere a una Oficina de coordinación de ensayos clínicos y transferencia de conocimiento, que tendría un importante papel en la propiedad intelectual e industrial y en «la transferencia del conocimiento». Del mismo modo, Padilla incluía la «producción de medicamentos y otras terapias desarrolladas bajo financiación e investigación de titularidad pública».
Asimismo, en el artículo se incluye la propuesta de poner en marcha la «gestión de un fondo público de capital semilla» para ayudar a que las empresas pudieran invertir grandes sumas de dinero («en el caso de nuestra propuesta se plantea con la intención de financiar proyectos entre 100.000 euros y 1 millón de euros») y la «creación de un hub de investigación, desarrollo e innovación en enfermedades raras», la «atracción de empresas vinculadas a material sanitario y reconversión industrial» (para garantizar la «soberanía» en la elaboración de productos biomédicos básicos) y la «transición ecológica de la industria farmacéutica y biotecnológica«.
Una política con grandes costes
¿Cuál sería el coste para las arcas públicas de esta ocurrencia? Según Padilla, 369 millones de euros de dinero público en cuatro años, creando «1.601 empleos directos y 2.482 empleos indirectos» en este mismo período, unos números difíciles de creer.
De este modo, esta intención de estatalizar el sector farmacéutico está en línea con otras propuestas que desde la izquierda española se pretenden implementar en el ámbito sanitario, las cuales sólo aumentarían el gasto y devaluarían la calidad de los servicios.
Ya se propuso antes
Así las cosas, esta propuesta ya la incluyó Sumar en su programa electoral de las pasadas elecciones generales. En concreto, en el apartado dedicado al «Derecho a la salud», la formación política prometía lograr «una farmacia al servicio del bien común», para lo cual proponía crear una empresa farmacéutica pública «que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público».
De esta forma, el partido de Yolanda Díaz afirmaba que «se garantizará la independencia del sistema sanitario de la industria farmacéutica, tanto en los aspectos relacionados con la formación como con la investigación, potenciando el papel de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios». Además, entre las propuestas de Sumar que posiblemente defenderá Padilla está incluir «dentro de la cobertura sanitaria universal» a las personas que «reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada». Y aquí se menciona a Muface (la mutua de los empleados públicos), Mugeju (dirigida a funcionarios de Justicia) e ISFAS (la mutua de las Fuerzas Armadas). Seguro que a los funcionarios no les hace ninguna gracia.
Eso sí, la idea de nacionalizar el sector farmacéutico no sólo viene de Sumar. Como publicamos en Libre Mercado, Íñigo Errejón apuntaba en esta dirección incluso antes del estallido de la pandemia de coronavirus, justificando la necesidad de crear una empresa farmacéutica estatal frente a los «chantajes» de las compañías privadas del sector. Esto mismo expresó por aquel entonces Pablo Iglesias en una entrevista en El Diario, donde señaló que no le «temblaría el pulso» si tuviera que «nacionalizar» las empresas del sector farmacéutico.
https://www.libremercado.com/2023-11-30/acabar-con-muface-o-crear-una-farmaceutica-publica-las-amenazas-de-javier-padilla-el-numero-dos-de-monica-garcia-7074238/